jueves, 26 de noviembre de 2009

La dictadura uruguaya

LA SITUACION INTERNACIONAL HACIA LOS AÑOS 70

La interrupción que sufrió la democracia uruguaya desde los sucesos de l973 debe ser interpretada considerando un contexto internacional caracterizado por la radicalización de la política y de sus métodos en el ambiente polarizado de la Guerra Fría y dio como resultado que muchos pensaran que todo se trataba de una inmensa conspiración contra las libertades que debían ser salvadas a cualquier costo aún el de perderlas, por la otra parte se consideró que era posible lograr una utopía de liberación y socialismo sin que importaran los medios ni el consenso.

El retiro de Francia de la OTAN en 1966, había debilitado peligrosamente el bloque occidental y democrático a la vez que el “mayo francés” y la renuncia de De Gaulle en 1968 hacían crecer las sospechas respecto de la vasta conspiración. Alemania quedaba como única vanguardia frente a los países del pacto de Varsovia. Italia se debatía entre frágiles gobiernos; en España se desconfiaba de la evolución del agónico gobierno de Francisco Franco y en Inglaterra, el IRA hacía tambalear todo el sistema con sus atentados y asonadas en Irlanda y en la propia capital, Londres. En el flanco sur del Mediterráneo, las disputas entre Grecia y Turquía por la isla de Chipre amenazaban con liquidar la organización aliada y beneficiar las aspiraciones de la Unión Soviética.

En Asia el régimen chino obtuvo en l971 y l972 dos importantes victorias: su ingreso al Consejo de Seguridad de la ONU con todos los poderes y el desplazamiento de Taiwan; y la visita de Nixon que reforzó los lazos diplomáticos con los EEUU. No dejaron de hacerse sentir los efectos de las nuevas políticas en el interior del gobierno chino donde la “revolución cultural” por poco no termina con todos los líderes contemporizadores para instalar un régimen revolucionario radical más puro.

Asia se veía convulsionada por guerras de independencia, revoluciones ó dictaduras. Como ejemplo pueden mencionarse: la guerra de la independencia del Bangla Desh en l971; las guerras de Vietnam y de Camboya con la participación directa de los EEUU; las dictaduras de Ferdinando Marcos y de Suharto en Filipinas e Indonesia; mientras que en Afganistán y en Birmania se iniciaban revoluciones que proclamarían sendas repúblicas socialistas. En todos los casos la brutalidad de los procedimientos aumentaron el sufrimiento de la población civil y produjeron más víctimas que los conflictos.

En Africa la situación no era más alentadora, líderes como Gadaffi, Idi Amin, Bokassa, y Mobutu, lograban como militares oportunistas el sueño de la “revolución propia” perpetuándose por décadas en el poder que ejercerían sin ninguna responsabilidad, mezclando el progreso con la tribalización y ensayando experimentos sociales que empeorarían la suerte de sus pueblos. Cuando no habían terminado las guerras de independencia coloniales ya se habían iniciado las guerras civiles. Aún países como Egipto no escapaban a los cambios de orientación y a la perpetuación de líderes como Nasser y Sadat.


La polarización y radicalización de la política llevaron como consecuencia a que las partes en conflicto trataran por todos los medios de identificar un enemigo que diera razón de ser a la propia lucha. Este enemigo podía revestir cualquier forma y combatirlo por todos los medios hacía necesario perpetuarse en el poder ó conseguirlo mediante una revolución. El consenso social fue sustituido por una sistemática filosofía de la violencia que hizo de la guerra civil, la guerrilla, y el terrorismo sus métodos preferidos. El fenómeno violentista reconoce varias fuentes, tan heterogéneas como diversas sus luchas: por una parte, el terrorismo de palestinos, árabes y otros grupos islámicos; por otra, el de cuño marxista leninista; además, de las filosofías violentistas, principalmente de origen francés y alemán y por último las iniciativas individuales.

BAADER MEINHOFF, IRA, BRIGADAS ROJAS, ETA, OLP, y otros grupos hicieron del terrorismo su arma fundamental: sabotajes, atentados, asesinatos, asaltos, secuestros... que estuvieron a la orden del día. Todos estos métodos habían sido probados hasta el límite de su eficacia por los grupos nacionales de resistencia en la guerra “popular y patrriótica” contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

Las “resistencias” contra los nazis habían actuado amparadas en las simpatías de la población local, la colaboración de todos los sectores sociales de las naciones ocupadas y en la clandestinidad mantenían un sistema de información y refugios secretos para armas, voluntarios y asesores “aliados”.

Después de dos guerras mundiales el obvio desencanto por la vida y la organización social amparó a la luz de la crisis social y económica que vivía la Europa de postguerra, la proliferación de grupos que intentaron con métodos violentos cambiar sus sociedades. El decadentismo, el movimiento hippie, los resultados del concilio Vaticano, la democratización y las libertades “libertinas”, la droga y el sexo, el rock and roll, eran en contrapartida argumentos para quienes estaban convencidos que por la fuerza se podían recuperar valores tradicionales y mantener el orden de sus sociedades.

El materialismo se entremezcló con el hedonismo y el idealismo, el método marxista los proveyó de un eficaz oráculo de cómo sería la sociedad futura y facilitó una explicación simple de que todo era culpa del capitalismo. Esta culpa se extendía a países concretos como Israel, EEUU, Europa Occidental y Sudáfrica.

La violencia no fue recurso despreciado por los gobiernos, la represión a la revolución comunista en Indonesia, en l965 y 1966 costó un millón de muertos; la guerrilla colombiana se prolongaba desde l948, sin contar que los EEUU, realizaban bombardeos sistemáticos con napalm sobre Vietnam y la Unión Soviética no tuvo escrúpulos a la hora de reprimir los alzamientos, Praga en 1968 y Hungría en 1956. Tampoco China tuvo moderación en la represión contra el Tíbet y otros disidentes.




“El desorden económico precede al desorden militar de la guerra”, este axioma está expresado por Johnson, quien considera que es el origen de todos los problemas. La crisis económica presiona sobre los grupos sociales que tratan de conservar su nivel de vida, por que el discenso social permite que las fracturas sociales alienten soluciones impuestas por la fuerza desde el gobierno ó desde la oposición. El modelo social exige entonces ejercer el poder o tomarlo por los medios que sea.

La dolarización de la economía mundial había producido la desvalorización de las monedas nacionales en el mercado internacional y exigía proveerse cada vez con más frecuencia y a mayor precio de dólares. La economía norteamericana tenía serias dificultades de crecimiento en tiempos de Nixon (1968-1972), bajo cuyo gobierno la inflación se transformó en uno de los problemas acuciantes. Las dificultades en el Cercano Oriente entre árabes e israelíes alcanzarían su pico máximo con consecuencias para todo el mundo durante las crisis de 1967 y 1973 que afectarían los precios del petróleo.

Los años sesenta habían incubado una crisis cuyas consecuencias están vigentes porque demostraron la crisis de los antiguos valores a la vez que una nueva concepción de la libertad. Los gobiernos debían resolver problemas más concretos que las utopías propuestas por los intelectuales y que los revolucionarios aspiraban imponer. La nueva concepción de la democracia debería pasar por momentos dolorosos sobre todo para lograr el consenso social y consolidarse como sistema mundial. Por lo pronto las dudas estaban en cuanto a que sistemas predominarían y conque métodos se impondrían.

AMERICA Y LOS ESTADOS UNIDOS

La post guerra había dejado el mundo en manos de las dos superpotencias industriales que ofrecían la eficacia de sus propias panaceas. Desde la segunda guerra mundial, los EEUU se habían preocupado por fijar para América Latina una estrategia que asegurara el hemisferio y fuera un contrapeso eficaz para mantener el equilibrio mundial. La URSS por su parte ofrecía a las nuevas naciones del Tercer Mundo que luchaban por su independencia, la posibilidad de crear sociedades más justas fundadas en el socialismo mientras que los EEUU eran mostrados como apoyo de las potencias coloniales capitalistas y dominantes, de tal forma quedaban claras las posiciones de ambos oponentes y sus discursos.

“La paz no existe hasta tanto no haya sido destruído el sistema capitalista burgués ó en otras palabras hasta que no se haya implantado un sistema de repúblicas soviéticas socialistas a escala mundial” .



Tanto los EEUU como la URSS deseaban establecer la paz mundial y organizar un sistema mundial fundado en la libertad y la justicia social; ninguna de las partes retrocedió en cuanto a los métodos para aglutinar a su alrededor el mayor número posible de naciones y en alentar las posiciones que directamente les favorecieran.

Para el caso de América Latina, la seguridad del hemisferio suponía relaciones fluídas con los EEUU en el ámbito político y económico y la ausencia de cualquier sospecha de inclinación hacia el rival soviético. Los EEUU no confiarían en ninguna política independiente sospechosa de alternar en cualquiera de los dos campos; como por ejemplo el “movimiento de los no alineados” ó un nacionalismo al estilo “peronista”.

La fragmentación de América Latina era una ventaja porque no había ninguna base para una potencia rival ó para que se desarrollara un poder local influyente. Esta misma balcanización no la hace confiable y EEUU desde la segunda guerra mundial privilegió la alianza militar, política y económica con el Brasil. A su vez Brasil buscó compensar su influencia extendiendo su alianza a Chile porque la Argentina y el Perú aparecían como los países latinoamericanos más propensos a seguir políticas oscilantes.

Los EEUU no tenían dudas; durante la segunda guerra mundial Brasil había sido un valioso aliado mientras que la Argentina se presentaba como neutral y demasiado independiente. Su falta de estabilidad la hacían más sospechosa. “Los EEUU no pudieron llevar solos la carga anticomunista a escala mundial y necesitaron el auxilio de países que por su posición geográfica, ideológica e intereses políticos comunes podían sumarse a la lucha contra la URSS”.

América Latina representaba para EEUU un espacio de veinte millones de kilómetros cuadrados con trescientos ochenta millones de habitantes, aquejados de problemas económicos endémicos y por consecuencia de políticas inestables. Pobreza, analfabetismo, falta de medios de comunicación, de transportes, de medios financieros, concentración de la riqueza, corrupción política y administrativa, marginación de minorías conformaban una imagen comprometida para lograr una alianza equilibrada con los EEUU.

La falta en muchos países de medios eficaces de participación popular, los hacía propensos a dictaduras en las que caudillos militares trataban de perpetuarse en el poder mediante el sueño tan conocido y practicado de la “revolución propia”. En este esquema los países del cono sur Argentina, Chile, Uruguay y Brasil eran excepciones. En el conjunto tal como lo valoraba la estrategia de los EEUU América Latina representaba y representa un volumen de recursos inagotables. Se han detectado entre el 14 % y el 85 % de las reservas mundiales de Niobio, Tantalio, Tungsteno, Níquel, Vanadio, Molibdeno, Manganeso, Hierro, Titanio, minerales considerados estratégicos por la industria espacial y armamentista. Entre otros minerales no ferrosos, se encuentran entre el 10% y el 23% de las reservas mundiales: Bauxita, Zinc, Cobre, Estaño y Plomo. La lista se amplía si agregamos el estroncio, berilio, indio, selenio, antimonio, bismuto, de los que que se han detectado entre el 23 y el 41% de los recursos mundiales.

Por su orden la estrategia de los EEUU jerarquizó los países de América Latina en varios grupos según su potencial económico y demográfico. El primer grupo quedó conformado con Brasil, México y Argentina al que seguía el segundo grupo del que formaban parte, Colombia, Chile y Perú, restando en el tercer grupo todos los demás.

Cualquier acción inmediata sobre América Latina se enfrenta a los graves problemas geográficos que aíslan a los países entre si. El 45 % del territorio está incomunicado, por las distancias y las dificultades geográficas y por la falta de caminos. Arturo Frondizi consideró que el subdesarrollo latinoamericano tenía su origen en la geografía de sus extensos territorios, en su estratificación social, su industrialización limitada y la incapacidad crónica de financiamiento produciendo crisis sociales cíclicas ineludibles.

Para consolidar su estrategia sobre América Latina, los EEUU se valieron de cuatro recursos fundamentales: Brasil, la Alianza para el Progreso, la integración y el apoyo a las democracias o a las dictaduras de ser necesario. En el caso de Alianza para el Progreso se liberaron para la región 20.000 millones de dólares. Solo en último caso y como recurso de circunstancias desesperantes el gobierno norteamericano autorizó la intervención directa, como en el caso de Santo Domingo en l965.

El Brasil resultaba hacia los sesenta el principal aliado a considerar entre los países del hemisferio: era rival de la Argentina, contenía y contiene incalculables reservas minerales, la mayor población, la más alta tasa de natalidad y los mayores recursos energéticos. Desde l964 el gobierno militar aseguró la “doctrina de la interdependencia” corolario que complementaba en versión brasileña la “doctrina de la seguridad nacional” que salvaría al hemisferio de cualquier injerencia soviética ó pro soviética especialmente después de los errores cometidos en Cuba entre 1958 y 1961.

Coincidente con la postura de Marini, Gabriel Ramírez destaca que para los EEUU, América Latina se divide en tres zonas estratégicas: la zona de México, Centroamérica y el Caribe, donde se ejerce directamente la policía de la zona a través de las bases en Panamá, Guantánamo y Puerto Rico. La segunda zona está vertebrada por la cordillera de los Andes y recostada sobre la costa del Pacífico de Sudamérica: Ecuador, Perú y Chile. La tercera zona está constituída por los países de la cuenca del Plata y del Atlántico: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Para Gabriel Ramírez el problema de la injerencia de los EEUU en América Latina es un problema esencialmente económico; especialmente porque hacia los años 60 las inversiones en la región habían crecido con ritmo acelerado hasta 9.000 millones de dólares, durante el período l965-1968. Estas inversiones prefirieron los rubros rentables como el cobre de Chile, el petróleo y el hierro de Venezuela, el estaño de Bolivia y los frutos tropicales de América Central. Quedaban los países sujetos al precio que fijara como comprador principal.


Cerrando la hipótesis, la integración económica, política, y militar son tres partes del mismo y único problema: “las exigencias cada vez más voraces del imperio solo pueden cumplirse a satisfacción mediante el control y sometimiento de los ejércitos regulares de los países explotados... así el integracionismo militar conduce fatalmente al integracionismo económico y garantiza su normal desenvolvimiento”.

El propósito tenía lejanos orígenes ya que la Junta Interamericana de Defensa de la que participaron 21 repúblicas fue convocada en l942. Para el caso se esgrimieron excusas concretas como el riesgo de un ataque extra continental y exigía un programa de cooperación militar para la seguridad mutua.

Durante la postguerra, l951, el contenido no varió sustancialmente pero fue más preciso: riesgo de agresión comunista en el plano externo ó interno, necesidad de una seguridad hemisférica eficiente; en esta seguridad se daría prioridad a las comunicaciones y áreas estratégicas; en consecuencia, era necesario la estandarización de los equipos militares, el adiestramiento conjunto, los cursos comunes y el intercambio de misiones militares. Truman primero y Eisenhower después dieron impulso a la doctrina.

Kennedy en su iniciativa de la Alianza para el Progreso liberó créditos por 20.000 millones de dólares, que según Vivián Trías no era parte de “un plan para liberar América Latina, sino para sistematizar y modernizar la dependencia. Una especie de revolución demoburguesa en cooperación con el imperialismo y con el consenso de las oligarquías dominantes. Un rumbo enervante para quitarles peligrosidad al posible contagio del ejemplo cubano”.

El sucesor de Kennedy, Johnson, dio su propia orientación a la política exterior norteamericana entre l964 y l968 inclinándose hacia la militancia anticomunista. La intervención en Santo Domingo en l965 donde se sucedió el caos a la caída del dictador Trujillo: golpe militar, caudillismo progresista de Juan Bosch, revolución popular e intervención directa de una fuerza interamericana que permitió el regreso de Joaquín Balaguer; es un ejemplo de la manipulación política de las débiles elites, economías y sociedades latinoamericanas.

Para el gobierno norteamericano la situación era simple y exigía soluciones radicales: “las naciones americanas no pueden ni deben permitir el establecimiento de otro gobierno comunista en el Hemisferio Occidental. Este fue el criterio unánime de todas las naciones americana; en enero de l962 declararon que los principios del comunismo son incompatibles con los principios del sistema interamericano”

Como vicepresidente de Kennedy, Johnson, había participado de la inquietud que produjo la revolución cubana, el escándalo que siguió a Bahía de Cochinos y la peligrosísima situación que se dio durante la crisis de los misiles y el bloqueo de Cuba.

Como presidente permitió la escalada de la guerra en Vietnam realizando el mayor esfuerzo militar después de la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones desarrollaron una sistemática práctica contra insurgencia que sustituyó a las tradicionales operaciones de campo que habían fracasado en Corea. La atención de Johnson se extendió a otras zonas críticas con riesgo de caer en la influencia “comunista”: l965, crisis en Indonesia, Congo, Ghana, Nigeria, golpe militar en Grecia y la guerra entre Israel y los árabes en l967.

Para la concepción de la seguridad hemisférica, el caso de Cuba es inevitable por que desde la isla se facilita el control de las rutas de acceso y a abastecimiento hacia los EEUU; aislarla era una medida imprescindible para proteger el territorio propio, y en segundo término es necesario impedir a cualquier precio que su ejemplo se extendiera hacia América Central y México por lo que era necesario permitir gobiernos fuertes y estables legales o no.

La seguridad exigía el mantenimiento de bases militares bajo control directo de los EEUU. La nueva estrategia debía elaborarse para bloquear en forma autonómica a la vez que coordinada cualquier injerencia de la Unión Soviética. Una intervención directa de los EEUU podría producir reacciones nacionalistas difíciles de contener; por consecuencia las soluciones debían partir de las fuerzas locales ó de un consenso latinoamericano lo más amplio posible. Para Gabriel Ramírez todo se reduce a una cuestión de “pentagonización” de los intereses imperialistas del complejo militar industrial que domina la sociedad norteamericana y sus políticas.

Las directivas estratégicas se fundaban en ventajas relativas que EEUU conservaba desde la 2ª. Guerra Mundial: extensión del poder militar en el exterior, OTAN, SEATO, ANZUS, CENTO; su capacidad industrial y tecnológica que Kennedy impulsó para lograr competir en la carrera de los misiles balísticos y en la llegada a la Luna; su capacidad financiera para dolarizar el mercado mundial, moneda que aún la URSS debía negociar para su comercio internacional y por último las corporaciones transnacionales cuyo crecimiento acelerado y volúmenes comerciales les permite “comprar” un país propio.

El secretario de Defensa, Mc. Namara apuntó a tres objetivos: la ventaja nuclear, la opción convencional y la novedosa preparación para la contra insurgencia. En tanto las fuerzas norteamericanas se preparaban para la violencia externa; crecía la violencia interna, sucediéndose los asesinatos de Jhon Kennedy, de Martin Luther King y de Robert Kennedy entre l963 y l968 y las asonadas conmovían las grandes ciudades.


LA CRISIS DE LOS 70 EN LOS EEUU


En la década de los 70, EEUU debió enfrentar el enlentecimiento de su crecimiento y la recuperación de dos inmediatos competidores en el mercado mundial de capitales; el Mercado Común Europeo y el Japón. El efecto inmediato fue un desbalance de su comercio interior y de los medios financieros que prefirieron la rentabilidad en los nuevos rivales emergentes.



El gasto público acrecentado por la escalada militar en Vietnam exigía el restablecimiento de la paz lograda en l973, y salir de una región muy poco rentable política y económicamente. La inflación descontroló el mercado interno y a las asonadas estudiantiles contra el servicio militar se agregaron las agitaciones obreras contra el desempleo y la caída de los salarios. En l973 la crisis petrolera profundizará los problemas. Richard Nixon enfrentó múltiples problemas transformándose en una presidencia en situación angustiosa a la que pondría fin el escándalo “Watergate”.

Las medidas inmediatas conservaban las líneas ya señaladas de la estrategia de recuperación: revaluar del dólar, congelar precios, reducir el déficit fiscal, proteccionismo frente a las importaciones y reducción de las ayudas al exterior a fin de retener dinero. Un esquema no muy diferente del que se recomendó a las economías latinoamericanas cuando empezaron a tener dificultades para insertarse en los nuevos mercados mundiales de comercio y financiación.

Richard Nixon durante el período 1969-1973 intentó conciliar los aspectos contradictorios de la política exterior fundada en la seguridad anticomunista y la reducción de gastos. Mientras Kissinger negociaba con los vietnamitas y los efectivos en Vietnam eran reducidos, la injerencia norteamericana crecía en Laos y Camboya tratando de fortalecer a las fuerzas locales para contener la guerrilla.

En l972, la guerra alcanzó otro pico durante los bombardeos a Vietnam del Norte sin que se produjeran resultados eficaces. En enero de l973, la paz se negociaba definitivamente. La visita a Pekín fue un avance sustancial, mientras en el frente interno crecía la oposición a la guerra de parte de la prensa y de los liberales; finalmente el Congreso congeló las políticas presidenciales abriendo la más profunda crisis de gobierno en la historia de la nación norteamericana.

La crisis norteamericana y el deterioro de los términos del crédito aunado a los embargos petroleros permitieron a los oráculos del marxismo desencantados de la sociedad occidental augurar las señales de una nueva sociedad alentando para el efecto la emulación de la revolución cubana y de los movimientos tercermundistas que buscaban la liberación y la nueva justicia social.

Por su parte la URSS mostraba las ventajas de su prosperidad industrial bajo Leonid Breznevh y una mayor solidez en el armamento estratégico; promovía sus experiencias revolucionarias, dando asesoramiento ideológico y financiero a todos los movimientos del tercer mundo que pudieran restar aliados a su adversario.



En l972, el primer tratado SALT 1 detuvo la carrera armamentista pero no produjo cambios sustanciales aunque permitió a Gerard Ford y a James Carter, sucesores de Nixon, lograr cierta distensión en las relaciones directas; que no supusieron de ninguna forma que terminaran los conflictos internos de los países disputados. La salida de los norteamericanos de Vietnam significó una derrota y la experiencia de que no se deberían repetir intervenciones costosas, unilaterales y con tanta oposición interna.

Los países “estratégicos” de interés para la seguridad de los EEUU debieron reexaminar las condiciones de la alianza ya que se descartaba por anticipado la repetición de la experiencia malograda. El Sultán de Omán protestaba de que se le exigía la seguridad del Golfo Pérsico pero no se le garantizaba la ayuda militar norteamericana y tampoco que sirviera para algo. La apuesta se hizo a favor de extirpar preventivamente con fuerzas locales cualquier riesgo de subversión.


EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD PARA AMERICA LATINA


Para los EEUU, el Caribe es la primera zona de seguridad por que la isla de Cuba ocupa un lugar privilegiado sito a 120 kilómetros de Miami y a muy escaso tiempo de vuelo de Texas y de las bases en Panamá, Puerto Rico y obviamente de Guantánamo. La intromisión de la Unión Soviética alteró el esquema a partir de l959 y lo complicó desde la crisis de los misiles en l963.

Por el Caribe pasa el 75 % del petróleo importado y la totalidad del que exportan sus principales abastecedores en la región: México y Venezuela. “Cualquiera que controle el Caribe puede estrangular a los EEUU bloqueando la vital vía del petróleo”, en opinión del estratega en geopolítica Lewis Tombs. Era obvio que la estrategia soviética estaba interesada en la región por un elemental sentido de equilibrio, prestigio y por un pragmatismo más concreto: “el Occidente no sería destruído por una hecatombe atómica; sería derrotado por una paralización de los suministros petroleros y de minerales esenciales”.

La gobierno revolucionario de Cuba adherida a la causa de “la liberación y el socialismo” permitiría oportunamente estimular las mismas guerras de liberación en América Central; la neutralidad de Costa Rica sería de utilidad para ingresar a Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Panamá. “Nicaragua es la cabeza de playa de América Central para la eventual conquista castrista de los campos petroleros del sur de México... privado de minerales estratégicos, cortada la vía para su abastecimiento de petróleo importado e incapaz de comunicarse entre sus costas sin el permiso del vicario soviético en Panamá, los EEUU se retirarán dentro de la “Fortaleza Americana” transformándose en una potencia de tercera clase con un estándar de vida de un país del Tercer Mundo ”.

La estrategia norteamericana siempre tuvo escasa confianza en los gobiernos latinoamericanos por su sistemática debilidad política y económica. Dos importantes iniciativas se habían puesto en marcha: en l96l, el Banco Interamericano de Desarrollo y desde l963 la Alianza para el Progreso que agonizó con los recortes de presupuesto. Las inversiones privadas habían privilegiado a Venezuela y a Brasil, apostando a los mercados internos de los países con mayor tasa de natalidad. En l961, el total de inversiones alcanzaba para la región 8.166 millones de dólares.

Las dificultades para resolver los endémicos problemas de polarización social, corrupción, malversación de fondos, monoproducción, gastos desmedidos y sin planificación, carencias de ahorro,... producían frecuentes agitaciones y alteraciones políticas. Los golpes de estado se sucedían como asunto cotidiano: Ecuador, l947; Venezuela y Perú, l948; Salvador, l950; Cuba, l952; Guatemala y Brasil, l954; Argentina y Panamá, l955; Colombia, l957... para 1954, había doce repúblicas “militares” de veinte. Durante la década del 60, los golpes y revoluciones continuaban: l963, en Guatemala, Dominicana, Honduras, y Ecuador; en l964, en Brasil y en Bolivia; l966, en Argentina.

Para los 70, la guerrilla se ha instalado en las selvas de Salvador y Guatemala haciéndose irreductible mientras los gobiernos requieren cada vez mayor asistencia para controlar el problema. Los dictadores de oportunidad como Jean Claude Duvalier en Haití y Anastacio Somoza, el tercero de su familia en Nicaragua, son incómodos aliados; convenientes a la hora de sostenerlos. En Panamá, Omar Torrijos manipula un muy voluble nacionalismo, lo que en términos de estrategia solo significa que buscará sus propios beneficios en tanto puedan serle satisfechos.

La situación de estas políticas inestables las hacía propensas a desarrollar oposiciones internas que por vía militar las revocaran. Sostener a una u otra suponía en el esquema de la Guerra Fría considerar las ventajas que la opción otorgaba al rival inmediato.

Para el caso de Cuba, los EEUU habían puesto mucho interés en acordar ó imponer criterios de cómo tratar el problema: así se suceden las sanciones económicas, el bloqueo y embargo; el establecimiento de un “cordón sanitario” para evitar su expansión, tratando de mantener gobiernos nacionales “autónomos y democráticos”. La Conferencia de Cancilleres de Punta del Este de l962, expulsó a Cuba por una votación de 14 en 21.

Cuba recibía asistencia de la URSS a fin de extender los movimientos de liberación. Recién en l998, Fidel Castro ha reconocido públicamente que así se hizo. En l966 la Conferencia de OLAS, ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA SOLIDARIDAD fijó las bases para la acción de alcance continental a emprenderse. Los errores de la estrategia norteamericana, el oportunismo de dictadores de turno en países empobrecidos y socialmente debilitados, fundaba ciertas razones a las campañas emprendidas por las organizaciones guerrilleras.

“El primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático y militar del Estado. Este objetivo solo es alcanzado a través de la lucha armada”...

“La forma fundamental de ejercer la solidaridad es el desarrollo de la lucha revolucionaria en el seno de cada país, culminando activamente esa solidaridad en la forma esencial para alcanzar la toma del poder por la lucha armada”...

Si extrapolamos los conceptos a América Central: las montañas, la selva y la escasez de medios de comunicación favorecen la inserción de una guerrilla que fácilmente puede reemplazar sus efectivos con el reclutamiento de asalariados y campesinos sin tierras, marginados por el hambre, la miseria y los grandes latifundistas; se ven favorecidos por un aparato burocrático carente de cualquier sistema electoral representativo de los intereses generales que solo son atendidos en oportunidad de los golpes de estado que cualquier militar oportunista puede lograr; entonces, tenemos un país tipo donde una lucha guerrillera puede prosperar y ganar a largo plazo.

Para la URSS, estos nuevos gobiernos surgidos de la lucha revolucionaria y popular deberían: desde su inicio como movimiento admitir determinados principios doctrinarios tales como la “dictadura del proletariado”, la participación activa de los Partidos Comunistas locales, la centralización de la dirección de la guerra y romper cualquier opción reformista o moderada de negociación local.

La URSS se valió de sus lazos comerciales y culturales para contactar y asistir a las células de los movimientos que pudieran favorecer sus propios intereses: aislar a los EEUU y crear elites intelectuales “adictas”. Algunos artistas y escritores solo fueron conocidos por la intensa propaganda y financiamiento que de sus obras hizo la izquierda.

“Los EEUU sintiéndose los gendarmes del mundo intervinieron en las luchas internas del Tercer Mundo, apareciendo como intrusos, desprestigiándose en el ámbito de los países no alineados y sufriendo un jaque constante en Asia, Africa y América Latina”. La respuesta a los fracasos de Vietnam y para evitar incontrolables reacciones nacionalistas, los estrategas norteamericanos apostaron todo a las fuerzas locales, democráticas ó dictadores oportunistas.

Los partidos comunistas locales, poco numerosos pero bien organizados se transformaron en base de: coaliciones, movimientos revolucionarios, gobiernos radicales, de militares progresistas y aún apoyaron el empuje de las burguesías nacionales. En América Latina convenía evitar una injerencia demasiado directa de la propia Unión Soviética para lo cual se estimuló la vía nacionalista, la opción de desarrollo independiente, el antiimperialismo, las dictaduras militares “progresistas”, los frentes populares en la legalidad y una permanente penetración ideológica, en todos los casos de bajo riesgo. Las organizaciones internacionales “tercermundistas” también sirvieron para denunciar las agresiones norteamericanas.

En l968, un gobierno militar nacionalista, con Juan Velazco Alvarado se había instalado y procedido a nacionalizar los principales rubros de la economía peruana: petróleo, pesca y la tierra. Mientras que la opción guerrillera, con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el M 19 cercaban al gobierno de Bogotá. Los militares nacionalistas tomaban el gobierno en Ecuador en l972, desplazando a José María Velazco. En Paraguay, Alfredo Stroessner, desde l952 en el poder, cumplía con su acostumbrada reelección. En l971, el general Hugo Banzer Suárez tomaba el gobierno en Bolivia. El panorama no era ni estable, ni alentador.

La más importante novedad fue el triunfo electoral en Chile de la UNION POPULAR que llevó al gobierno a Salvador Allende en l970. La Unión Popular, estaba integrada por el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MAPU, y la Izquierda Cristina. Fue el primer frente popular que logró una victoria electoral legal y que inició “la vía chilena hacia el socialismo” procediendo de inmediato a las nacionalizaciones de los bancos, el cobre, y la reforma agraria.

La estrategia norteamericana vió entonces un cerco desde Cuba en el Norte y desde Chile en el Sur, era cuestión de tiempo para que se perdieran aliados e inversiones en la región. Para los reformistas, revolucionarios ó progresistas, las nacionalizaciones eran las más caras ideas para establecer una justicia social distributiva que garantizara la independencia política y económica de las naciones. La crisis general que sufrían las economías primarias latinoamericanas se agravaba en la competitividad por mercados protegidos y con precios manipulados por los consumidores industriales.

“Chile se convirtió en la segunda capital marxista del continente y el gobierno comunista cubano a pedido del gobierno de Chile o por natural gravitación estuvo directa y permanentemente controlando la marcha del proceso revolucionario trasandino mediante una gran red de personal especializado bajo el disfraz diplomático, consular, comercial ó científico”... así se refiere al asunto la Junta de Comandantes en Jefe de nuestro país en su libro “La Subversión”. Esto significa que para el nacionalismo también existía la posibilidad de otro tipo de injerencia extraña, mucho más extraña si se consideraban los parámetros históricos de la revolución emancipadora. Se acuñó en el caso de Chile la sospecha de un “autogolpe revolucionario”, riesgo al que el general Augusto Pinochet puso fin el ll de setiembre de l973.

Con los resultados a la vista, la inestable política latinoamericana estaba generando dos versiones nacionalistas: una de liberación, con un alegato antiimperialista, desarrollista, popular, revolucionaria ó progresista y otra de conservación de la patria y la nación, no menos desarrollista, más historicista, con menos fama intelectual, fuerte pragmatismo y no ajena a sugerencias de soluciones locales urgentes contra los riesgos foráneos.

Los EEUU no repetirían en América Latina la experiencia de Cuba ni la de una intervención directa como la de Santo Domingo en l965. La primera y esencial medida era la de activar urgentemente el sistema interamericano de coordinación entre las fuerzas armadas a fin de prevenirse contra una forma novedosa de guerra desde adentro de las propias fronteras.

El integracionismo militar suponía un integracionismo económico, política voluntaria de acercamiento e intercambio entre dos ó más países; que en el caso latinoamericano habían estado separados por conflictos fronterizos desde la independencia aunque siempre habían reconocido el común origen. Para Gabriel Ramírez era todo parte de una misma conspiración yanqui; no menos para el Pentágono y la Cía todo era una conspiración roja.

Las primeras acciones se tomaron con la convocatoria de las Conferencias de Ejércitos; en realidad la coordinación se remontaba a la Segunda Guerra pero nunca había funcionado porque no se produjo la agresión extracontinental. Entre l960 y l967, se realizaron un total de ocho conferencias primando como temas: información e inteligencia, operaciones contra insurgencia, logística y asistencia militar, investigación y desarrollo. Al tiempo se procuraba el reequipamiento y modernización de las fuerzas armadas nacionales aunque los norteamericanos eran reacios a dar una ayuda militar ilimitada.

En el caso de la Argentina, el reequipamiento permitió iniciar una industria militar local que produjo el TAM Tanque Argentino Mediano celebrado como logro desarrollista. Los brasileños en su Escuela de Guerra fueron quienes prepararon la más completa visión de la nueva concepción de las fuerzas armadas como agentes partícipes del desarrollo y la seguridad.


EL BRASIL Y LOS EEUU



El Brasil es el aliado natural de los EEUU porque: equilibra el sur del hemisferio, cubre el litoral atlántico, es el más poblado, tiene amplias fronteras terrestres, incalculables recursos minerales, y el más alto PBI de la región. En el contexto de la Guerra Fría podría ser un valioso aliado, un cliente preferido y en ningún caso debería ser un enemigo.

La alianza brasileña había sido especialmente sólida durante la Segunda Guerra Mundial durante la cual, Getulio Vargas permitió la instalación de bases aeronavales conjuntas en el litoral, admitió la participación directa de fuerzas brasileñas en el frente italiano en l944, para reemplazar a las norteamericanas, y su populismo no había alterado el derecho de propiedad ni se había hecho sospechoso, es más había conservado el orden y tomado el ejemplo. Brasil había sido un contrapeso estable frente a las crisis cíclicas de la Argentina, especialmente en el período l943 a l955 cuando Perón ocupó el liderazgo indiscutido pero con una política demasiado independiente para tiempos tan violentos.

La muerte de Vargas, la crisis económica de la postguerra, la aparición de un populismo más agresivo y el desprestigio de Joao Goulart, incubaron el golpe militar que se produjo finalmente en marzo de l964. Este gobierno militar se alineó en el anticomunismo y contra las reformas emprendidas. Los EEUU respondieron concediéndole al Brasil a través de la Alianza para el Progreso, créditos por 1000 millones de dólares y a través del BIRF, del BID y del EXIMBANK otros 3500 millones, y distintos acuerdos bilaterales.

Los vínculos entre el Brasil y los EEUU repiten en términos modernos la antigua alianza angloportuguesa que funcionó tan eficazmente. Como país en vías de desarrollo, el Brasil necesitaba la ayuda financiera, tecnológica y militar de la mayor potencia occidental asegurando a cambio todas las inversiones y su actuación como contrapeso seguro frente a cualquier oscilación como las que se producían en Perú ó en Argentina. La competencia entre el Brasil y la Argentina tenía profundas raíces históricas y se extendía a los campos económico, diplomático y demográfico. En este esquema cabe la duda de que derechos se reservó el Brasil sobre aquellas zonas que hacían a su propia seguridad; resultando que el Uruguay al fin y al cabo es una de las claves de esa seguridad. .

La crisis norteamericana hacia los 70, la derrota en Vietnam, las negociaciones con China, y con la URSS, los efectos de la crisis petrolera y las victorias de los movimientos de liberación asistidos por Cuba en Angola y Mozambique, posiblemente impulsaron a los militares brasileños a dirigir su propia política a partir de l972. Se propusieron: el mantenimiento de vínculos sobre la base de la afinidad ideológica con la democracia occidental y la seguridad nacional, los intercambios económicos bilaterales, crear tecnología propia, mejorar las condiciones sociales para el crecimiento demográfico y lograr la producción conjunta de energía con la realización de grandes proyectos binacionales como las represas hidroeléctricas .

Por lo tanto la evolución del Brasil durante el período de l950 hasta l970 estuvo enmarcado por una “derechización” que puso fin al populismo de Getulio Vargas que alcanzó su punto crítico entre l955 y l956, cuando se acentuaron las presiones militares para su renuncia y la oposición general. Sus sucesores: Juscelino Kubitschek, Janio Quadros y Joao Goulart debieron preparar diferentes planes de desarrollo, que produjeron por una parte crisis de financiamiento, déficits e inflación y por otro el congelamiento de créditos, salarios y alteraciones en la competencia comercial.

Los planes trienales, el ministerio de Planeamiento y Coordinación Económica, las cuestiones respecto de la reforma agraria, las nacionalizaciones y las reformas salariales y universitaria, llevaron al colapso final que llegó el 2 de abril de l964, con la instalación de un nuevo gobierno presidido por el general Castelo Branco que acuñó una política fuertemente alineada con EEUU, anticomunista, represiva y que quizo darse forma constitucional a partir de los Actos Institucionales y la Ley de Seguridad.

Durante el gobierno de su sucesor Armando Costa e Silva, la polarización política entre ARENA, Acción Renovadora Nacional, y el Movimiento Democrático Brasileño se vio empañada por la escalada terrorista y las nuevas agitaciones sindicales, estudiantiles y políticas, a las que se puso fin con el Acto 5, de medidas prontas de seguridad. Para el período l969-1974, Emilio Garrastazú Medici continúo con la represión al tiempo que lograba relativos éxitos económicos.

Entre l969 y l977 no hubo huelgas y el proyecto económico quedó estabilizado. El gobierno en ningún momento negó sus intenciones democráticas aunque mantuvo un sistema electoral con “dirigismo” y reprimió pequeños focos guerrilleros urbanos y rurales. El ejercicio del poder debía enfrentar los modelos típicos de colapsos como eran la “argentinización” inestable y fragmentaria, la “centroamericanización” con la alienación de dictadores oportunistas y finalmente el proyecto debía ser presentado al consenso público para evitar un distanciamiento.

Por lo pronto la “doctrina de la seguridad nacional” recurrió a los conceptos que resolvieron el problema fundándose en la oposición entre democracia y marxismo y la necesaria destrucción de la izquierda violenta. Esto exigía el compromiso de los ciudadanos con el desarrollo autónomo y con las Fuerzas Armadas.

En ningún caso, el Brasil pensó en transformarse en una sociedad militarista ya que conservó un número de efectivos manejable (no superó los 500.000) mantuvo una represión selectiva (los desaparecidos se calculan en uno por millón) y apostó a los complejos industriales estratégicos que actuarían como el motor eficaz del desarrollo: el Centro Tecnológico Aerospacial, el Instituto de Ingeniería Militar y el Centro de Investigaciones de la Marina.

La “república militar” establecida en l964 suponía como un esfuerzo de interés público el recorte de libertades que alentaban la corrupción y las oposiciones radicales dispuestas a aprovecharse de cualquier momento de debilidad para imponer por la violencia modelos foráneos y ajenos a la nacionalidad.

La responsabilidad del gobierno se centralizó en el Poder Ejecutivo que aplicó los controles, censuras y la represión que según las circunstancias se aplicaban en forma selectiva. El procedimiento para-constitucional fue establecido mediante los Actos Institucionales con casi 130 complementos y más de 1000 leyes de excepción. Los partidos políticos fueron “cuasi” eliminados y los sindicatos intervenidos y mantenidos bajo permanente vigilancia por el Servicio Nacional de Información.

La sociedad brasileña sufría el ajuste que había producido en el mercado internacional del comercio el fin de los modelos fundados en la “sustitución de importaciones” tan eficaces para sustentadas esperanzas de industrialización autónomas y que habían permitido una estabilidad de empleo y salario; y satisfecho criterios distributivos.

La crisis polarizó la misma sociedad por que la renta se concentró en los sectores dominantes de la industria, el comercio y la agricultura que reclamaban medidas de liberalización y más financiamiento e inversiones extranjeras. El deterioro exhaltaba la oposición de la Convención Nacional de Trabajadores y de la Unión de Trabajadores Agrícolas. La crisis política se concentró sobre el problema y que opciones de modelo se podrían establecer.

Para l970, el modelo de un complejo militar industrial que actuara como vanguardia del desarrollo estaba funcionando plenamente. La Empresa Brasil Aviación y las Fabricaciones Militares a través de más de cincuenta firmas que producían equipo militar habían creado 200.000 empleos, manejaban una cuantiosa inversión y tenían en lista más de cuarenta países clientes para sus exportaciones de equipamiento.

Por lo tanto coexistían dos opciones nacionalistas: una, la de los militares, desarrollando una infraestructura propia y autónoma con el objetivo de transformar al Brasil en una potencia competente; la otra, la del nacionalismo, señalado como la opción necesaria para salvar toda una forma de vida, frente a la agresión extranjera.

Brasil consideraba a su vez la evolución de sus vecinos, que no dejaba de ser preocupante: la campaña que el Che Guevara llevaba adelante desde l967 en Bolivia mientras que la propia situación boliviana evolucionaba hacia la “república militar” finalmente establecida por Hugo Banzer Suárez. La situación en Chile y en el Uruguay no dejaba de ser un “riesgo” lo mismo que los acostumbrados colapsos argentinos.

Durante la crisis en el Uruguay se rumoreó la posibilidad de una intervención brasileña, para resolver nuestra situación interna. Las hipótesis presentadas son ciertas, la duda que sobrevive es si se hubiera tomado la decisión. Las hipótesis de guerra, de nuestros militares se reducen a Brasil, Argentina, una invasión desde el mar y una crisis guerrillera.

Las consideraciones que Blixen pone en su biografía del general Líber Seregni, hacen creíble la posibilidad de la intervención. En l971, las Fuerzas Armadas uruguayas carecían de recursos para detener una ofensiva rápida (Operación “Charrúa” para 30 horas); la población carecía de instrucción militar por lo que no existiría resistencia y la guerrilla no presentaría ninguna dificultad frente al ejército.

Si la guerrilla no era obstáculo, ¿ qué movía la intervención?. Una división de caballería se instaló en Uruguayana y una base aérea en Santa María. La diplomacia brasileña se activó escalonando entrevistas con Pacheco Areco, Salvador Allende y J. Velazco Alvarado. Es muy posible que esta intervención estuviera previendo el derrumbe de la Argentina en el caso de que Perón volviera ó de que los “montoneros” triunfaran ó el ejército se dividiera. En todo caso, la intervención en el Uruguay podía atraer una reacción argentina ó un contragolpe interno encabezado por los tupamaros ó el Frente Amplio.

Para las hipótesis de guerra de la Escuela de Guerra del Brasil, los riesgos son reales en países como Guatemala, Uruguay, Chile y Guyana; y se habían denunciado infiltraciones del comunismo entre los sindicatos, los estudiantes, los intelectuales y los funcionarios. Por lo que se concluía que “el éxito del comunismo en cualquier país de América tendrá gran efecto de resonancia en el Brasil y significa una amenaza a la seguridad de los EEUU y del Brasil”. Para el mismo autor, el Brasil no es otra cosa que un “virreinato” del imperialismo norteamericano desde donde se contralorea toda América del Sur y especialmente la Cuenca del Plata.

La decisión de intervenir directamente supone una hipótesis concreta de guerra; dadas las experiencias negativas de querer encauzar nacionalismos locales mediante la presencia militar ajena; la intervención debía utilizar mecanismos más refinados, hipótesis de intervención sin guerra, utilizar recursos concretos que dieran como resultado estímulos positivos: fortalecer el sistema interamericano, activando la Junta de Defensa, la fuerza multinacional de paz y las conferencias de ejércitos; y por otra parte, la integración socio-política y económica.

Las novedades llegaron a nuestras fuerzas armadas produciendo algunas discrepancias internas en los que era todavía una institución “constitucionalista y colorada” y también “aldeana”. Ramírez, se afilia a la hipótesis de la dominación de las grandes potencias capitalistas apoyadas en connivencias locales de capitalistas entreguistas y dominantes.

LA SITUACIÓN ARGENTINA


La situación argentina dentro del esquema de la Guerra Fría permitía lecturas que hacían temer cambios peligrosos para los intereses occidentales: por el liderazgo histórico de los argentinos en el continente, su propensión a los colapsos políticos, a su pretensión tradicional de una política independiente de tercera posición y a las ventajas que como segundo país industrializado en América del Sur podrían dar al adversario; sin contar que su posición estratégica cubre la ruta del Atlántico Sur y la Antártida.

Los gobiernos de Edelmiro Farrell y de Juan Domingo Perón habíanse distanciado del “imperialismo norteamericano” y manipulado tanto a las Fuerzas Armadas como al pueblo a través del movimiento peronista al que dieron amplia publicidad los controles directos que aplicaba el Poder Ejecutivo, las nacionalizaciones y otras leyes sociales. La oposición Braden Perón había rendido excelentes frutos, los éxitos económicos completaban las aspiraciones de una Argentina “gran potencia”.

En l955, la “revolución libertadora antiperonista” agregó su cuota normal de crisis y desalojo del gobierno por la intervención de las Fuerzas Armadas. El general Lonardi, libertador debió a su vez entregar el gobierno a instancias del general Pedro Aramburu y del almirante Isaac Rojas.

El régimen aplicó las mismas restricciones y proscripciones que el peronismo había practicado con sus opositores. El mayor problema era que las Fuerzas Armadas se habían introducido directamente en el proceso de legitimación de los gobiernos aún cuando carecieran de cualquier proyecto de largo plazo para el ordenamiento social.

En el período l955 a l958, Pedro Aramburu, se transformó en el líder militar indiscutido sosteniendo la reorganización argentina. La proscripción del partido Peronista no mejoró las oportunidades de la oposición por que la Unión Cívica concurrió a las elecciones fragmentada: los “intransigentes” de Arturo Frondizi y los “populares” de Ricardo Balbín.

Frondizi para el período, l958-1962, realizó una política desarrollista con marcada apertura al capital extranjero, trató de estabilizar la inflación, arregló acuerdos financieros ventajosos con los organismos internaciones, liberando el mercado del dólar y de los salarios, actualizó el modelo de “sustitución de importaciones” con recursos industriales más realistas y mostrando tolerancia hacia los “planteos militares”.

El 22 de marzo de l962 los militares exigieron su renuncia. José María Guido se instaló en la presidencia que no conservaría. En abril de l963, los enfrentamientos de los militares “azules” con los militares “colorados” hacían crecer la posibilidad de una guerra civil en las que las Fuerzas Armadas, lejos de actuar como catalizador unitario, actuarían como protagonistas fragmentarios.

Las elecciones de 1963 llevaron a una nueva fragmentación: Arturo Illia con la Unión Cívica Radical derrotó a la Unión Cívica Intransigente y a la Unión del Pueblo Argentino.

El nuevo gobierno liberal y desarrollista, prudentemente alineado con los EEUU duró hasta el 29 de junio de l966, en que el general Pascual Pistarini le puso fin. Nuevamente los partidos son disueltos como el Congreso y se forzaba la renuncia del Presidente en tanto se entregaba la autoridad al general Juan Carlos Onganía que encabezaba una nueva revolución libertadora.

La revolución nacional marcó el momento mayor de politización de las Fuerzas Armadas argentinas, que se mantendrían como poder directo. El proyecto resultó errático a pesar de la conducción neoliberal de Krieger Vassena se vió frenado por la inflación y la represión a obreros y estudiantes. La escalada de violencia terrorista alcanzó su punto en el asesinato de Pedro Aramburu el 29 de mayo de l970 por acción del movimiento “Montoneros”. El 8 de junio de l970, las Fuerzas Armadas sustituyeron a Onganía por Roberto Levingston. Este, fue a su vez sustituído por el general Alejandro Lanusse el 26 de marzo de l971, quien trató de conducir a la Argentina a una restauración de su democracia desproscribiendo al peronismo. El 25 de mayo de l973, Héctor Cámpora el nuevo presidente realizó una inmediata transferencia del gobierno después de las elecciones generales a Juan Domingo Perón. La crisis estaba instalada en una Argentina errática.



Con los militares en el poder, el Ejército se transformó en la fuente del poder político, con una amplia autonomía para presentar iniciativas de interés nacional. La verticalidad fue acompañada de una unidad y solidaridad entre los mandos que favorecía el esfuerzo de presión política sin partidizarse. Las propuestas llegaron al gobierno a partir de dos novedosos institutos como el CONADE y el CONASE, el Consejo Nacional de Desarrollo y el Consejo Nacional de Seguridad que se reservaron la planificación estratégica política y la elaboración de los planes socioeconómicos.

En el esquema estratégico de los EEUU y del Brasil, la evolución de la Argentina solo podía ser leída como caótica con el riesgo de que en sus criterios independentistas los militares argentinos ó Perón tomaran decisiones que perjudicaran el equilibrio general del continente. La necesidad de estabilidad en el Uruguay se volvía una necesidad perentoria. A esto debe agregarse la desconfianza y hostilidad hacia el gobierno socialista de Chile y hacia los “peruanismos”.


CONDICIONES INTERNACIONALES DEL GOLPE DE ESTADO EN EL URUGUAY


Como resultantes de las situaciones antes descriptas podemos señalas varias condicionantes que ambientaron la situación de deterioro general que desembocó en la crisis nacional de l973.

En primer lugar, el esquema de la Guerra Fría polarizaba al mundo hacia el campo de uno u otro de los rivales. La sospecha de una indefinida tercera posición no era bien vista por ninguno de los oponentes que se disputaban la hegemonía de los modelos que defendían.

La política norteamericana debió ocuparse de que su desprestigio después de Vietnam, estimulado por las propias crisis internas y la propaganda soviética no menguara aliados en el Hemisferio Occidental, donde la defección de los franceses había sido un golpe duro para el equilibrio europeo.

Mucho más preocupante era la mala experiencia cubana que no ocultaba sus proyectos posibles ó imposibles de extender el ejemplo revolucionario a las siempre inestables repúblicas del Caribe. La decisión era en principio impedir otra solución extrema como la que se dio a Santo Domingo; la mejor opción era cerrar alianzas con aquellos países que fueran prioritarios para la seguridad del Hemisferio y de los propios EEUU, léase Brasil.

Las soluciones contradictorias: sostener a las democracias estables, caso del Uruguay y a los dictadores oportunistas, casos de Somoza ó de Stroessner. Lo que si resultaba preocupante era el desequilibrio y la oscilación de la República Argentina y la llegada al poder del socialismo en Chile.

Para el pensamiento más conservador se trataba de erradicar cualquier forma de izquierdismo del continente y la inmediata solución solo podía provenir de agentes internos de cada país que actuaran en forma coordinada.

Entre estos agentes debía buscarse el elemento de fuerza, prestigio y tradición que necesariamente estaba representado en las Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, el reajuste de la economía mundial después de la postguerra había dado por terminados los modelos nacionalistas, oportunamente desarrollistas y distribuidores de la justicia social fundados sobre la “sustitución de las importaciones”.

El nuevo reajuste evidenciaba las carencias de reformas profundas en las sociedades latinoamericanas que se hundieron en la quiebra y la inflación, haciéndose penosos el desempleo y la pobreza colectiva. La dirigencia tradicional de los diferentes países carecía de formación técnica para encarar el establecimiento de un capitalismo competente por que el Estado había asumido multitud de roles.

El neoliberalismo enfrentaba valores nacionales muy caros que hacían a la propia independencia; desmonopolizar, desnacionalizar, privatizar,... se transformaron en conceptos que solo encubrían una gran conspiración capitalista y burguesa. Desde la oposición se hacía necesario un cambio para mantener un sistema social ó hacerlo más justo en el caso de los deterioros más extremos.

La oposición dentro de cada país osciló entre la radicalización violenta y alcanzar el poder por la lucha armada ó en la conformación de coaliciones democráticas que alcanzaran el poder legítimamente para realizar desde allí la obra de nacionalizaciones y reformas que producirían mágicamente el desarrollo de una sociedad más justa. En esta polarización social, la radicalización no se hizo esperar en medio de escándalos, colapsos económicos, denuncias de corrupción, ilegalidades, reelecciones, reformas constitucionales, focos guerrilleros, golpes de estado y rumores de golpe. Este modelo solo podía producir el efecto de que una institución del Estado tomara en sus manos con criterio político y no partidario; corporativo antes que revolucionario; los recursos necesarios para adelantar el desarrollo y la unidad social. Esta institución solo podía ser las Fuerzas Armadas.

En el caso particular del Uruguay, es evidente que su desestabilización se aceleró tardíamente recién hacia l972 y l973 en que la crisis política llegó al colapso. No eran extraños a nuestros dirigentes: el anticomunismo, la amenaza de una intervención brasileña y otras presiones, las oscilaciones de la Argentina y otros temores ambiente político; que aún en los EEUU había sustituído el consenso por la radicalización y aún la violencia.

Quien tiene que tomar decisiones de tanta trascendencia no omite su posición de líder que puede pasar a la historia como el “héroe” de tal forma tampoco era extraño a la dirigencia política el mito del “gran hombre” que en América Latina tenía y tiene una larga lista de caudillos civiles ó militares que por medios legales ó por la “revolución propia” eran y son idolatrados.

A la hora de considerar las causas de mayor peso en la interrupción del régimen democrático en el Uruguay podría decirse que en cualquier caso la decisión se hizo sobre una base interna más que para satisfacer un contexto internacional.


URUGUAY Y EL PERIODO DE INCUBACION DE SU CRISIS (1952-1968)


CARACTERISTICAS GENERALES DE SU CONFORMACION SOCIAL


La sociedad uruguaya había asumido en la década del cincuenta que se había logrado todo lo que se podía lograr y podía jactarse de aparecer como la “Suiza de América” en medio de los alardes de nuestros inmediatos vecinos.

El equilibrio resultaba de la debida inserción lograda durante el siglo XIX entre sociedad civil, politización y Estado. “La sociedad civil es el escenario donde los diversos movimientos sociales y organizaciones cívicas de todas las clases sociales tratan de constituir un conjunto de acuerdo que les posibilite expresarse y promover sus intereses”, como ejemplo de esta sociedad abierta, propia de un país liberal podemos señalar que la Asociación y la Federación Rural representaban convenientemente los intereses agropecuarios; la Bolsa de Comercio, la Liga Industrial y otras “fuerzas conservadoras”, representaban con eficacia sus intereses; de la misma apertura se beneficiaban, la Universidad y los partidos Colorado y Nacional, los sindicatos y los partidos “menores”-Socialista, Comunista y Unión Cívica-.

“La sociedad política es el escenario en el cual la sociedad se organiza específicamente para la contienda política y obtener el control sobre el poder público y el aparato estatal... La sociedad civil se constituye políticamente para seleccionar y controlar el gobierno democrático”; en el caso del Uruguay, la tradición de una coparticipación directa de ambos partidos se remonta a los primeros ensayos en la “fusión” y en la “paz de l872”. La constitución de l919 había garantizado: la representación proporcional, el voto secreto, la inscripción obligatoria y el voto femenino; el registro cívico nacional abierto desde l898 había afinado los mecanismos electorales; la creación de la Corte Electoral había otorgado reglas de juego muy claras y admitidas por todas las partes. En el caso de las distorsiones producidas durante las presidencias de Gabriel Terra y de Alfredo Baldomir, estas se habían resuelto por la realineación de los partidos y por la legitimación constitucional, plebiscitaria y electoral.

“El Estado es la continuidad administrativa, legal, burocrática y del sistema coercitivo, que estructura las relaciones entre las sociedades civil y política”. El estado uruguayo había ampliado desde los tiempos de José Batlle sus funciones básicas y las asistenciales transformándose en un referente de la sociedad sobre la que actuaba con un sentido “cuasipaternal” del que se beneficiaban ambos partidos. Comparado con sus vecinos, el sistema funcionaba con eficacia y en forma estable, no se habían producido oposiciones militares, como en Argentina; existían fluídos vínculos entre grupos antagónicos, aunque el antifascismo y el anticomunismo no nos eran ajenos; y sobre todo no había riesgo de desconfianza hacia ninguno de los partidos activos .

La sociedad civil uruguaya asumía su característico policlasismo por su formación en el aluvión continuo de inmigrantes, que consolidaban su lugar social en un ambiente liberal. Aún los que podían aparecer como grupos oligárquicos (estancieros) ó el patriciado político-doctoral alardeaban de su sentido de orden y de progreso social. El sector rural era el que mejor había consolidado sus influencias, debido a su incidencia en la economía del país, sin ser “todopoderoso”. Lo exiguo del territorio había contribuído a su rápida ocupación y a la admisión incuestionable del derecho de propiedad. Este medio rural mantenía fuertes características tradicionales y a excepción de Canelones no hubo una clase numerosa de pequeños propietarios y agricultores; al contrario desde muy temprano el país evolucionó con una marcada tendencia a la urbanización y muy tempranamente también hacia un “freno” demográfico. La “lucha” quedaba planteada entonces entre la base productiva agropecuaria que dominaba las exportaciones tradicionales y el modelo urbano resultando un empate en el que uno no intentaría someter al otro.

Montevideo absorbía el 45 % de la población, que se estimaba en dos y medio millones de habitantes; el resto se distribuía entre el interior urbano, 35 % y el interior rural, 20%. La capital conectada al interior por un sistema radial carretero y ferroviario se transformaba en el mercado por excelencia. Allí se dirimían las luchas electorales, sin contar que como urbe era además el centro cultural en conexión directa con el mundo.

La industrialización acelerada entre l930 y l955, se había concentrado en la capital, creando nuevas clases fuertemente urbanizadas y socializadas y políticamente muy activas: obreros, comerciantes minoristas y empleados públicos. En la ciudad y especialmente en Montevideo podían disfrutarse todos los beneficios del estatismo con su función distributiva así como los logros de progreso, teniendo como resultado un distanciamiento de las condiciones de vida y de pensamiento respecto del interior.

“Una ideología conservadora muy influyente acusa de dilapidar recursos necesarios, de parasitar al interior y de crear empleos improductivos... el hecho es tanto más llamativo teniendo en cuenta que la oligarquía rural es en realidad una clase urbana, no solo por su residencia sino también por sus negocios, debido a las conexiones de los capitales agrarios, usurario y mercantil con las inversiones en la industria”

Tan equilibrado modelo había sufrido en el pasado los avatares de la economía mundial en cuanto a las oscilaciones de los precios y a los proteccionismos de mercados compradores. Como economía periférica, el Uruguay dependía de las coyunturas internacionales sobre las que carecía de influencia y de las crisis locales.







LOS PARTIDOS POLITICOS


El origen de los partidos uruguayos se confunde con el origen mismo del país por que desde el principio fueron individualizados en los caudillos, las familias y otros vínculos de dependencia personal. El caudillo era a la vez, jefe político y jefe militar tanto en conflictos internos como en los externos; el votante era ciudadano a la vez que soldado y su consejo lo toma de los referentes conocidos y no por analfabetismo sino por socialización oral y tradicional.

Las dirigencias patricias de ambos partidos se alinearon en el liberalismo, de cuño francés, y la práctica cotidiana lo divulgó tanto en el campo como en la ciudad, completando una tarea en la que las ideas precedieron a las instituciones del Estado; peor en el caso de los blancos, para los que el gobierno era sinónimo de coloradismo. El reordenamiento liberal y electoral al tiempo que se organizaba el Estado mediante la negociación bipartidaria produjo notables efectos en cuanto al consenso: leyes, reglamentos, ministerios, servicios públicos, inversiones, eran aplicados con estricta negociación entre ambos partidos.

Nuestros partidos habían llegado a la década del cincuenta teniendo por principio el estado de derecho y el amplio margen de maniobra que el Estado permitía. La política rutinaria había privilegiado el acuerdo. Los partidos tradicionales no habían renunciado a sus identidades ni a la lucha por el poder; el crecimiento de la burocracia y de los problemas administrativos y legales habían dado un marcado ascendiente social a los abogados; la misma raíz civilista, durante el siglo XX había abandonado cualquier rasgo de violencia y militarismo a favor de la competencia electoral no exenta de fuertes pasiones.

Otra característica fundamental desarrollada por los partidos tradicionales era el ascendiente social por la intermediación (clientelismo), facilitado por los vínculos personales entre ambas elites partidarias y a nivel popular. Siempre existía un cúmulo de pedidos a cumplir y que se transformaban en votos. La posibilidad de completar un trámite, sacar la jubilación, conseguir un empleo, público ó privado; tener canilla, “pico de luz” en el barrio, el camino, el puente ó la escuela, resultaban redituables. El consenso social dependía de la articulación de estas múltiples presiones, tanto mayores cuanto más influyente era el solicitante. Tanto más débil por que dependía de los recursos públicos. Y más débil en una economía dependiente que podía verse afectada por el reajuste de la economía mundial al terminar la guerra.

Cada partido era un conglomerado de grupos independientes alrededor de un lema. Dentro de cada partido, los sublemas competían por la supremacía y gozaban de amplia autonomía aún para negociar por sí mismos. Radicaba en el interior de los partidos una semilla de disenso peligrosa. Como defectos de funcionamiento pueden mencionarse: la fragmentación; las indecisiones para no perder votos si se tomaba la iniciativa; la falta de programas comunes; los marcados liderazgos personales que se fundaban en una compleja red de relaciones personales, familiares, de clase, locales, y en el clientelismo autosustentado por el éxito electoral.

Cada elección llevaba una amplia participación, la más alta y confiable en América Latina, que desde l934 se vio afectada por los períodos de receso entre las elecciones generales. .

Para Romeo Pérez, politólogo, citado por Bruschera, los partidos tradicionales actuaban con criterios positivos de negociación, cooperativa y legitimista; carecían de un proyecto nacional y la estructura de compromisos tendía a conservar el “status quo” con el riesgo de no encontrar soluciones de emergencia en caso de crisis general del modelo.

LOS SINDICATOS

Su formación temprana entre los tipógrafos, inició el movimiento que se extendió hacia fines del siglo XIX a varias actividades, en todos los casos como un fenómeno urbano y montevideano. En su mayor parte, la iniciativa dependió de inmigrantes europeos con experiencia y por lo general de filiación anarquista. El batllismo puso tempranamente límites a la represión y socializó a los sindicalistas trayéndolos al juego liberal de la negociación tripartita. Tempranamente los derechos de asociación, reunión y de huelga fueron admitidos con los beneficios de la legislación.

El avance del partido Comunista desde l921 no cambió el esquema general, excepto por el esfuerzo permanente de movilización y adoctrinamiento. Se perfiló un alejamiento entre los partidos tradicionales y los sindicatos debido a las vías de participación directa a que tenían acceso los políticos en esta sociedad “cara a cara”.

Los sindicatos actuaron en todos los casos con independencia y mantuvieron después del desplazamiento de los anarquistas, vínculos muy estrechos, con los partidos Socialista y Comunista, no se planteaba todavía una posible ruptura ni siquiera había un frente sindical.

“La unificación del movimiento sindical en la Convención Nacional de Trabajadores en los años sesenta fue lograda gracias al crecimiento y la extensión de los sindicatos, la profesionalización de sus dirigentes y la búsqueda deliberada de la unidad por parte de algunas organizaciones de izquierda con influencia sindical”. En todos los casos el fenómeno a más de urbano y montevideano y de alejarse de los partidos tradicionales era tardío y llegó en tiempos de crisis y los partidos de izquierda los explotaron eficazmente en el intento de alcanzar el poder.

El Estado, patrimonio de los partidos tradicionales policlasistas quedó enfrentado a los sindicatos uniclasistas . Ninguno de los partidos tradicionales consiguió desarrollar exitosamente una estructura sindical.

La negociación de la unidad no fue tarea sencilla, dado el fraccionamiento entre los sindicatos que dirigía el partido Comunista desde la Unión General de Trabajadores y los que dirigía el partido Socialista desde la Confederación Sindical del Uruguay.



En l955, durante la huelga de los frigoríficos, hubo una acción concertada. La situación general del país atrajo una afiliación masiva que en l961 estimaba para la Central de Trabajadores del Uruguay en 200.000 adherentes.

Lo más interesante es el fenómeno de sindicalización en las clases medias los funcionarios públicos. Con el resultado de que en muchos casos el empleo conseguido por medios individuales y políticos debía ser defendido por medios colectivos frente al deterioro de la economía y la represión que la acompañó. Otra característica, por su número, los sindicalistas se originaban en actividades del sector terciario y con reiterados fracasos para formar sindicatos en el medio rural. La vinculación con el movimiento estudiantil dio mayor fuerza a lo que empezaba a denominarse el “movimiento popular”.


LAS FUERZAS ARMADAS


Las fuerzas armadas uruguayas están desproporcionadamente integradas entre el número de efectivos enrolados en el Ejército, una exigua Marina y una simbólica Fuerza Aérea. Durante mucho tiempo se consideró que el Ejército era un reducto del partido Colorado porque en su función solo había contribuído al mantenimiento de dicho partido y el partido Nacional aparecía como el agente revolucionario.

“Las Fuerzas Armadas siempre estuvieron presentes en el país porque constituyeron el poder coactivo del Estado, su razón última, su zona de emergencia cuando fallan las demás formas de ejercer la dominación... que puede ejercerse mediante al apelación al consenso ciudadano... la presencia visible del aparato armado en el ámbito político y estatal conlleva siempre una erosión de la dominación consensual, una disminución de la capacidad hegemónica de los factores dominantes... estos se encuentran incapacitados para convencer a las clases subordinadas y por tanto deben reprimirlas para conservar el poder”.

Sin llegar al extremo que señala la cita anterior, las Fuerzas Armadas uruguayas permanecieron en “conserva” y sin demasiado lucimiento una vez que terminaron las guerras civiles en l904; con posterioridad no hubo ningún riesgo serio ni interno ni externo. Cierto es que se mantuvieron expectantes durante las crisis de l933 y l942 y no significó que tomaran posición. Para López Chirico son nada más que un recurso de circunstancias de la burguesía dominante.

En una sociedad liberal y estable como la uruguaya, las Fuerzas Armadas no cumplían con ninguna función práctica para las que básicamente están preparadas: no había conflictos de límites, ni riesgos externos y el consenso social obviaba cualquier revolución. No faltaron militares que con sus estudios universitarios participaban activamente de la vida civil. Algunos sectores “liberales” mantenían un sentimiento antimilitar que compartían los sectores “conservadores” que consideraban caro el mantenimiento de las fuerzas.

La relación entre el partido Colorado y las Fuerzas Armadas era sólida y mantenía el equilibrio fundado en la confianza de subordinación del poder militar al poder civil y se había beneficiado eficientemente de la extensión de las leyes de “préstamo y arriendo” y de una discreta influencia “yankee”durante la Segunda Guerra.

El equilibrio interno habíase desarrollado por una temprana profesionalización, con la creación de la Escuela Militar en l884; de la Naval en l916 y de la Aeronáutica en l948. El conjunto de efectivos no pasaba los 10.000 hombres con armamento, entrenamiento, y disciplina a la francesa. Recién durante la Guerra se había optado por la asistencia de los EEUU. La Guardia Nacional había sido desmantelada y el Servicio Militar Obligatorio despertaba más críticas que adhesiones.

El Uruguay llegaba a la década del cincuenta con un equilibrio estable entre la sociedad civil, la política y el Estado. El ambiente liberal, de consenso, confiado en la intermediación de los partidos y la distribución de los beneficios colectivos no hacían pensar en que pudieran producirse colapsos y discensos con el cuestionamiento interno del modelo y menos suponer su destrucción por medios violentos; en ese caso se presentaban las dudas de cómo responder dentro de la legalidad.

LA ALINEACION DEL URUGUAY


Nuestra política estuvo tempranamente ligada a la vocación negociadora ya que en todo momento nuestros vecinos hicieron sentir su influencia de equilibrio mutuo, a más de un tercero siempre interesado en el puerto y en evitar desequilibrios perjudiciales.

En ningún momento la política uruguaya se dejó ganar por misticismos nacionalistas ó religiosos; el fascismo fue visto como una ocurrencia distante con escasa repercusión y pocos seguidores confesos. Los valores de orden y patria estaban presentes desde los programas escolares con una historiografía acorde que creaba héroes con responsabilidades compartidas. En todos los casos nos faltaba un enemigo.

La Segunda Guerra Mundial, cierto ó no el riesgo de una confrontación a escala continental, nos puso en la órbita de intereses hemisféricos de los EEUU, así participamos de la Junta Interamericana de Defensa en l942; del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en l947; realizamos la investigación de las actividades nazis en el país; se discutió la instalación de las bases y la oportuna neutralidad. Pasado el conflicto se ejerció una discreta vigilancia sobre las “actividades peronistas” y oportunamente admitimos las leyes norteamericanas para la seguridad mutua de l95l, los programas de asistencia militar de l952 y el intercambio de asesores y entrenamientos conjuntos en Panamá.

Durante la presidencia de Amézaga rompimos relaciones con el gobierno de Vichy (mayo de l943), reconocimos a la Francia Libre, admitimos el reclutamiento de voluntarios para la Legión Francesa, reconocimos a la Nueva Italia y finalmente declaramos la guerra el 22 de febrero de l945 en el marco de las Naciones Unidas. El ambiente interno se vió agitado por las denuncias de Luis Alberto de Herrera contra el imperialismo, el armamentismo y los vínculos con los EEUU. Desde el otro punto se le devolvió el mote de fascista.

La postguerra supuso la retirada del Imperio Británico y vínculos que se habían estrechado con los EEUU. A la distancia se observaban las tensiones mundiales provocadas por el “bloqueo” de Berlín en l947 y l948; la guerra de Corea, de l950 a l953 y el proceso de emergencia del Tercer Mundo.

Oportunamente se preparó una doctrina general como base de nuestras relaciones internacionales: no-intervención, negociación bilateral y arbitraje, autodeterminación de los pueblos. La década siguiente resultó más preocupante en cuanto a las “derrotas” que sufría el liberalismo: en Hungría l956; en Cuba l959; en Checoslovaquia l968 y en Vietnam 1973.

Los asuntos de Cuba y de Santo Domingo habían repercutido agriamente en el contexto nacional ya que se trataba: de mantener la solidaridad del mundo libre frente a la agresión “comunista” y de responder eficientemente a una política latinoamericana de no-agresión.

El fenómeno de la subversión sorprendía al gobierno desde el momento en que solo podía ocurrir donde las condiciones de vida eran atrasadas respecto de nuestra sociedad. Podía haber guerrilla en Guatemala, y no en el Uruguay. Kennedy había apostado a la preparación de América Latina para guerras de “bajo perfil”: el desgaste paulatino del enemigo a cargo de los servicios de inteligencia y de fuerzas de elite locales con asistencia norteamericana.

El comunismo fue presentado como causa y benefactor de todo movimiento insurgente en el continente; lo que suponía enfrentar a la Unión Soviética e impedirle llevar a término su “sistema socialista mundial”. Esta refinada agresión suponía el uso de todos los medios admitidos a un doble fin diferente del que el liberalismo podía otorgarles: propaganda, organización de frentes populares, infiltración de instituciones, adoctrinamiento, organizaciones secretas de asistencia ideológica y militar; con apoyo en el cuerpo diplomático, en los servicios secretos, en becas de estudios y por último en la violencia directa.

Frente a esta situación el Uruguay, reaccionó el 12 de enero de l96l expulsando al embajador de Cuba; el ocho de setiembre de l964, se decretó la ruptura de relaciones y el cuatro de octubre de l966 fueron expulsados cuatro diplomáticos soviéticos.



LA CRISIS GENERAL DEL MODELO ECONOMICO Y SOCIAL

EL COLAPSO DEL NEOBATLLISMO

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el desplazamiento del Imperio Británico y el ascenso de los EEUU a primera potencia marcaron el final de una época en nuestras relaciones económicas. El Plan Marshall inició prontamente la reconstrucción de Europa y aparecieron en el reordenamiento mundial de la economía nuevas instituciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Estas instituciones supranacionales resolverían cuanto y como prestar. El sistema solo admitió a los países capitalistas según una cuota previa determinada por su volumen comercial y monetario, que finalmente dejó las decisiones en manos de unos pocos países, “Club de los 10, ó de París”.

El reajuste de la Economía Mundial para un nuevo orden, afectó al Uruguay a través de los desequilibrios comerciales, de su balanza de pagos, la pérdida de mercados, de precios y de volúmenes de exportación. El resultado no se hizo esperar con el estancamiento de la economía en sus áreas agropecuaria e industrial.

El sector industrial fue el que acusó la crisis inmediata ya que había crecido en un mercado artificial beneficiado por los “precios de guerra” y la participación del Estado. Ahora, enfrentado a la competitividad mundial, colapsaba, ya que el mercado interno era mínimo, se carecía de innovación tecnológica y el sistema de importaciones no permitía continuar el esfuerzo a largo plazo debido a lo oneroso del costo y los magros resultados. El conjunto de la estructura económica acusó el golpe, apareciendo el fenómeno inflacionario, el déficit en las cuentas del Estado y la necesidad urgente de financiamiento que el país no podía proveer y que debía buscarse en el exterior a través del crédito y de las inversiones directas.

El neobatllismo había disfrutado las ventajas de la coyuntura internacional llevando adelante la mayor ampliación del “estado benefactor, nacionalizando los tranvías, 1947; los ferrocarriles, l947; las Aguas Corrientes, l948 y ampliando los servicios sociales como Asignaciones Familiares, Subsistencias, Cajas de Jubilaciones Civil, Rural y de Industria, y varias leyes sociales como Consejos de Salarios, estatuto del peón, indemnización por despido, salario vacacional, centros maternoinfantiles, jubilaciones domésticas y rurales, derechos civiles de la mujer, institutos de Formación Docente... Se había llegado a la panacea de que el Estado podía lograrlo todo.

La década del cincuenta marca el fin del modelo fundado en la industrialización dependiente, en el proteccionismo, en las coyunturas favorables y en definitiva en la oportunista "sustitución de importaciones”.



El problema radicaba ahora en administrar los recursos exiguos, y reestructurar el nivel de vida del país ajustándose a las nuevas condiciones internacionales para lograr un crecimiento permanente y real, que no dependiera de coyunturas internacionales. La economía del país se veía enfrentada con sus propias limitaciones y su imposible incidencia en los mercados internacionales.

Las nuevas bases para el crecimiento global serían fijadas por los países capitalistas de mayor desarrollo en función de: correcta administración de los créditos asignados a programas de desarrollo concretos, liberalización del comercio, contención de la inflación y del gasto público. Las crisis locales se entrecruzan con las crisis internacionales. 1955, marcó la profundización de la crisis. “El modelo batllista fue el único proyecto coherente y efectivo que poseyó el Uruguay en el presente siglo, cuando este modelo colapsó, no se llegó a crear un modelo de reemplazo que funcionara aceptablemente”

En l955, cae la rentabilidad de las actividades económicas y no es posible financiar importaciones necesarias y se destaca el marcado déficit en la balanza de pagos y la inflación con inmediatas repercusiones en el campo social donde se produce la primera escalada de huelgas y se aplican las primeras medidas prontas de seguridad.

Ante los reclamos obreros y las indecisiones del gobierno sobre las necesarias reestructuras queda en evidencia la contradicción del sistema frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional que recomendaba: promover la liberalización comercial, atender las exportaciones rentables y la producción a bajo costo, una severa disciplina fiscal, monetaria y salarial, el retiro del Estado de los mercados y la promoción de las inversiones.

La revolución tecnológica de los sintéticos afectó el precio de las lanas, la venta de los excedentes norteamericanos por la ley 480 protegiendo su propio mercado afectó el resto de nuestras ofertas. El “sistema de sustitución de importaciones” estaba encontrando ya en el final de la guerra dificultades para mantener sus abastecimientos, reemplazar equipos, adquirir materias primas, que se estaban abonando mediante los excedentes de la producción agropecuaria. En l955, el sistema colapsó por ineficacia comercial y tecnológica.

En su participación directa en la economía, el Estado había tomado desde l941 el contralor de exportaciones e importaciones, regulando valores, volúmenes y destinos. Desde l947, agregó el Control de Cambios, revaluando el dólar y el peso, según destino. Desde l950, la pérdida progresiva de reservas y la imposibilidad de continuar con el sistema obligaba a un reajuste urgente ya que la artificialidad no podía continuar .





LOS AJUSTES ENTRE 1959 Y 1966

Los estancieros y otros grupos rurales ganados por la Liga Federal de Acción Ruralista aportaron sus votos a la coalición Herrera-Nardone en las elecciones de l958. Para abril la coalición estaba rota y Herrera se había distanciado de Nardone. El líder herrerista no había sido electo para ningún cargo.

Los estancieros ya habían enfrentado a Luis Batlle con algunas medidas económicas de fuerza y contra la ley en algunos casos: retención de zafras de lana, contrabando de ganado en pie, retención de abastecimientos a Montevideo y de ganados para la industria de exportación; reclamaban a cambio medidas cambiarias que favorecieran directamente su rentabilidad.

Los estancieros conformaban un grupo tradicionalmente fuerte por que 3.800 productores controlaban el 57 % de la tierra y otros 1.200, un 35 %. Sobre 17 millones de hectáreas, cinco mil productores disponían de latifundios de aproximadamente 3.500 hectáreas con mínimo empleo de mano de obra.

El gobierno en medio de la crisis no tomaba las decisiones necesarias debido a los enfrentamientos internos de cada partido y dentro del Poder Ejecutivo Colegiado, donde los herreristas, ruralistas y batllistas estaban en minoría, unos respectos de los otros.

La ley de reforma cambiaria y monetaria eliminó los controles de exportaciones e importaciones y fue la primera medida concreta de una política económica de desregulación del mercado para facilitar la inserción global y regional. La medida liquidó las categorías de productos y el cambio diferencial prefijado. Produjo una devaluación que repercutió en una caída de los salarios. En el campo del crédito se firmaron reiteradas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional: 7 de setiembre de l960, junio de l961, setiembre de l962 y mayo de l966, mientras se reiteran las propuestas para continuar la desregulación del mercado.

La inflación repercutió en los salarios y cayó el nivel de consumo, por otro lado las necesidades de financiamiento llevaban a una reforma tributaria y a la solicitud de créditos con mayor frecuencia: la deuda ubicada en 220 millones de dólares en l958 crecerá a ritmo sostenido, duplicándose para l960, 433 millones .

Para Nahum “a la condición de dependiente que emanaba de la división internacional del trabajo, donde le corresponde la exportación de materias primas y alimentos hacia los centros industrializados, se sumaban ahora nuevas formas de subordinación, la utilización creciente de instituciones internacionales de crédito era uno de ellos”.

El sistema suponía la liquidación del parque industrial y las necesidades financieras para el desarrollo rentable pusieron al país en condiciones desventajosas en el mercado internacional, frente al proteccionismo de los Estados Unidos y del Mercado Común Europeo. El deterioro de la calidad de vida, el desempleo, y las medidas del gobierno a favor de los estancieros y otras indecisiones produjeron lentamente una agitación social general de protesta, que los sindicatos aprovecharon sin lograr aún la unidad de acción y sin implicarse demasiado en políticas partidarias.

Para la interpretación de izquierda estaban todos los términos de la ecuación marxista: economía dependiente agroexportadora, en manos de la oligarquía terrateniente asociada a la oligarquía política y empresarial, con claros intereses de clase antipopulares y antinacionales. La lucha entre los “reclamos populares” y la “oligarquía” debería resolverse tal como lo ejemplificaba la revolución cubana y otros movimientos de liberación socialista en el Tercer Mundo.

El pensamiento conservador encarnado en Nardone, político intuitivo, que construyó su imagen a través de la radio; utilizó otros términos de una ecuación más local: la lucha era entre el trabajador y el “chupasangre” urbano, todo era cuestión de disciplina y de liquidar los resabios del “comunismo de la quince”. La lucha era entre el campo y la ciudad. En agosto de l959 se tomaron nuevamente medidas prontas de seguridad contra los huelguistas.

Se toma distancia de cualquier complicidad comunista: incidentes durante la visita del Che Guevara, expulsión de diplomáticos soviéticos, voto por la expulsión de Cuba de la OEA.

Otra de las medidas, fue la de crear la CIDE - Comisión Inversiones y Desarrollo Económico - cuya secretaría ocupó el economista Enrique Iglesias. La institución sería guiada con las directivas de CEPAL - Comisión Económica Para América Latina - y de la Alianza para el Progreso. La inmediata tarea fue recaudar la información necesaria a través del censo nacional de l963 (desde l908, no se realizaba un censo tan solo estimaciones); y un Informe Económico de Diagnóstico y Perspectivas. En enero de l964, se propuso el Plan de Desarrollo Económico y Social.

La propuesta señalaba: la estructura productiva inadecuada del agro dedicado prioritariamente a la ganadería extensiva y de una industria obsoleta. Los riesgos de conflictividad se centraban alrededor del empleo y el salario. Se aseguraría el cambio dólar-peso. Se iniciaron discusiones escalonadas sobre las reformas, agraria, promoción agropecuaria, tributaria, financiera, y del comercio exterior. Las reformas se transformaron en la panacea que resolverían todos los problemas, pero las propuestas del poder político no contaban con el acuerdo de los que serían reformados y la búsqueda de la quinta esencia de la reforma perfecta las eternizó. A la luz de las propuestas del socialismo internacional, las reformas fueron incorporadas como objetivos en los discursos de la oposición.

Los sectores capitalistas trataron de salvar sus bienes sacándolos del circuito productivo invirtiendo en tierras, bancos, inmuebles y dedicándose en general a la especulación. No faltaron casos de remesas al exterior.

La situación entraba en canales sin salidas por que el capital nacional y aún el internacional no se arriesgaban a caer en los efectos de reformas y nacionalizaciones, mientras la intranquilidad de la situación hacía más frecuentes y violentos los reclamos obreros y las presiones estatales, tributarias y de legislación social bajaban cualquier expectativa de lucro a corto plazo. El capital priorizó la especulación

La rotación de los partidos tradicionales en el poder no podía solucionar la crisis por que esta no tenía un origen local ni una solución local y voluntariosa. Ni siquiera la rotación de fracciones dentro del partido Nacional hacía suponer que políticamente existiera una solución. Y para el caso, esta solución no permitía la continuidad del modelo de “estado benefactor” por que la coyuntura favorable había sucumbido con el nuevo orden mundial capitalista.

El primer gobierno blanco-ruralista inició la liberalización económica y admitió las recomendaciones del Fondo Monetario, canceló subsidios y trató de reducir el déficit fiscal poniendo orden en la moneda y en los gastos. Durante el segundo gobierno blanco con la UBD, se admitió un doble mercado cambiario, se atenuó la apertura económica, pero fue liquidado por la crisis bancaria de l965 y en definitiva por la falta de decisiones concretas. “A contramano de los discursos liberalizantes, el gasto público creció y mantuvo su composición interna.

Los problemas se habían agudizado: el déficit comercial, el endeudamiento, la liquidación de las reservas, el clientelismo y el déficit presupuestal asociados a la devaluación llevaron a profundizar la crisis. Para los opositores se trataba de la realización de la dominación oligárquica de la clase capitalista con apoyo imperialista contra el pueblo trabajador que debía liberarse de sus opresores mediante la revolución. El mundo era radical y revolucionario y en nuestro país la “utopía” había llegado a su fin.

Los proyectos de planificación económica de la CIDE en las áreas económica, social y estatal, carecían de antecedentes y sobre todo de políticos capaces para llevarlos a buen término. Wilson Ferreira Aldunate, desde el ministerio de Ganadería y Agricultura, afiliado a las tesis de CEPAL envió una andanada de leyes, en l964, que caducaron dentro de su propio partido: de semillas, forestal, conservación de suelos, fertilizantes, cooperativas, sanciones por infracción a la comercialización rural, y reforma agraria.

Los ganaderos habían aumentado decididamente su influencia en el gobierno, con la derrota del partido Colorado en l958 y la presencia de los ruralistas en el gobierno, por lo que se había planteado un grave desequilibrio en las estructuras de poder social, económica y política del país.
La base productiva ganadera dominaba la economía del país, el 90 % de la tierra estaba dedicada a la explotación ganadera sobre pastos naturales con baja inversión y menos mano de obra. 2.500 establecimientos rurales administraban 7.500.000 hectáreas y en el otro extremo, 32.000 minifundios administraban otros 7.500.000 de hectáreas.

La quiebra de ocupantes, arrendatarios y pequeños propietarios se hizo cotidiana así como la emigración hacia la ciudad y la expulsión liza y llana de trabajadores rurales asalariados.

El proyecto agrario cuya fama superó a su realidad, aunque el poder rural era muy real, se transformó en la “piedra filosofal” que resolvería todos los problemas. Para Wilson Ferreira facilitaría el acceso a la propiedad a quienes quisieran trabajarla, mejoraría la distribución mediante la limitación de superficies a 2.500 hectáreas y aseguraría los mecanismos de protección a la pequeña y mediana propiedad. Desalentaría la especulación en el mercado inmobiliario de tierras y admitiría el arrendamiento con inversión y continuidad. Se implementarían los mecanismos de asistencia técnica, financiera y tributaria para estimular la permanencia, la producción, la rentabilidad y el empleo.

La reforma agraria muy conservadora y “cepalina” caducó aunque trajo a discusión el tema de las panaceas socialistas de la lucha entre la oligarquía terrateniente y el campesinado, los problemas del agro uruguayo fueron mixturados con los que sufrían Cuba y América Central ya que toda América Latina era víctima del mismo verdugo capitalista.

La crisis bancaria de l965, iniciada en el Banco Transatlántico arrastró por iliquidez a todos los otros bancos, cuyas actividades de especulación habían llegado a límites de riesgo por el pago adelantado de las más altas tasas de interés. Los endeudamientos, el respaldo inmobiliario, las “corridas” y las intervenciones oficiales no lograron prever ni proveer recursos frente a la crisis.

El gobierno de la época a la hora de tomar las decisiones se encontró con incómodas disyuntivas: por una parte, los que querían seguir fielmente los dictados del Fondo Monetario, liberalizando el mercado y abaratando las exportaciones más rentables; por otra parte, los que consideraban las recomendaciones de CEPAL, que suponían un desarrollo a corto plazo introduciendo las reformas necesarias para que funcionara un plan económico; por otra parte, los que deseaban mantener funcionando el “estado benefactor” y finalmente los que consideraban que había que salir del circuito capitalista siguiendo el ejemplo de Cuba.

Las decisiones carecían de las mayorías necesarias para imponerse, consolidarse y enfrentarse al veredicto de las urnas. Políticamente, deteriorar la situación más de lo que ya estaba era demasiado riesgo.

En su trabajo para la Academia Nacional de Economía, el contador Mario Buchelli, insiste en las opciones disponibles hacia l966: la planificación propuesta por CEPAL; los programas de ayuda, de la Alianza para el Progreso, el BID y el gobierno de los EEUU; las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial que exigían proyectos concretos.

La opción se dirigió hacia la planificación y centralización. En el proyecto de reforma constitucional a plebiscitarse en noviembre de l966 se incluyeron: la creación de la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Banco Central, la integración regional, el Consejo Económico y Social, un riguroso sistema de presupuestación, la posible participación privada en los entes autónomos. Se crearía después la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Continuando con las opiniones de Buchelli, la industria nacional estaba condenada de antemano al fracaso: “el modelo de desarrollo hacia adentro tuvo un período de iniciación y consolidación, un período de auge (1945 a 1955) y finalmente, el ocaso, este último se ubica en la mitad de la década del 50... la demanda interna fue insuficiente para sostener el crecimiento del sector industrial, la industria nacional no era competente en el mercado exterior y no podía expandir su actividad y el sector agropecuario dejó de crecer a partir de mediados de la década del 50... el agotamiento del modelo cuando llegó al fin la posibilidad de continuar sustituyendo importaciones y el aislamiento del país de la economía mundial que no le permitió participar del crecimiento del comercio mundial de las décadas del 50 y del 60, llevó al estancamiento de los sectores productivos”.

Sobre el tema de las reformas, Carlos Frick Davie, señala que entre l940 y l960 se presentaron al menos 12 proyectos de reforma agraria, los que no consideraban los problemas reales de tecnología, crédito y mercado. Emilio Frugoni, Amílcar Vasconcellos, Daniel Fernández Crespo y Wilson Ferreira Aldunate llevaron las ventajas, sin efectos. También se incluyeron novedosos problemas: la nacionalización de la tierra para evitar su extranjerización, limitar las extensiones de un propietario y prohibir las inversiones de las sociedades anónimas.

El agro quedaba estancado y lentamente los pequeños propietarios debían liquidar sus empresas y trasladarse a la ciudad al igual que los asalariados rurales. El sector industrial se resiente cada vez más respecto del recorte de subsidios y la imposibilidad de mejorar sus recursos tecnológicos y crediticios. El Estado por su parte entra también en una espiral crítica expandiendo la moneda mediante la devaluación, lo que impulsa la inflación, esto es el aumento sostenido de los precios. Jubilaciones, salarios y empleos se vieron afectados y creció el enfrentamiento con sectores sindicalizados, del ámbito privado y público, tanto de las clases medias como de las asalariadas.






LA CRISIS SE EXTIENDE A LA POLITICA (1952-1966)


LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1952 Y EL NEOBATLLISMO


En l950, se inició el camino hacia una reforma constitucional que establecería definitivamente un órgano ejecutivo colegiado, uno de los proyectos inconclusos del batllismo. Al final de la década del cuarenta el número de entes autónomos, servicios descentralizados y monopolios había crecido notoriamente con la incorporación definitiva de tranvías, ferrocarriles, aguas corrientes... Y un ejecutivo colegiado permitiría aunar criterios entre los partidos tradicionales y entre sus fracciones, siendo un corolario de coparticipación y responsabilidad.

La reforma fue apoyada por 85 representantes y 26 senadores y rechazada por 14 y 4 respectivamente. Plebiscitada el l6 de diciembre de l951, concurrieron a votar el 37 % de los habilitados con el resultado de que sufragaron por Si, 232.000 y por el No, 197.000. La propuesta nacía entre la indiferencia de la ciudadanía y el oportunismo de las fracciones que la apoyaron. Incluso en Montevideo fue rechazada.

El primer colegiado quedó integrado por los colorados: Andrés Martínez Trueba, Francisco Fortezza, Antonio Rubio, Héctor Alvarez Cina, Luis Brause y Eduardo Blanco Acevedo y por los blancos: Alvaro Vargas Guillemette, Martín Echegoyen y Roberto Berro.

La responsabilidad quedaba compartida en momentos que la crisis se dejaba sentir y se escalonaron los problemas: pérdida de reservas internacionales, de mercados y volúmenes de exportación, inflación, fractura en los sindicatos que se agitan, medidas prontas de seguridad (marzo, setiembre de l952), denuncias de corrupción y movilizaciones del Ruralismo.

Al tiempo, quedaba en evidencia otro problema, el Poder Ejecutivo se había parlamentarizado, constituyéndose en la “tercera cámara”, ventilando públicamente las discusiones y opiniones vertidas. El Presidente del Consejo actuaba en forma simbólica presidiendo el debate, recibiendo embajadores, firmando los documentos y presidiendo los actos. La presidencia rotaba entre los cuatro miembros del lema más votado. En el ámbito de los ministerios y entes se consolidó la cuotificación partidaria al sistema 4 y 3; 3 y 2; y 2 y1 según el número de directores a nombrarse.

Para Washington Beltrá,, que integró el Consejo de Gobierno entre l962 y l966, el asunto se agravaba porque nada había de carácter reservado, todo era público y debatido por elemental que fuera y sin ningún tipo de responsabilidad.


Reflexionando, endurece su juicio: “el monstruo absurdo que creamos en l952, se exhibió, en la intensidad de todas sus defectuosidades en el período 1963 a l967... diríamos que habíamos introducido en el cuerpo institucional del Estado un verdadero cáncer, con un cuadro creciente de metástasis que lo consumía... en cada nuevo gobierno se multiplicaba la parcelación de los partidos políticos... con el ordenamiento de la constitución de l952, no había en el universo partido político que pudiera gobernar”.

El segundo colegiado, elegido en l954, quedó integrado por Luis Batlle Berres, Alberto Zubiría, Carlos Fisher, Arturo Lezama, Justino Zavala Muniz y Zoilo Chelle por los colorados. Por los blancos: Luis Alberto de Herrera, Ramón Viña y Daniel Fernández Crespo. La crisis económica dejó sentir todo su efecto y la agitación contestataria se incrementó. Los estancieros recurrieron al contrabando y otras medidas de sabotaje económico, mientras Benito Nardone agitaba al ruralismo, se extendían las huelgas y la movilización de los estudiantes. Y la cuotificación alcanzaba niveles exorbitantes en la administración creciendo el número de jubilaciones, de 53.280 a 141.293 y el número de funcionarios, de 168.532 a 193.800.


LOS BLANCOS EN EL GOBIERNO (1958-1966)


El neobatllismo se retiraba en l958 del gobierno en medio del fracaso económico, la crisis social y con un desprestigio que el liderazgo de Luis Batlle no pudo equilibrar. El partido colorado se retiraba en medio de un fraccionamiento irreconciliable entre la “catorce” y la “quince”.

La alianza de oportunidad entre Benito Nardone y Luis Alberto de Herrera, dio la victoria a la coalición. La fórmula no obtuvo los votos suficientes para sancionar una reforma constitucional, Herrera no fue electo para ningún cargo y Nardone no tardó en hacérselo notar. La ruptura no se hizo esperar y la muerte de Herrera el 8 de abril de l959, lejos de terminar el problema la proyectó al seno mismo del Consejo de Gobierno cuando ya no había en él ninguna fuerza mayoritaria. El Consejo quedó constituído con tres ruralistas, tres herreristas y tres colorados: Benito Nardone, Faustino Harrison, Pedro Zabalza, Martín Echegoyen, Eduardo Víctor Haedo, Justo Alonso, César Batlle, Ledo Arroyo Torres, y Manuel Rodríguez.

Antes de las elecciones de l958 una intensa movilización obrera y estudiantil había sumado fuerzas en su protesta reclamando la ley orgánica para la Universidad, el salario por maternidad, la asignación familiar para los desocupados, los seguros de enfermedad para la construcción, la ley de despidos y las vacaciones anuales. Una amplia legislación que satisfacía aspiraciones sectoriales y que no aportaba ninguna solución de fondo a los exiguos recursos de una situación que se hacía insostenible.

La rotación de partidos en el poder no tenía antecedentes: impulsó al escenario político a figuras nuevas y agrupamientos heterogéneos a los que se agregaba una total impericia de quienes pasaron de la oposición a la decisión ejecutiva. Se demostraba que el estado de derecho era estable frente a las crisis cíclicas de la República Argentina. La rotación de los partidos puede interpretarse como una solución moderada, sin extremismos dentro del sistema político de nuestro país.

El partido Colorado perdía las elecciones afectado por el fraccionamiento, el fracaso de sus propias indecisiones, la debilidad del Consejo Nacional y dejaba graves problemas para los que se carecía de soluciones.

El partido Nacional llegaba sin autoridades comunes entre los tres sectores que se acogieron al lema: Ruralista, Herrerista y Unión Blanca Democrática. Cada lista de las múltiples que se presentaron había contraído innumerables compromisos a satisfacer desde la acción estatal. El clientelismo hacía su cosecha de votos y después había que cumplir. El voto que cada comité barrial se encargaba de recolectar, suponía una tarea de mediación de la que resultaban: jubilaciones, pensiones, empleos, resoluciones, licitaciones, trámites ministeriales y municipales, comerciales y administrativos. El caso del Director de la Caja de Industria y Comercio, Carlos Furest, ha sido memorable en cuanto a que empleaba 44 secretarios .

Los blancos ganaron en l8 departamentos, el partido Colorado quedó “como Ansina, solo con Artigas”. El partido Nacional había actuado como una fuerza opositora eficaz desde el siglo XIX, capitalizaba el descontento rural sin ser un partido de los estancieros. Sin ser electo su líder Luis Alberto De Herrera, el fracaso de la reforma constitucional presidencialista habría el peligroso terreno de los acuerdos internos e interpartidarios para tomar las decisiones, especialmente la de crear el Banco Central y la CIDE.

De todas formas se tomó una opción conservadora a favor de las medidas económicas indicadas por el FMI y los EEUU: favorecer las exportaciones básicas y rentables, satisfaciendo con la desregulación del cambio y del comercio internacional los intereses del grupo dominante de propietarios ganaderos.

Nardone había incluido como concepto fundamental en su discurso, el anticomunismo que ahora tomaba trascendencia en plena cuestión cubana, desde l959, condición básica de los EEUU para llegar a un acuerdo con cualquier país ya que la considera una amenaza a su seguridad y al continente. Nardone se alineó debidamente. Por obra de las circunstancias quedaban asociadas en una misma amenaza: Cuba y el comunismo (especialmente después de la ocupación de Hungría en l956) y la agitación social con los permanentes reclamos de los huelguistas. El anticomunismo, los definió como el enemigo.



Para las elecciones de l962, la situación estaba lejos de haber mejorado, el nuevo Consejo Nacional de Gobierno mantuvo el triple empate, solo que fue la UBD, la que obtuvo la mayoría electoral. Por el partido Nacional ingresaron como consejeros: Daniel Fernández Crespo, Washington Beltrán, Carlos Penadés, Héctor Lorenzo, Luis Giannatasio y Alberto Heber; por el Partido Colorado, lo hicieron: Alberto Abdala, Amílcar Vasconcellos y Oscar Gestido. En el parlamento, la situación era incómoda porque el partido Nacional solo disponía de 46 diputados y l5 senadores; no tenía una cómoda mayoría que le permitiera gobernar. En l958, el partido había dispuesto de 17 senadores y 51 diputados a pesar de la deserción de dos, Ariel Collazo y Enrique Erro.

Los problemas se iniciaron entre la UBD y la Alianza Herrero-ruralista alrededor del nombramiento de ministros y directores para los entes autónomos. La falta de mayorías produjo indecisiones fatales a la hora de aprobar las leyes necesarias quedando como recurso de circunstancias el decreto, siempre revocable si se alteraban las mayorías que le daban origen. A la ruptura interna entre los sectores del partido Nacional le siguió la ruptura de la UBD que para l966 se había disuelto.

La falta de soluciones de fondo, electoralmente viables, había llevado a una simplificación de los problemas: la corrupción era la causa y bastaría poner al frente del gobierno a los hombres más honrados y austeros; todo era una cuestión de administración.

La situación económica y la agitación social no se aquietaban, mientras que las políticas implementadas seguían oscilando entre el desarrollismo de CEPAL y las directivas del FMI. La oposición provenía del partido Colorado y de la izquierda que empezaba a reagruparse y a ganar las calles a través del movimiento obrero y estudiantil, marcó sus ventajas de reorganización: renovación de dirigentes, reordenamiento de los sindicatos y centralización unitaria en el CNT, desde l964 y en su discurso una lucha denodada contra el FMI, por las reformas y a la inspiración de la revolución cubana convocaba a la revolución .

Toda la culpa se le asignó al sistema de colegiado y se empezaba a entrever una nueva reforma constitucional para l966. Washington Beltrán rememora, su presidencia anual en el Consejo: “objetivo, imparcial, analítico, así ceñí mi investidura, el 1 de marzo de l963, para a los pocos meses, erigirme en militante como enemigo acérrimo del sistema, porque era una hemiplejía gubernamental, la parálisis de todas las iniciativas, el cepo amodorrante de los mejores propósitos... un ejecutivo, reclama dinámica en el proceder, rapidez en las respuestas, unidad en la determinación. El Consejo Nacional de Gobierno era la negación de esas imprescindibles virtudes”.





Las huelgas se escalonaron, el recurso de medidas prontas de seguridad se hizo más frecuente, mientras cundían los rumores y el alarmismo. En la oposición, el resentimiento del partido Colorado y la obcecación de algunos de sus dirigentes, no llamaba ni a la cordura ni a la responsabilidad, sino a la confrontación. Las interpelaciones se reiteraban con su sistemática seguidilla de exageraciones, denuncias, críticas e indecisiones. En palabras del citado autor, “estábamos en una verdadera edad media institucional, no había un centro de poder, se llegó a una verdadera feudalización”.

La crisis bancaria de l965, las infidencias, los escándalos, el cese de pagos, la suspensión de importaciones, la devaluación, el desempleo y la agitación, se extendían y desprestigiaban al gobierno. Las medidas prontas de seguridad se hicieron más frecuentes, en1965 fueron impuestas por dos veces, del 7 de octubre al 4 de noviembre y del 7 al 23 de diciembre.

La declaración de ilegalidad de las huelgas de los funcionarios públicos, el concepto de esencialidad de los servicios, los proyectos de reglamentación sindical y el desalojo de los lugares de trabajo ocupados sin orden judicial, y medidas más extremas como el golpe de estado, empezaron a circular en las cúpulas de los partidos y aún de las Fuerzas Armadas. El asunto no era novedoso, se puede rastrear antes de 1952.

El presupuesto nacional cargó con las soluciones circunstanciales y el Estado trató de compensar la crisis absorviéndola: el número de funcionarios públicos creció de l93.800 a 213.000; las jubilaciones de 278.000 a 346.800. El gasto general aumentó de 780 millones de pesos en l958, a 2.580 millones en l962, financiado con devaluación y a un ritmo de inflación creciente ó por lo menos constante.

Para la interpretación marxista de los hechos, el período pone en evidencia la agudización de la lucha de clases y realineamiento de fuerzas: oligarquía y pueblo. En esta oligarquía, el capitalismo dominante: bancario, latifundista y exportador. Al otro la CNT, Convención General de los Trabajadores.

Las elecciones de l966 llegan en medio de la crisis de los partidos tradicionales y de la agitación pública.












LA CRISIS DE LOS PARTIDOS HACIA 1966


La primera de las novedades introducidas en el sistema político y en los partidos tradicionales es el anticomunismo. “Las oposiciones sociales ó económicas aparecieron encubiertas bajo el manto de la lucha ideológica, a los ojos de los uruguayos de la época había surgido un nuevo enemigo, el comunismo, primer elemento de ruptura en la clásica tolerancia del Uruguay batllista”. César Batlle y Benito Nardone fueron sus abanderados en primera instancia, denunciando a Cuba, la conspiración internacional, los sindicatos, a los intelectuales, a la Universidad y a la enseñanza.

En l961, había sido presentado un proyecto de ley, de “defensa de la nacionalidad y del orden democrático” y un proyecto de reglamentación sindical. Los incidentes se sucedían en las calles y en el interior de las instituciones.

La segunda novedad es el aferramiento de la sociedad uruguaya a las soluciones conservadoras, porque los partidos de izquierda no crecieron electoralmente más allá del un 10 % de los sufragios válidos. Se suceden: la rotación de partidos en l958, a la rotación de fracciones dentro del mismo partido, para apostar finalmente en l966, a una reforma constitucional y a un presidente “tradicional y virtuoso, entre ellas la de militar retirado”. Por lo pronto, el sistema se conservó a si mismo con las reglas de juego del orden institucional. Es de notar que la CNT creció rápidamente en cuanto a organizaciones, a participación y a movilización y sus votos no se volcaban a la izquierda.

La seguridad y el prestigio son los pilares de la sociedad uruguaya y de su comportamiento electoral, según Aldo Solari. La política, en los partidos tradicionales, permite a ambos una relación directa fundada muchas veces en la amistad y familiaridad, antes que en la opción. “Los sectores sociales que no tenían, ni poder económico, ni poder sindical, ni relaciones personales de clase ó de socialización conjunta con los políticos, solo disponían de un único elemento con poder de canje o cambio de servicios o de bienes que podía distribuir el Estado, el voto y la adhesión política a quien le diera apoyo”.

Sobre estas bases es que Solari señala que el club político actuaba como gestoría y centro de interés de cada problema particular de tal forma que el partido aglutinaba intereses a satisfacer a costa de una pérdida de la democracia interna, del personalismo y el fraccionamiento de listas, perdiendo espacios globales que exigían capacidades programáticas dejando las soluciones cortoplacistas al interés electoral y al Estado.

Todo el sistema económico era vulnerable por que dependía de las coyunturas internacionales. La Segunda Guerra había repercutido favorablemente en la sustitución de importaciones. El nuevo equilibrio con los EEUU, la recuperación de Europa y de Japón iniciaron un proteccionismo de intereses propios, liquidaron las oportunidades de las economías que en su máxima capacidad exportadora no tenían mecanismos de presión.
El batllismo había equilibrado las cosas; pero sus opciones no eran a largo plazo y quedó demostrado que no toleró la crisis. El partido Nacional carecía de opciones y osciló tratando de conciliar presiones.

La tercera característica fue que si bien el Estado asumió la crisis a costa del gasto público, los partidos tradicionales no lograron acuerdos de unidad, ni internos, ni extra partidarios y mantuvieron una coparticipación limitada a las ventajas que cada uno podía obtener del eterno regateo de votos a fin de lograr los cargos para mantener su influencia.

El partido hizo perder de vista, el interés general; Costa Bonino, llega a afirmar que son “las patrias subjetivas de los uruguayos”. El personalismo que aglutinaba opiniones ó que las imponía, dejó a los agrupamientos en total horfandad y carencia de líderes carismáticos.

La cuarta característica es la aparición del concepto de corrupción y públicamente se ventilaban denuncias que al fin y al cabo minaban la credibilidad de todo el sistema ya que privilegios autoconcedidos, infidencias, contrabando “tolerado”, uso de bienes públicos, exoneraciones, licitaciones y sobrefacturación, eran los temas cotidianos. La imagen llevó al alejamiento progresivo de elementos jóvenes de los partidos tradicionales y de los intelectuales.

En el espectro político uruguayo, los intelectuales abandonaron los partidos tradicionales hacia posiciones que guardaban el desencanto con la pérdida de la inocencia y del lugar que había ocupado “nuestra utopía”. Los intelectuales al fin y al cabo quedaron aislados en posiciones culturales de vanguardia, en microgrupos políticos, alineándose en posiciones de raíz aristocrática, con gestos soberbios y dogmáticos, hipercríticos, siempre europeístas y “foráneos”. No se comprometieron en el menester político y desde la Universidad y otras instituciones culturales, analizaron la realidad con ideas sacadas de los libros.

Separados intelectuales y políticos profesionales, estos buscaron sus reemplazos en la nueva generación de técnicos que con rango de asesores tenían en su función rentada la posibilidad de proponer soluciones implementables. Lejos de formar un equipo homogéneo, se afiliaron a soluciones contradictorias admisibles según la rentabilidad electoral.

La interna de los partidos, se vio comprometida por el fallecimiento de los líderes históricos, desatándose a continuación una lucha por el poder que Alba Roballo describe como: “un monstruo ingobernable, un hato de caudillos, una masa heterogénea que toma las masas populares exclusivamente con fines electorales”. La ausencia de líderes, desataba la lucha entre los caudillos menores y como consecuencia la atomización y parálisis del gobierno.




En las elecciones de l966, la ciudadanía apostará todo al partido Colorado que supo elegir como candidato a un hombre con garantías: fuerte, honesto, incontaminado, general retirado, político experiente, con imagen de buen administrador. La reforma constitucional que se plebiscitaría era la que permitiría las soluciones frente a las que el colegiado había fracasado.


REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1966.


La nueva constitución sustituía al Colegiado por un Presidente y prolongaba el mandato de cuatro a cinco años. El Poder Ejecutivo fue convenientemente reforzado en sus facultades, otorgándole como facultades privativas: la remisión de leyes urgentes, el poder de veto, la iniciativa presupuestal y el control directo de los entes. En sus manos quedaban además los instrumentos para los planes de desarrollo económico y social como el Banco de Previsión Social, el Banco Central y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Oscar Bruschera señala al respecto que la reforma buscaba “eliminar el gobierno de responsabilidad despersonalizada del colegiado, al que se acusaba de ser débil, deliberante e inejecutivo y establecer un disciplinamiento planificado de la actividad gubernamental ”.

Entre otras consideraciones, Bruschera señala además que “ la propensión deliberativa del ejecutivo era un mal y que los riesgos del autoritarismo gubernativo no residen tanto en la fórmula constitucional como en la inoperancia que conllevaba la atomización de los partidos”.

Se presentaron a la ciudadanía cuatro proyectos de reforma: amarilla, sostenida por el movimiento sindical, producto del Congreso del Pueblo y con apoyo del FIDEL, Frente Izquierda de Liberación; la gris, sostenida por el partido Nacional; la rosada, sostenida por el partido Colorado y la naranja, sostenida por un acuerdo interpartidario, que en definitiva triunfó con 786.987 sufragios.


LAS FUERZAS ARMADAS


Para Líber Seregni, la politización de las Fuerzas Armadas se había iniciado desde los tiempos de Terra, cuando se plantearon las reparaciones de las carreras de oficiales afectados por falta de confianza política. La Segunda Guerra trajo aparejadas las hipótesis de guerra y de “quinta columna”, llevándose adelante la investigación de las actividades nazis en el Uruguay.

Los golpes de estado en América Latina eran corrientes y especialmente la desenfadada participación de las fuerzas armadas argentinas en el gobierno, no constituían ejemplos a seguir, pero no eran desconocidos.

Seregni, señala que el peor incidente se produjo el l de marzo de 1959, durante el cambio de mando, en que las unidades desfilaron con las armas cargadas y en pleno desfile se produjeron los relevos: el Inspector General, Rafael Milans fue sustituído por Modesto Rebollo; el Jefe de la Región Militar No. 1, Adhemar Fillipone, por Omar Porciúncula y el Jefe de Estado Mayor, Carlos Herrera, por Olegario Magnani. Cipriano Olivera, ocupó el ministerio de Defensa Nacional.

La influencia del poder político se hizo sentir en las filas cuando crecía el liderazgo de oficiales como los generales Mario Aguerrondo y Liber Seregni. Los golpes de estado en Brasil y en Argentina hicieron aumentar los rumores de que se pudieran producir aquí. Para l965 se había formado la logia de los “tenientes de Artigas” de la que fueron fundadores, Luis Vicente Queirolo, Mario Aguerrondo, Roberto Ballestrino, Julio César Vadora, Abdón Raimúndez, Esteban Cristi, Boscán Hontou y otros. Eran artiguistas y anticomunistas .

JORGE PACHECO ARECO

Las elecciones de 1966 presentaron múltiples candidaturas: el partido Colorado llevó cinco fórmulas: Oscar Gestido-Pacheco Areco; Jorge Batlle-Julio Lacarte Muró; Zelmar Michelini-Aquiles Lanza; Amílcar Vasconcellos-Renán Rodríguez y Justino Jiménez de Aréchaga-Nilo Berchesi. El partido Nacional presentó candidaturas más homogéneas: Martín Echegoyen-Dardo Ortíz, Alberto Gallinal-Juan Zeballos y Alberto Heber-Nicolás Storace.

Se mantuvo la tradicional fragmentación más o menos enquistada de unos con otros dentro de los lemas. Las propuestas no traían novedades de solución a la conflictiva situación, ya que todo el interés del momento estaba en ganar las elecciones sosteniéndose en la reforma constitucional y en una apuesta a “nuevos hombres honrados”. La constitución marcadamente presidencialista concentraba en el Banco Central del Uruguay y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en el capítulo de Hacienda y en el artículo 220 los recursos para poner en orden el rumbo económico del país.

Los resultados electorales devolvieron al partido Colorado la titularidad del gobierno, al presidente, general (retirado) Oscar Gestido, le acompañarían en el ministerio de Hacienda el liberal “fondomonetarista”, Carlos Vegh Garzón y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el “desarrollista”, Luis Faroppa.

Oscar Gestido, de 65 años, había logrado fama de buen administrador, eficaz, severo y austero durante las intervenciones en PLUNA, 1949 y en AFE, en 1957. Consejero de gobierno en el período 1963 a 1967 y ex_inspector general del Ejército, unía en su persona las dotes de colorado “batllista”, conservador, estrecho, vacilante y masón, según Carlos Machado.

La primera opción fue la de convocar en su entorno los hombres más capaces: Carlos Vegh Garzón, Luis Faroppa, Zelmar Michelini y Amílcar Vasconcellos. Las diferencias de opinión en los temas de economía, dadas las opuestas concepciones de los cuatro, hizo imposible cualquier acuerdo. Finalmente ocuparon los primeros planos en decisiones económicas: César Charlone y Enrique Rodríguez Larreta.

La segunda opción fue seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, produciéndose el devacle: devaluación, inflación y medidas prontas de seguridad.

La política “batllista” clásica, funcionaba bien en períodos de prosperidad totalmente dependientes de las condiciones internacionales, no encontraba ajustes en el nuevo orden económico mundial y no encontraba soluciones para un “estado benefactor” limitado a un espacio económico cada vez más estrecho y sin alcances.

Cancela y Melgar, señalan que la cohesión del poder político para tomar decisiones económicas rupturistas, reformistas ó de cualesquier otra índole era totalmente insuficiente y el apoyo popular muy exiguo.

En noviembre de l967, se aprobó la devaluación, a la que siguió otra, más importante en abril de 1968. La inflación venía en ascenso con períodos frágiles de estabilidad, causaba estrago en los salarios y en el comercio minorista, mientras se elevaban voces, rumores y denuncias de las implicancias para favorecer a los sectores económicos más influyentes y a los inmensos negociados de especuladores en la banca.

Los sindicatos eran el primer agente de denuncia y confrontación de los sectores trabajadores nucleados ahora por la CNT contra la “oligarquía”. Las lecturas marxistas, confiaban en el cumplimiento de la profecía de la lucha de clases; era evidente la complicidad del gobierno y la desaprobación del pueblo trabajador, que aunque sindicalizado, votaba a los partidos tradicionales y confiaba en el sistema representativo republicano.

La devaluación y las medidas prontas de seguridad para enfrentar la agitación sindical, llevaron las renuncias de Michelini, Vasconcellos, Ruggia y Véscovi. Fueron sustituídos por hombres de la “15, de Jorge Batlle”, afiliados a los lineamientos del FMI: Horacio Abadie, PintosRisso y Manini Ríos.

La devaluación del 6 de noviembre fue de un 100 % respecto del dólar y la inflación alcanzó el 183 %. El gobierno restablecía la ortodoxia del Fondo Monetario a la que acompañaron las denuncias de “infidencia” y los escándalos obvios.




La situación empeoró cuando Gestido fallece el 6 de Diciembre. Su figura no había conseguido llenar el vacío de liderazgo generado desde la muerte de Luis Batlle en julio de l964 y la ingeniería electoral de la ley de lemas no contribuía a unificar los partidos y menos a que tuvieran respaldo suficiente en votos y en bancas. Dentro del partido Colorado, la “guardia vieja” del batllismo: Roballo, Abdala, Segovia, Vasconcellos, Flores Mora, tomaban distancia de la nueva generación “liberal” que encabezaban Jorge Batlle y Julio Sanguinetti. La crisis política no generaba un liderazgo que permitiera aglutinar opiniones y salir de la crisis .

El nuevo presidente, Jorge Pacheco Areco, solo tenía en su haber un “mudo” período como diputado, carecía de fuerzas propias por su carácter de figura de segunda línea, ex periodista, profesor y boxeador, aceptó formalmente la vicepresidencia por descarte. Miembro de la Unión Colorada y Batllista, había recibido la influencia de César Batlle, fallecido en l964.

Pacheco, continuó el ajuste económico neoliberal, sin escrúpulos políticos ya que no temió las consecuencias. Se mantuvo dentro del orden constitucional, logrando una veces apoyo en el Parlamento y en otras omitió sus resoluciones reservándose su propia cuota de decisiones por decreto. La política se deslizaba hacia una disociación peligrosa para una democracia entre un Presidente “ejecutivo” y un Parlamento “discutidor y demorón”.

Defender la constitución, restablecer el orden y enfrentar al “comunismo” constituyó un programa de gobierno de fácil comprensión para la población. Con Pacheco quedan establecidas las bases para un “estado policíaco” que aseguraría la aplicación de severos ajustes sociales dentro de un marco democrático.

Los apoyos directos serán el Cuerpo de Inteligencia e Información, la Guardia Metropolitana y un discreto asesoramiento de los Estados Unidos a través de Alianza para el Progreso, el FBI y eventualmente la CIA. Las recetas económicas debían frenar la inflación y expandir las exportaciones dentro de un mercado libre “controlado”.

El año 1968 será el de mayor conflictividad: en abril, la devaluación fue del 25 %, con los resultados de prever: las huelgas. En mayo se conforma un nuevo gabinete con marcada presencia de empresarios: Jorge Peirano Facio, vinculado a los Bancos Mercantil, Comercial, Popular y al grupo Rockefeller; Carlos Frick Davie, vinculado a los Bancos de Crédito y Boston, así como a los ganaderos exportadores; José Serrato, vinculado a Ferrosmalt y a Cristalerías del Uruguay; Walter Pintos Risso, muy vinculado en los negocios inmobiliarios; Venancio Flores, socio en Unión de Bancos; Juan María Bordaberry vinculado a los más conservadores y poderosos intereses rurales; Jiménez de Arechaga abogado de PepsiCola del Uruguay. “Un equipo de banqueros para controlar la banca, de estancieros para ponerles precio a la producción y bajar los tributos del sector ”.



El gabinete quedó definitivamente integrado con: Antonio Francese, en Interior; Peirano Facio en Relaciones Exteriores, Armando Malet, en Economía, César Borba en Defensa, Pintos Risso en Obras, Walter Ravenna en Salud, J. M. Bordaberry en Ganadería, J.M. Sanguinetti, en Industrias, Carlos Fleitas en Educación, Jorge Sapelli, en Trabajo y Agustín Caputti en Transporte, Comunicaciones y Turismo. Con algunas variantes la estructura del equipo marca la presencia de políticos profesionales, colorados de línea liberal dura, anticomunistas en los ministerios de seguridad como fueron los de Jiménez de Aréchaga y de Antonio Francese, en Interior y Defensa, respectivamente, y a los empresarios en los ministerios estratégicos de desarrollo.

El apoyo parlamentario lo darán: dentro del partido colorado, la Unión Colorada y Batllista, con la lista 15 y desde el partido Nacional, Echegoyen y Gallinal.

Inflación, endeudamiento, caída de salarios, quiebras, nueva carta intención con el FMI, denuncias de infidencias, de corrupción y el proceso de liquidación del FRIGONAL, excitaron los ánimos y las huelgas. La de los bancarios duró dos meses. Las medidas prontas de seguridad continuaron en tanto en junio se anunciaba el decreto de “congelamiento de precios e ingresos”.

La escalada empeoró cuando a las huelgas obreras se le incorporaron los estudiantes. El 14 de agosto, en la confusión, fue baleado el estudiante Líber Arce. Durante la manifestación que siguió a su sepelio y entierro, se esperaba una asonada de incalculables proporciones, para lo que se requirió el apoyo militar.

El comandante de la Región Militar No. 1, general Líber Seregni, dispuso un operativo de pinzas sobre 18 de julio que avanzaría desde la Rambla, la brigada de infantería y desde Agraciada, la brigada de caballería. Las órdenes fueron estrictas, solo Seregni, las daría. El nerviosismo ganaba al gobierno y los enfrentamientos se escalonaban, todavía se podía contener. Según Seregni, lo declara a Blixen, se puso en contacto con la Unión de Juventudes Comunistas, con el partido Comunista, con la CNT, con la Federación de Estudiante Universitarios, para atemperar y disolver la asonada, lo que logró. Fue el final de su carrera.











EL GOBIERNO DE PACHECO


Pacheco Areco comenzó su tarea reorganizando el ministerio y rodeándose de eficaces asesores a lo que unió un poder de decisión, personal y responsable. Los tres problemas inmediatos eran: recuperar la economía y la credibilidad internacional del país para consolidar el crédito; frenar la inflación y el proceso de pauperización de la población; reactivar la economía poniendo en orden a los sindicatos, mientras la sedición empezaba a abarcar más aspectos en la vida del país.

La escalada sediciosa se dejaba sentir en los secuestros selectivos de personajes considerados “claves” de la política de gobierno. “El país entero parecía derrumbarse ante la indiferencia de muchos y la cobardía de los más. Muchos dirigentes políticos de los partidos no vieron o no quisieron ver la real situación, preferían hacer oposición al gobierno sin darse cuenta que era la propia supervivencia del ser nacional lo que estaba en juego”.

La puesta en orden de la economía se inició con el decreto del 28 de junio de l968 “de congelamiento de precios y salarios” que produjo deterioro del nivel de vida y la protesta sindical más intensa hasta el momento, a la que se unieron los estudiantes. La medida compensatoria hacia el mercado externo fue la promoción de las exportaciones tradicionales aprovechando coyunturas circunstanciales, que permitieron recuperar volúmenes, mercados y precios; pero sin garantías de futuro duraderas.

Poner orden suponía enfrentar la oposición encabezada por los sindicatos. Estos fueron presentados como únicos culpables de la parálisis económica y el gobierno recurrió a los servicios esenciales, la militarización de los funcionarios públicos y al personal técnico de las Fuerzas Armadas para “romper las huelgas”. Las medidas prontas de seguridad tomadas en el marco del inciso 17 del artículo 168, de la Constitución, se transformaron de transitorias en permanentes, iniciándose un peligroso juego de vigilancia y choque entre los instrumentos más eficaces de la represión oficial: Inteligencia de Jefatura y Guardia Metropolitana, con estudiantes y sindicalistas.

El orden nacional y social se transformó en un concepto central para toda la acción del gobierno, autojustificándose. “Dentro de la Constitución y de la Ley, con plena tranquilidad moral, he actuado para preservar el orden y la seguridad, por el significado mismo de estos valores sociales y por lo que ellos representan, como fundamento de la estabilidad y el desarrollo económico... y las Fuerzas Armadas y Policiales han honrado su inmaculada tradición con un comportamiento ejemplar y un acatamiento fiel al régimen institucional de la República”.

La recuperación económica tuvo ciertos éxitos inmediatos: frenó la inflación, sin resolver su continuación; rescató las reservas y estabilizó los valores monetarios y con ellos el costo de vida, salarios y precios.

Se iniciaron ampliaciones en UTE, en Teléfonos, Obras Públicas de Arquitectura, Vialidad e Hidrografía y se abrieron negociaciones con Argentina y Brasil para la integración regional y la construcción de las obras binacionales: puentes sobre el río Uruguay y una represa hidroeléctrica.

Durante el gobierno de Pacheco, las Fuerzas Armadas ocuparon un segundo plano, aunque el ejército fue notoriamente mejorado y atendido; se mantuvieron entrevistas de contenido aún desconocido ó dudoso entre el Presidente y los jefes de las unidades. El gobierno se mantuvo dentro de las normas constitucionales, las que flexibilizó a discreción sin que el Parlamento asumiera posiciones principistas de llevar adelante el juicio político y aún la disolución de las Cámaras.

La comunicación entre la Presidencia y las instituciones militares se hizo a través de la persona de los ministros de Defensa Nacional: Armando Malet y Antonio Francese. El presupuesto fue aumentado un 26 % y los sueldos un 44 %. Se aceleraron los retiros de algunos “sospechosos” como Líber Seregni y Víctor Licandro y la política influía más en los nombramientos de las jefaturas de las regiones militares tanto en el interior como de Montevideo. Empezaban a tomar notoriedad respecto de aspiraciones electorales, las candidaturas de militares retirados como Rivas y Aguerrondo, vinculado el primero al batllismo y el segundo al herrerismo.

El Parlamento aparecía fracturado por las crisis internas de los partidos, la multiplicidad de posiciones imposibilitaba la conformación de cualquier mayoría estable que permitiera alternativas políticas de gobierno ó de desarrollo. El bizantinismo lo frenaba. El gobierno labraba su fama de “solitario y ejecutivo” para salvar el orden público y el desarrollo nacional: solo en el año 1968, hubo 134 huelgas de funcionarios estatales, 130 de empleados privados, 56 huelgas estudiantiles y 446 paros con ocupación de lugares de trabajo y 5 paros generales.

El gobierno continúo con su política neoliberal, sostenida por los asesores del Fondo Monetario Internacional favoreciendo directamente las exportaciones y los beneficios de una burguesía nacional que conservaba su influencia en los negocios y que a más de ser el sostén de los partidos tradicionales mantenía los empleos.

Para la CNT y la oposición que encabezaban el partido Comunista y el Movimiento de Liberación Nacional, esta política era profundamente antipopular, antinacional y ejemplo de imperialismo y derechización. El gobierno respondió con las medidas prontas de seguridad, la represión sistemática contra los sindicatos y el Movimiento de Liberación Nacional; al tiempo que aprovechaba las circunstancias para crear una imagen propia de “fuerza política” y para su política de gobierno utilizaba sistemáticamente la Cadena Nacional de Radio y Televisión.

Aunque el “pachequismo” sea considerado un laberinto de ambigüedades, no es menos cierto que el Parlamento constituyó un laberinto de indecisiones y no faltaban los recuerdos del “terrismo” y la necesidad de consolidar una alternativa económica eficaz.


EL LIDERAZGO DE JORGE PACHECO ARECO

La Unión Colorada y Batllista había nacido a instancias de César Batlle y de hombres que provenían del “riverismo” y del “terrismo”, se habían distanciado de Luis Batlle y de la “vieja guardia”: Michelini, Roballo, Flores Mora y Vasconcellos y de los “nuevos” de la “15” como Jorge Batlle y Julio Sanguinetti.

Sostuvieron la reforma constitucional presidencialista, al igual que las otras fracciones culparon al colegiado de sus indecisiones y para el momento lo que se necesitaba era autoridad fuerte y personal. Esta figura, era Gestido, cuyo fallecimiento no interrumpió la labor política que la UCB llevaría adelante, sosteniendo entonces a Pacheco Areco que carecía de un perfil propio para ejercer la magistratura y que se mostró decidido construyendo su imagen en momentos “difíciles”.

El batllismo estaba agotado frente a las nuevas condiciones internacionales en que no cabían experimentos de crecimiento nacional descontextualizados del mercado internacional. La estabilidad política requería un gobierno fuerte, que ajustara el sistema económico y requería el fin de antiguos mitos del “estado de bienestar”.

Pacheco fundó sus decisiones en la defensa de la constitución y por consiguiente de la propiedad y del derecho al trabajo y protegió el orden necesario para el desarrollo nacional. El proyecto de orden y progreso fue presentado como un “nosotros” colectivo que debía sortear las conspiraciones de “enemigos”, “escépticos” e “indecisos”.

El asunto nacional presentado en el contexto mundial de Guerra Fría, coincidía con la polarización general del mundo a la que no era ajena la sociedad uruguaya: liberalismo ó comunismo; en el primer caso, bien vale vivir un poco peor y mantener la libertad. “Golpean a nuestras puertas fenómenos claramente foráneos, gestados en otras tierras, planeados en otras latitudes y dirigidos desde otros países... no se trata de una guerra clásica, internacional ó civil, el agresor se hacer invisible, agrede por la espalda y se refugia en el seno de las propias familias o en los medios donde habitualmente y normalmente actúa...”

Después de 15 años de colegiado y liberalismo, los sectores conservadores y tradicionalistas reclamaban autoridad y decisión. El nuevo orden dependía de la autoridad para llevar adelante un nuevo proyecto social. El ejercicio de la autoridad presidencial se llevaba adelante contra tres fuentes de disturbios: sindicatos, estudiantes y tupamaros.



En 1968, se alcanzó el punto más grave de la crisis, sucediéndose la intervención en la enseñanza, las manifestaciones, los allanamientos, los contracursos, las pedreas, las ocupaciones y el 14 de agosto, la muerte de Líber Arce. Desde diciembre de 1967, el gobierno había implementado una disimulada censura y cerrado dos diarios considerados revolucionarios y proscrito a siete sectores minoritarios y radicales de la izquierda nacional.


LA UNIVERSIDAD Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL


La Universidad de la República venía siendo denunciada desde los tiempos de Nardone por sus actividades “antinacionales” y era vista con desconfianza por los grupos sociales más influyentes y por el gobierno. La Federación de Estudiantes Universitarios se había jactado de ganar en las calles, la ley de 1958; de haber apoyado la marcha de los “cañeros” y en su entusiasmo “latinoamericano”antimperialista, había celebrado la revolución cubana. Hubo intensas protestas durante las visitas de Eisenhower, Rockefeller y Kennedy y cuando se resolvió la ruptura de relaciones con Cuba.

La intervención llegó el 30 setiembre de 1968, cuando el ministerio de Defensa entregó los informes de inspección de los locales universitarios. Allí se constató: falta de contralor por parte de las autoridades universitarias, abundante propaganda de crítica al gobierno e ideológica incitando a la acción directa y materiales para agresión. En conclusión se confirmaba por parte del gobierno: la realización de actividades subversivas, que las facultades eran focos de agresión y de refugio así como la falta de control oficial y una marcada acción ideológica contraria a los fines nacionales y legales . El informe final está firmado por los Jefes de Comando de las Fuerzas Armadas: Líber Seregni, Francisco de Castro y Danilo Sena.

Los diputados Wilson Craviotto y Eduardo Praderi denunciaron la notable y abundante literatura marxista leninista de los programas de estudio, que hacía suponer un adoctrinamiento deliberado contrario a los principios de laicidad y liberalismo tolerante de nuestra universidad.

La muerte de Líber Arce se transformó en un mito del movimiento estudiantil y en un mártir de la lucha popular. Las organizaciones estudiantiles se vieron divididas por los enfrentamientos entre “bandas” calificadas como “bolches”, “fachos”, “tupas”, “oligarcas”, dividiendo aún a las familias de los militantes.

La represión contra los estudiantes había aumentado y se hicieron cotidianas las denuncias por detenciones, allanamientos, torturas y destituciones.

El número total de militantes muertos en refriegas con la Guardia Metropolitana, aumentó: Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Arturo Recalde, Heber Nieto, Julio Spósito, Joaquín Kluver. La represión que se hizo cotidiana, fue aceptada con recelo y temor por la población y cuando no, como un mal necesario y transitorio inevitable.

Desde la década del 60, venían sumándose denuncias contra Educación Secundaria, por adoctrinamiento a los estudiantes y el revisionismo “antinacional” que se estaba llevando a cabo por una “pedagogía del realismo social”. Los estudiantes de secundaria venían participando activamente de las movilizaciones estudiantiles mediante las “asambleas de clase” y las “campañas del boleto”. La complacencia de los Consejos permitió que el movimiento creciera impunemente y se escalonaran las ocupaciones y agitaciones dentro de los liceos, en los que se perdía la tolerancia. Aumentaban los enfrentamientos entre las organizaciones juveniles de izquierda (Juventudes Comunistas y Frente Estudiantil Revolucionario) y de derecha (Juventud Uruguaya de Pie y Tradición Familia y Propiedad).

Durante el gobierno de Pacheco se llegó a la intervención de Secundaria: el 12 de febrero de 1970 y por segunda vez el 12 de junio de 1971. Los argumentos ejercidos fueron: la defensa de la educación, la preservación de la tolerancia, la laicidad y el orden. “Los hogares uruguayos son testigos de la violencia, de la intolerancia, de la agresión que ejercen las corrientes totalitarias enemigas de lo que siempre hemos valorado como nuestro estilo de vida en la república... una minoría que alienta designios esclavistas para nuestra sociedad dirige a un sector también mínimo de la juventud para procurar la quiebra de los valores sustanciales de la nación... el totalitarismo de raíz extranjero ha elegido el ámbito de la enseñanza para perturbar el idealismo de la juventud, procurando comprometerlo en una empresa deleznable”.


LA IDEOLOGIA DE LA VIOLENCIA


La violencia política marcó estilo en la década del 60 y del 70. Es un hecho que la sociedad asume y representa la violencia, tanto en la labor del gobierno como en la de los opositores. Para el gobierno se trata de poner orden por la fuerza, si es necesario y para la oposición se trata de imponer la justicia por la vía de la revolución, contra el gobierno que los oprime. La violencia que ambas partes asumen puede aplicarse tanto sobre las personas físicas como sobre sus bienes.

Los sujetos pacíficos que se limitan a votar saben que el gobierno utiliza la violencia, que no les es ajena. La actitud pasiva es un elemento fundamental de legitimación y validación de la violencia ejercida desde el estado.

La violencia se instala en la sociedad a través del deterioro económico, la acción política, el discurso, el sistema de trabajo y crece.
Las movilizaciones populares, estudiantiles y sindicales son muestras de violencia de oposición sobre las que el gobierno va a actuar, reprimiéndolas. El enfrentamiento y la represión deben ser graduados en sus efectos políticos, la represión da la razón a la oposición para continuar la lucha y la represión debe controlarse para no producir un efecto negativo en la masa de los espectadores.

Los militantes pueden poner en juego una violencia directa de bajo costo como resultaron ser las piedras y los cócteles molotov; la acción de la policía es mucho más tecnificada: debe fotografiar, detener, interrogar, utilizar balas de goma, cachiporras, chorros de agua, gases lacrimógenos y un despliegue más sistemático para compensar con su número exiguo y la selección de los dirigentes responsables, la movilización de la masa.

Entre 1967 y 1971, fueron puestos en acción los instrumentos inmediatos de la represión dirigida desde el gobierno: secciones de Inteligencia e Información en el nivel de Jefatura de Policía; la Policía ó Guardia Civil; la Guardia Metropolitana como unidad de choque antidisturbios y en último caso, el Ejército, con las unidades de infantería ligera y caballería montada y la Brigada No 5 de Comandos. La violencia opositora que provenía de sindicatos, estudiantes, asociaciones de izquierda ó tupamaros, fue creciendo hacia los actos de masas y hacia la violencia organizada. En este último caso los sabotajes y el ataque directo aumentaron su selectividad y frecuencia: fueron acciones preferidas el asalto, el secuestro, el asesinato y el incendio.

La acción violenta exige de los efectivos del gobierno y de la revolución, una especialización de sus hombres. Resulta necesario crear profesionales competentes mediante el entrenamiento sistemático y el acostumbramiento práctico. En cualquiera de los dos casos las convicciones son fundamentales en valores de formación mediante el adoctrinamiento: para el militar, es la defensa de la nación; para el revolucionario, es la victoria. En cualquiera de los casos, la disciplina en el seguimiento de las órdenes, oculta la responsabilidad personal y la culpa por la crueldad a la que se habitúan. Ambos, tienen en mente, capturar ó matar a su enemigo

La violencia en los individuos que son “pacíficos votantes”, está comprobado que no es menor a la que militares y revolucionarios pueden poner en acción en las calles. Un mismo individuo puede asumir tres imágenes dispares acerca del mismo contenido violento. Una persona cualquiera frente a la televisión, espera el triunfo en Vietnam, ¿es un militante anticomunista? ; odia, a Fidel Castro, ¿por qué?; espera con expectativa una película con muchos “tiros”ó la información cotidiana sobre asesinatos, accidentes, incendios... El mismo individuo espera el partido de fútbol donde “masacrará” a su rival y por el que llegará a discutir y a pelear.

En el campo político, las exageraciones del discurso, el pánico social y la rabia son detonantes eficaces para lograr las conductas esperadas. El gobierno tiene la posibilidad del manejo de las imágenes públicas en las que la información oficial, las instituciones de acción cívica y los desfiles estimulan la credibilidad de lo que es bueno y racional.



La contradicción principal proviene de que el liberalismo clásico consideraba como un principio fundamental del progreso social la eliminación de la violencia de las relaciones sociales. Hacia l960, las nuevas corrientes revolucionarias y de liberación, fundadas en aportes marxistas leninistas admitieron la violencia revolucionaria como método de acción
política directa.

El compromiso del revolucionario es con la violencia necesaria para obtener la victoria. Los gobierno liberales organizaron dentro de sus esquemas constitucionales, los mecanismos de control y de represión que necesitaban: vigilancia, allanamientos, detenciones, delitos de excepción, penas especiales, agencias especiales de seguridad, tropas de choque, destituciones, intervención de cualquier área social y económica por el Estado ó sus institutos de vigilancia. Si era necesario, la salida de los cánones constitucionales, el gobierno podía encabezar su revolución para salvar el interés general de la nación. El Estado reclamó su derecho de defenderse.

La violencia como acción directa estará respaldada por actividades de adoctrinamiento, propaganda, información, organización y preparación, de modo que no es un accidente en la vida política sino un instrumento racional, que precede a las acciones directas sobre los objetivos prefijados. La acción será llevada adelante por un número reducido y bien preparado de militantes a los que otros escalones darán apoyo y la acción deberá contar con la mayor eficacia pública y crear la sensación en la mayoría “silenciosa” de que puede apoyar sin temor, apartarse convenientemente, desertar y oponerse a cualquier represión contra los actuantes.

Para Michaud, es indudable que en el Uruguay, la represión desatada entre l968 y l971, contó con apoyo popular y fue el primer paso; posteriormente la prolongación del problema más allá de l971, llevó a una dictadura de tipo “pretoriano” sin renunciar a un proceso de “reinstitutcionalización”.

El sistema aquí descripto fue puesto en funcionamiento en casi todas las democracias: en EEUU contra los pacifistas, hippies, demócratas, racistas, huelguistas, “panteras negras”; en Francia, durante el “mayo francés”, contra los separatistas corsos y bretones y antes en Argelia; en México, cuando se produce la “masacre” de Tlatelolco en 1968; en España; en Gran Bretaña, contra los irlandeses; en Israel, contra los palestinos y sin mencionar la eficacia de la KGB en la URSS. Queda siempre la duda ¿quién empezó?.

Durante la manifestación aparecen los riesgos que supone el manejo de una masa enardecida en las calles, debiendo considerarse la acción de los provocadores a sueldo, los francotiradores “libres”, los líderes irresponsables y los delincuentes comunes. La acción directa debía transcurrir por dos canales, uno de masas y el otro de acción directa.

Uno de los teóricos de la revolución moderna, Regís Debray señalaba previamente que “la violencia revolucionaria no obtendrá una victoria frente a una república en definitiva liberal, en la que son viables el sufragio universal y una vida política regular, que constituye la energía de las masas”.

Las palabras de Debray fueron proféticas a la hora de explicar que los movimientos revolucionarios en Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia y Brasil, no pasarían de un “umbral” y serían aplastados frente a la indiferencia popular .

En el caso más inspirado de la acción guerrillera, posterior a la revolución cubana, fueron las campañas emprendidas por Ernesto “Che” Guevara. Su fracaso estaba asegurado por el nacionalismo de burgueses y “proletarios”, las nuevas técnicas contra insurgencia y los proyectos de reformas económicas y sociales llevados adelante.

El otro problema no considerado, era que resultaba extraña a las idiosincrasias locales la presencia de los “revolucionarios” en sociedades en las que no había guerrilla hacía mucho tiempo y más que desde el punto de vista práctico no contaba con el apoyo de los líderes locales para organizar y dirigir el reclutamiento.

Es destacable que se produjo un debate sobre si la lucha de clases debía ser pensada como una guerra civil. La confusión era total entre el concepto de revolución y el de guerra civil.

La violencia propuesta, propagada y generada alineó a todas las fuerzas liberales alrededor del “estado policía” que recibió cuantiosas excepciones de tipo presupuestario y jurídico para mantener el orden y hasta indulgencia en caso de excesos.

En Francia, fue donde aparecieron las primeras experiencias directas del nuevo orden policial donde se extendió la jurisdicción de la nueva Corte de Seguridad del Estado y de la Justicia Militar al tiempo que fueron admitidas las leyes de excepción, los tribunales especiales, la detención con incomunicación, los interrogatorios “especiales” y la vigilancia secreta. No muy diferente sistema se aplicó en Israel con los palestinos, en Inglaterra con la IRA, en Alemania y en los EEUU.

En el caso uruguayo, el ambiente de violencia creció por la concurrencia de múltiples factores tales como la acción sindical, la movilización de masas, la rebeldía estudiantil, las células guerrilleras y los grupos políticos radicalizados.

La oposición tomó características de “contrasociedad y de contracultura”, que desafiaban al país tradicional, de clases medias, contemporizador de conflictos, de educación extendida, marcada conciencia cívica y partidos con larga permanencia y experiencia electoral.

Junto a las reivindicaciones de reformas y militancia, se reclamaban los derechos civiles, la paz, el “amor libre”, los nuevos roles, el rock y hasta las primeras drogas.

Para entonces señala, Barrán, estaban cambiando los roles de hijos y de familia, coincidiendo con la conformación de una sociedad más libre con menos prejuicios y apariencias, es como si se viviera una “adolescencia social”. En la militancia y adhesión a las causas, hay una fuerte dosis de aprobación social de los jóvenes, de participar de las utopías, de la mística y de la fe mesiánica.

La militancia exigía renuncia y convicción, un ingreso vigilado y una severa disciplina de compañero y el compromiso familiar de guardar el “secreto”.

La radicalización social era inevitable:“por un lado estaban aquellos que creían que existía un mal que se llamaba comunismo, etiqueta que englobaba formas muy diversas de cuestionamiento del sistema político y social y que amenazaba peligrosamente la existencia de la democracia, el estilo de vida, la cultura judeocristiana y occidental y que por lo tanto debía extirparse”. Por otra parte, “los que, también con fervor y muchas veces no sin fanatismo, sostenían la idea de la construcción del hombre nuevo, idea mesiánica por excelencia, que también condujo a la intolerancia, al desconocimiento de la diferencia, a etiquetar como reaccionario o fascista a todo aquel que no fuera de izquierda”.


LA RADICALIZACION

La movilización general fue impulsada por la recién formada CNT y los estudiantes, con participación de los cuadros de los partidos con militancia mejor encuadrada: partidos Comunista y Socialista.

La movilización contra el gobierno se justificó en una heterogénea gama de reclamos: repudio al capitalismo, al imperialismo, a los políticos corruptos, denuncia de la dominación “neocolonialista”, reclamos por una sociedad más justa, reforma agraria, nacionalización de la banca, repudio a la represión, reclamo de libertad de presos... los que se articularon con el paradigma del “Che” y en todos los casos el centro conceptual que los aglutinó fue la ruptura.

La movilización no llegó a ser masiva, topó con la indiferencia de la mayoría que continúo respondiendo a los sentimientos de lealtad a los partidos tradicionales y al reclamo de estos de “unión frente a la agresión comunista internacional”. Las movilizaciones de los estudiantes de Secundaria presentaban notorias diferencias con el veterano movimiento universitario, resultaban más espontáneos, inorgánicos y peligrosos, más autónomos e incontrolables frente a reacciones externas de presión.

La concientización de los estudiantes precedería a la concientización social de movilización para generar una nueva sociedad. Los estudiantes en la calle serían una democracia de base.

La radicalización alcanzó a las clases medias resentidas por el deterioro de sus condiciones económicas. También los intelectuales se distanciaron fomentando propuestas radicales. Su carácter homogéneo, concentrado en la capital y con afinidad tradicional hacia la izquierda los llevó a difundir una cultura de izquierda a través de la enseñanza, la Universidad, el arte y la literatura y cualquiera organización cultural ó social. La democratización de la cultura y la extensión de la educación pública favorecieron la difusión de conceptos, propuestas y participación. El resultado fue un proceso de alienación denunciado por los sectores conservadores como “antinacional”.

Para Gonzalo Varela “el divorcio entre los intelectuales y el poder, entre las ideas y la práctica, es sin duda un síntoma del empate entre un sistema social estancado y un estado incapaz de imponer cambios a pesar de retener el consenso de cerca del 90 % del electorado”.

En 1968, la escalada obrero estudiantil llevó adelante tres meses de movilizaciones, en mayo “contra la represión”, en junio, “contra las medidas prontas de seguridad” y en agosto “contra la violación de la autonomía”. El propósito de las movilizaciones era crear conciencia, enfrentar la represión y atacar la burocracia, denunciando a sus personeros y producir finalmente la caída del gobierno. El contexto general alentaba una “revolución urbana” que tomaría el poder y en último caso a la instalación de focos guerrilleros que precederían a una “revolución libertadora” de toda América.

Carlos Quijano, y el grupo de intelectuales nucleados en “Marcha” son tal vez los más representativos de este estado de ánimo de confrontación contra el ajuste autoritario, político y económico reivindicando el movimiento popular.

En un artículo del 24 de enero de 1968, sostenía “no sabemos si alguien puede creer que la revolución se hará mañana. Nosotros reiteradas veces lo hemos dicho, no lo creemos y no hemos de repetir razones que hemos expuesto. La revolución inevitable entendida como la transformación sustancial de las estructuras, es según, lo vemos, todavía una larga marcha... No creemos en el modelo capitalista para los países subdesarrollados ora que sea el desarrollismo de la CEPAL, que deslumbra a tantos neófitos ora el paternalismo tutelar de la Alianza para el Progreso, ora revista la forma de integraciones continentales empresariales hechas por las oligarquías gobernantes para beneficio de los monopolios...
nuestros países solo saldrán del subdesarrollo por la vía del socialismo y de la integración... tampoco creemos que las condiciones geopolíticas y económicas de una revolución estén dadas hoy, en el Uruguay de 1969...

La propuesta de Quijano es revolucionaria y socialista, necesariamente crítica y disconforme con los centros de poder internacionales y nacionales, fomenta la revolución de la que no participa directamente, propone y critica. Su posición queda en las antípodas de cualquier proyecto político y económico dirigido desde el gobierno, sea de los sectores colorados o de los herreristas que lo apoyaban.

En la visión conservadora de nuestra sociedad, los intelectuales no podían ser otra cosa que parásitos que conspiraban contra la nacionalidad con su hipercriticismo y su revisionismo de cuño marxista y en esta “conspiración” para el desorden necesariamente los estudiantes, la Universidad y los sindicatos eran parte.

PACHECO Y LAS FUERZAS ARMADAS

Las medidas prontas de seguridad fueron un recurso permanente de la presidencia de la República, son un recurso previsto por el inciso 17 del artículo 168 y dada la situación de extrema violencia y peligrosidad, no se dudó en recurrir a esta potestad a fin de mantener la autoridad y el orden dentro de los cánones liberales y constitucionales. En l971, Uruguay y Chile eran las únicas democracias que sobrevivían.

En el discurso de la época la idea central es: restablecer el orden y la autoridad frente a lo que se interpretaba como la descomposición del sistema social y económico del país por diversas causas. Los sindicatos, los estudiantes y el MLN estaban cuestionando las bases mismas del sistema liberal tal como lo reconocía la tradición de los partidos Colorado y Nacional. La subversión contra el sistema era un hecho y la duda nacía de si un sistema liberal podía permitir el crecimiento y consolidación de un contra sistema que lo negaba en sus fundamentos. La denuncia se lanzó “contra las organizaciones clandestinas que alevosamente conspiran en las sombras al amparo de una tradición de amplias libertades y que actúan como fuerzas de choque”.

Estas organizaciones clandestinas fueron responsabilizadas por la labor de infiltración de agentes antinacionales, procubanos y prosoviéticos en las instituciones sociales y políticas que pudieran servir a sus fines concretos, que eran los de iniciar una revolución con riesgo claro de guerra civil de consecuencias incalculables. Estas instituciones infiltradas eranlos sindicatos obreros y los gremios estudiantiles; contaban con la debilidad ó complicidad de oportunistas e indecisos.

La lucha quedaba planteada en dos frentes: contra la subversión y contra sus cómplices: “los ingenuos, acomodaticios o cobardes que reclaman o insinúan de una manera o de otros caminos de transacción dejando armado el brazo del enemigo, que se ha alzado contra las instituciones... no estamos dispuestos los uruguayos a repetir los trágicos errores de infortunados países, ni a ser ratones de laboratorio para experiencias revolucionarias a aplicarse en otros países... el valor del voto es fundamental para guardar la democracia y condenar la sedición”.

La acción del gobierno quedaba dirigida a preservar los principios básicos de la República y a consolidar las bases de esta sociedad en el campo económico frenando la inflación, equilibrando el presupuesto, recuperando las reservas y el crédito, controlando el endeudamiento, de forma que se recuperaran las condiciones de crecimiento en el libre juego del nuevo mercado internacional.

En el campo económico la lucha ideológica quedaba planteada entre el modelo socialista que resolvería la independencia económica de América Latina mediante la nacionalización de la tierra, la banca y las empresas multinacionales y las reformas necesarias para una nueva distribución de la riqueza y de las posibilidades de crecimiento; y el sistema capitalista que planteaba una globalización que reinsertara a todos los países en un mercado internacional liberal, más eficaz y exitoso que los proteccionismos nacionales ó socialistas.

Las libertades económicas exigían libertades políticas que solo el pluripartidismo podía garantizar en cuanto al control mutuo, mientras los regímenes revolucionarios populares no pueden permitir controles ni cuestionamientos desde el mismo momento que su “populismo” los legitima. Entre 1968 y 1973, sé redifinieron los límites de la democracia uruguaya.

Para l97l, la subversión había sido controlada por la policía, había dudas jurídicas en cuanto a la pertinencia de los procesamientos por dichos delitos y el trato que debían recibir, si como delincuentes comunes ó beligerantes. Al discurrir el procedimiento por los canales comunes, era relativamente fácil el preaviso que hacía fracasar las detenciones y los allanamientos, encontrándose la policía además con el carácter de militante convencido lo que hacía muy difícil los interrogatorios comunes.

Después de la fuga de Punta Carretas, en setiembre de 1971, donde estaban alojados los “tupamaros”, el presidente decretó el 9 de setiembre que la lucha antisubversiva correspondería a las Fuerzas Armadas. Los jefes militares formularon el primer plan de operaciones para asegurar el acto electoral de noviembre, la transmisión del mando y la instalación del gobierno electo en marzo de 1972, la erradicación de la sedición y de sus apoyos clandestinos.

El 17 de diciembre de 1971, la Junta de Comandantes en Jefe, se constituyó como el órgano coordinador de las operaciones antisubversivas en todo el territorio y con discrecionalidad en el uso de los recursos humanos y materiales disponibles.

Bruschera, sostiene que el gobierno de Pacheco es el principio por el cual se inició la erosión autoritaria de las instituciones democráticas en el país, a lo que Craviotto responde que no fue con Pacheco que se inició la violencia en el país, sino que actuó en consecuencia de las acciones de la subversión. Las diferencias políticas hacían al modelo de país, en el radical ambiente mundial de la Guerra Fría.

La interna militar empezaba a interesarse en los problemas concretos del país el contexto latinoamericano, donde los ejemplos de participación directa de las Fuerzas Armadas en la política estaban a la orden del día. La República Argentina era el ejemplo más crudo. A la muerte de Gestido, en diciembre de 1967, los jefes: César Borba, Danilo Sena y Emilio De Castro, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, garantizarían la continuidad constitucional al vicepresidente Pacheco. Al frente de la Región Militar, No. 1 estaba el general, Líber Seregni.

En las Conferencias de Ejércitos Americanos y en los programas conjuntos de entrenamiento, eran cada vez más frecuentes los temas de la defensa y seguridad continentales frente a los grupos insurgentes que desestabilizaban las débiles democracias para establecer regímenes prosoviéticos.

La guerra “contra insurgentes” es de bajo perfil operacional en el campo y alto perfil en materia de información e inteligencia. La Escuela de Guerra, de Brasil sería la divulgue desde 1964, la “doctrina de la seguridad nacional”, que llegó a la oficialidad más joven que se distancia de la “oficialidad tradicional, apolítica, y constitucionalista”.

La “doctrina de la seguridad nacional” considera que el conjunto de la nación es parte de una tarea de crecimiento y desarrollo, que debe hacerse en concordancia directa con las reglas de juego tradicionales que hacen a la identidad del país en cuanto a su formación ideológica occidental, liberal y cristiana, no permitiendo agentes extraños que puedan ó deban cambiar dicha naturaleza en beneficio de cualquier sector social ó político.

En 1971, habían ascendido al generalato una nueva generación de coroneles que tendrán decisiva actuación en los años inmediatos: Hugo Chiappe Pose, Gregorio Alvarez y Julio César Vadora. Se había escindido la asamblea de oficiales del Centro Militar en el debate público sobre la legitimidad de las guerrillas contra las repúblicas democráticas y contra el estado de derecho y sobre cual debía ser la acción de las Fuerzas Armadas en dicho contexto. Se habían multiplicado las entrevistas y visitas mutuas entre Onganía, Stroesner, Frei, Costa e Silva y Pacheco.

El origen de estas negociaciones parecen estar en la visión del Brasil como potencia, émulo y rival de los EEUU, que debía mantener sus “fronteras ideológicas” y debía contar con eliminar cualquier experiencia “a la cubana” en el Continente y sobre todo impedir las inclinaciones de Chile y de la Argentina hacia políticas “tercermundistas” ó prosoviéticas.

El MLN había puesto en jaque las relaciones entre el Uruguay y el Brasil, cuando secuestró al cónsul brasileño, Aloisio Días Gomide. “El Cono Sur exige la tutela brasileña para frenar la irradiación guerrillera y la izquierdización del continente”.




El país llegaba a las elecciones de 1971 con una situación social y económica difícil y complicada en la medida de que los sindicatos estaban bajo vigilancia y enfrentados con los sectores empresariales, de tal forma que el diálogo económico entre capital y trabajo se había transformado en diálogo ideológico entre proyectos de país. Se denunciaba la corrupción de la patronal, su intransigencia y represión con la complicidad del gobierno que mantenía la dependencia, hambreaba al pueblo, favorecía a los sectores más poderosos y denunciaban la traición de los infiltrados en los sindicatos y en la sociedad que intentaban por la violencia tomar el poder y hacer tabla raza de derechos y libertades.

El MLN estaba puesto en un extremo, en el otro aparecieron las Fuerzas Armadas. En el ambiente de confrontación la regulación de la política dependería del pacto entre los partidos tradicionales ó por lo menos entre sus fracciones para mantener la continuidad del sistema. En dicha polarización se llegaba a las elecciones de 1971, en que haría su aparición un tercer partido, el Frente Amplio.

































EL MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL “TUPAMAROS”

ORIGENES DE LAS CELULAS REVOLUCIONARIAS


Es émulo directo de la revolución cubana por su opción de que la lucha armada es el medio legítimo de conquista del poder. La situación de crisis del país, entre l955 y 1968 hicieron suponer que estaba descartado cualquier cambio y que el sistema “corrupto” incapaz para el cambio caería con escaso esfuerzo. Para Costa Bonino el asunto es simple: “suponemos que la crisis de los partidos tradicionales es el factor explicativo más relevante del desarrollo y características específicas del movimiento revolucionario uruguayo”.

La idea “matriz” es el problema agrario del país y de América Latina y la relación directa entre dependencia, latifundio, oligarquía, diferencias de clase, conservadurismo, etc... pero, la novedad fueron las “marchas de los trabajadores cañeros” que desde Bella Unión llegaron a pie hasta Montevideo, encabezados por Raúl Sendic, para denunciar su situación laboral y el uso de la tierra.

El movimiento se alejó de la izquierda tradicional y abandonó la vía legal para comenzar su actuación con el propósito de lucha armada aprovechando la coyuntura y la “moral” de los revolucionarios.

El fulminante triunfo de Castro y sus revolucionarios en Cuba contra Batista, daban ejemplo y estímulo para el Uruguay, por el estado de descomposición social que permitiría a las células guerrilleras urbanas y montevideanas encabezar un movimiento que resolvería los problemas acuciantes: descontento, inflación, empobrecimiento, marginalidad, agitación sindical, estudiantil, inoperancia y corrupción de los partidos y la escalada represiva acelerada desde l968.

Oficialmente el 31 de julio de l963, el asalto al Club de Tiro Suizo en Nueva Helvecia, marcó la primera acción pública violenta del movimiento. El 25 de agosto de l965, se denominó oficialmente “Tupac Amaru”, otorgándose una imagen de indigenismo, artiguismo y antiimperialismo. El proceso organizativo continúo y en l968 emergió como “guerrilla urbana” actuando sin bajas, denunciando la corrupción al estilo de “Robin Hood” y con un bajo nivel de violencia contra bienes y personas. El intento de copamiento de la ciudad de Pando el 8 de octubre de l969, marcó un cambio estratégico radical tanto en las acciones directas como en los propósitos del reclutamiento. No hay explicación para el fallido intento de Pando, en que un reducido número de militantes intentara copar una ciudad de varios miles de habitantes en las cercanías de Montevideo y sin rutas de escape. El único propósito imaginable, estratégico, podría ser el de “crear los mártires necesarios”.

El Uruguay asistía asombrado a los espectáculos brindados por el movimiento, sin que se produjera una adhesión, al contrario generó indiferencia y condena y el movimiento no logró ganar apoyos populares.

El 31 de julio de l970, el secuestro del asesor Dan Mitrione, norteamericano, supuesto agente “consejero de la represión” y su posterior asesinato provocó la más grave de las crisis. El movimiento se distancia totalmente de la realidad, el gobierno no negociaría y utilizaría la situación a su favor. Se perdió el oportunismo político, cegado en una ofensiva militar y un fuerte verticalismo interno de matriz marxista leninista. Los mismos partidos de izquierda se distanciaron prudentemente.

IDEAS DE BASE

El movimiento se inserta en una acción directa propia de los movimientos de la postguerra, que pretendían alejarse de los bloques revolucionarios encabezados por la URSS y China, que tenían un carácter “tercermundista”, socialista y violentista. Su misma definición los llevaba a condenar el imperialismo neocolonialista de las potencias occidentales, a los EEUU, al capitalismo y al consumismo.

La adhesión a la revolución prosperó entre los intelectuales y estudiantes universitarios. Dentro del MLN, los miembros provenientes de sectores obreros y campesinos no alcanzan el 37 %, la amplia mayoría de sus militantes fueron reclutados en las clases medias.

El movimiento tuvo escasa elaboración teórica, prefirió la acción directa, confundiendo gravemente el estado de indecisión política y de cuestionamiento social con el ambiente para una revolución. En el Uruguay de l968, no había condiciones sociales ó estratégicas para una guerrilla revolucionaria y menos condiciones geográficas.

La geografía del país no presentaba ni selvas ni montañas que permitieran el refugio, el escape ó la defensa a largo plazo, como en Guatemala, Salvador, Nicaragua, Perú ó Colombia. La ciudad de Montevideo no podía de ninguna forma sustiuírla en cuanto a que en la capital, siempre hay testigos y están allí concentrados gobierno, fuerzas armadas y policía.

La difusión social de la educación, las leyes sociales, la libertad de acción de los partidos, el sufragio universal, la autonomía de estudiantes y sindicatos, la noción firme de patria y nación hacían inviable concentrar fuerzas alrededor de un mito de validez general que llevara “a la lucha”. El país, desde l904, no tenía riesgos de guerra civil. Estratégicamente, carente de apoyo, alejado de una izquierda de escaso peso electoral y sin vínculos en las otras organizaciones, el movimiento se autocondenó, por efecto del “dogmatismo, la rigidez, el militarismo y la miopía política”, según Costa Bonino.



El reclutamiento de miembros tuvo éxito entre los sectores de clase media, jóvenes “renegados” de lo tradicional y sin encuadre, con falta de expectativas y regresión en el nivel de vida. En l972, el 42 % de los detenidos tenía entre 18 y 25 años, de los que el 47 % eran profesionales y estudiantes.

El plan “H” original, preveía que el movimiento seguiría el modelo clásico: hostigamiento, construcción del foco guerrillero y establecimiento de un gobierno revolucionario. Para, cumplir las tres fases, se necesitaba un éxito social que nunca se logró. Las operaciones quedaron limitadas a la primera fase, de hostigamiento.

El crecimiento del número de miembros estaba limitado por su doble carácter de clandestino y secreto y por la rigurosa disciplina a la que el militante debía someterse en su proceso de integración a la organización. El aumento excesivo del número de miembros, la relajaría. Durante el año l970, la policía había logrado cercar, sin dominar al movimiento, que se veía favorecido por su permanencia en cárceles comunes, con visitas de familiares y abogados lo que facilitaba las comunicaciones.

En 1971, los dirigentes habían preparado un doble plan: uno, de apoyo crítico hacia el Frente Amplio a través del movimiento “26 de marzo”; y el otro, un plan de acción directa en caso de que continuaran los colorados en el gobierno atacaría a los agentes de la represión. El plan “Tatú” se desarrollaría tanto en Montevideo como en el interior. Para Gonzalo Varela, es de interés que había un fraccionamiento entre dirigentes del MLN en cuanto a la estrategia a seguir para 1972.

El primer documento público dado a conocer por la organización es de 1967 y enumera varias consideraciones que ambientarían la lucha armada y los propósitos sociales de la acción. Entre sus expresiones se destacaron: las “condiciones objetivas para la acción revolucionaria”, pero, no las “condiciones subjetivas” las que se deberían crear en la lucha, por lo tanto “conciencia, organización y dirección” se implementarían enfrentando a la represión y se reforzarían espontáneamente por adhesión. El planteamiento descartaba cualquier cambio de poder por vías pacíficas y reafirmaba la lucha armada como única vía para la liberación nacional y la revolución socialista. La lucha se desarrollaría a partir de la guerrilla y la acción sindical urbana .

Recién en marzo de 1971 se dio a conocer un programa de gobierno que enumeraba una amplia gama de aspiraciones latinoamericanistas y socialistas, entre ellas: reforma agraria, socialización de las industrias, proteccionismo, administración estatal del comercio, control del crédito, expropiación de inmobiliarias, socialización de los supermercados, planificación contra intermediarios y especuladores, expropiación de inversiones extranjeras, cogobierno y gratuidad de la enseñanza, expropiación de sanatorios particulares, reforma de códigos y leyes que protejan la propiedad, defensa armada de la revolución, centralización democrática de los cuadros revolucionarios y colaboración continental en la lucha antiimperialista.

El MLN no era entonces un proyecto que se insertara concretamente en la “lucha de clases” más parece un “arranque de nacionalismo radical”. No produjo en tan corto tiempo una teoría ó una metodología propia y se guió al final por la propia experiencia ó las extrajo de las teorías marxistas leninistas. Su radicalismo lo alejó tanto de la CNT como del Frente Amplio. Los tres problemas básicos que los distanciaron fueron: la articulación de la lucha armada, la complementación del marxismo con el nacionalismo y la articulación del frente de masas.


LA RADICALIZACION DEFINITIVA

En l971, las declaraciones patéticas, llevaron a los dirigentes tupamaros a señalar que ya se había ganado todo el apoyo que se podía ganar y que una vez superado el acto eleccionario habría una ofensiva “en serio” contra todos los organismos y personeros de la represión, contando con la profundización de la crisis social.

Su radicalización llegó “cuando era evidente que la opinión mayoritaria la rechazaba y estaba confesando su fracaso... el MLN agredía principios éticos que se sustentaban en los pilares de la sociedad uruguaya y esto tiene un costo muy alto en el grado de popularidad”. La propia sociedad fue puesta en la opción de admitir el terrorismo de estado y la dictadura frente a cualquiera otra vacilación.

Quijano, típico intelectual dado a la crítica desde sus posiciones socialdemócratas en su semanario “Marcha” advertía que se estaban creando las condiciones para un “golpe de derecha” del que saldría un gobierno de fuerza, sostenido por los EEUU, Brasil y Argentina; y que al contrario, toda la izquierda carecía de fuerzas organizadas y aunque ganara las elecciones, no sobreviviría.

El MLN radicalizó su discurso haciéndolo más nacionalista: condenó a la oligarquía, integrada por los latifundistas, la banca y los industriales que actuaban como las bases sociales de la dependencia colonialista. Reafirmó sus principios fundamentales de reforma agraria, estatización, planificación centralizada de la economía y justicia distributiva. En sus vinculaciones crecieron las ofertas de apoyo externo desde Chile y Cuba, de forma que la visión revolucionaria alcanzaba el conjunto continental. Esta vinculación con Cuba contribuyó a su marxistización, que nunca se completó, aunque permitió a las Fuerzas Armadas interpretar al MLN como versión de la “conspiración comunista internacional”.



Al efecto: “no tiene más finalidad que la de contribuir al triunfo del comunismo en el mundo... es un auténtico movimiento de traición nacional, de incalculable peligrosidad, unido al carro del imperialismo comunista, que es el verdadero responsable de su surgimiento”.

Debemos considerar como fundamental el alto costo social que el Uruguay estaba pagando en su reinserción comercial internacional, ya que la crisis había sacado a luz las contradicciones del sistema y en definitiva la “decepción social” por el fracaso del modelo.

Un fuerte revisionismo histórico, el cuestionamiento social tan marcado, la falta de soluciones inmediatas y eficaces requerían explicaciones, que el Uruguay empezaba a plantearse y que necesariamente respondería por los medios heterodoxos. Se consideraba que en el ambiente mundial de lucha por la justicia social y la liberación de los pueblos oprimidos se daban las condiciones para una sociedad más justa y que entonces era cierta la lectura marxista de la lucha entre oligarquía “dominante” y pueblo “explotado; y para el caso, los lecheros, quinteros, los trabajadores de la caña, del arroz, de la remolacha, los peones, serían ese pueblo “revolucionario” que habría de ser conducido a la lucha. La tugurización de los “barrios nuevos” de Montevideo era otro ejemplo de esa verdad. La izquierda tradicional carecía de fuerza electoral como para viabilizar cualquiera alternativa que no fuera la lucha armada.


ORGANIZACIÓN, TACTICAS Y RECURSOS PARA LA ACCION DIRECTA


La organización trató de resolver tres problemas esenciales: uno, político, para reclutar, formar y entrenar a los que infiltrarían el “frente de masas”; dos, militar, para instruir y operar sobre los blancos seleccionados y tres, técnico, en cuanto a los recursos disponibles para sostener la acción.

La estructura fue necesariamente piramidal, recayendo la responsabilidad de las directivas generales en la Convención Nacional, que delegaba la ejecución en un Comité Ejecutivo colegiado, que las encargaba en su consecución a las columnas político-militares. A fines de 1971, quedaron integrados tres comandos: Montevideo, interior y 26 de Marzo como frente político.

El financiamiento del movimiento fue el problema más acuciante; estaba justificada la “expropiación revolucionaria” de las propiedades de los “oligarcas”, de forma que los asaltos, complementaban los ingresos por concepto de contribuciones mensuales de adherentes y donaciones.

Las acciones políticas tuvieron dificultades en su relacionamiento con los militantes del partido Comunista especialmente en la labor de infiltración de sindicatos, asociaciones, sistema educativo, prensa y fuerzas de seguridad.

La dificultad fue además teórica en cuanto a la simbología que los discursos requerían y en cuanto a las directivas que el PCU recibía directamente desde Moscú. El PCU había iniciado a su vez la organización de un aparato armado de “seguridad y contragolpe”.

Los objetivos prácticos que exigían planificación militar eran sencillos: sabotaje a empresas capitalistas, al estado e instalaciones militares, ataque directo a los personeros de la represión, patrones y personajes de importancia del régimen; negociar concesiones, emboscar, secuestrar ó aniquilar el objetivo asignado, allanar y expropiar los bienes que permitieran pertrechar las reservas del movimiento. El hostigamiento sería permanente y daría popularidad y facilitaría el reclutamiento de nuevos miembros.

En sus documentos, el MLN definió el “atentado” como las acciones que tienen por finalidad la integridad física de los individuos, diferente del atentado terrorista, que afecta indiscriminadamente a muchas personas “neutrales”, por lo que se descartaba cualquier acción inhumana que afectara vidas inocentes con su efecto político negativo.

La implementación de las acciones llevó a conformar una red de apoyo que permitiera la preparación del delito, mediante la información, la preparación de documentos falsos y la elaboración de una red de apoyo que facilitara el escape y el ocultamiento. Para eso se puso especial atención en las tareas de movilidad, comunicaciones y coordinación de células autónomas de no más de cinco integrantes. La red de apoyo tendría a su cargo el mantenimiento de los berretines y las tatuceras.

El berretín es un escondrijo disimulado en casas, muebles y otros objetos, donde se guardan papeles, materiales, armas y los propios sediciosos. Tatucera, designa los pozos, refugios o depósitos subterráneos hechos en las zonas rurales para el ocultamiento de armas, personas, materiales ó víveres.

Entre estos planes, los más destacados fueron el plan Cacao, de atentados contra intereses económicos; el plan Ñandú, contra personas; el plan Tatú, de llevar la guerrilla al interior rural, y los planes Collar e Hipopótamo para el copamiento de Montevideo.

El corto número de efectivos militantes disponibles hacía de dichos planes una ejemplar utopía. Todo el esquema era una adaptación criolla de métodos probados durante la Segunda Guerra Mundial, por las “resistencias” y durante las guerras de liberación de Argelia y de Vietnam.

Toda estructura guerrillera supone una alienación política por que los individuos entran en una orientación negativa con respecto al sistema que quieren construir después de destruir el que los alberga. La subversión resultante es el proceso de creación de un contrasistema fundado a partir de la decepción y la denuncia de la matriz y la renuncia a participar activamente.

La guerrilla es la alternativa, fundada en la lucha de clases y la liberación. En su acepción significa: orden de batalla que se hace dividiendo la tropa en multitud de partidas pequeñas para hostilizar al enemigo; partida de tropa ligera que avanza en descubierta y partida de paisanos que hace la guerra independiente del ejército regular. La guerrilla puede ser un arma de defensa nacional ó un arma insurreccional.

En el caso, los tupamaros se integraron como partida irregular con carácter de insurrección .

La guerrilla debe pasar por tres etapas: primero, defensiva, a fin de afirmarse; segundo, de equilibrio, en que es reconocida como beligerante; y tercero, cuando pudiera pasar a la ofensiva, desde “territorio liberado” en el que podría sostener un gobierno paralelo.

El guerrillero es un ciudadano que entra en estado de rebelión contra un sistema que lo ha decepcionado y que por su estado de conciencia admite su sacrificio personal para obtener un cambio social de beneficio comunitario. Desde su puesto de trabajo, actúa apoyando el movimiento y manteniendo su vida cotidiana queda camuflado dentro de la propia sociedad que espera cambiar. “Es todo aquel que siente dentro de si, aunque no sepa expresar en palabras, su sentir lo que los verdaderos revolucionarios sienten y que rompiendo la legalidad que lo rodea es capaz y tiene el valor moral para convertirse en un integrante más del brazo armado de los pueblos”...

Es indudable que para proveerse de armas, los movimientos de liberación recibieron asistencia de la URSS a través de Cuba, esperando efectos favorables a sus propios fines, dentro del esquema de la Guerra Fría. Para la Junta de Comandantes en Jefe, toda la subversión nacional fue una impresionante conspiración preparada por el comunismo en el ambiente favorable de una sociedad desprevenida y democrática, en plena crisis.

El conjunto de organizaciones que desde 1971, serían consideradas subversivas es amplio: Partido Comunista, Movimiento Revolucionario Oriental, Partido Socialista, Movimiento Socialista, Agrupación Batllista Avanzar, Movimiento Batllista 26 de octubre, Movimiento del Pueblo, Agrupación Popular Unitaria, Unión Popular, Izquierda Nacional Independiente, Partido Obrero Revolucionario Trotkista, Agrupación Nuevas Bases, Federación Anarquista, Partido Demócrata Cristiano, Frente Izquierda de Liberación, Frente Avanzada Renovadora, Movimiento Izquierda Revolucionaria, Resistencia ObreroEstudiantil, Movimiento 26 de Marzo, Liga Espartaco, Organización Popular Revolucionaria 33, Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, Frente Revolucionario de los Trabajadores, Grupos Acción Unificadora, Frente Armado Popular, y un número más elevado de organizaciones sociales, infiltradas ó creadas como “encubrimiento”.

El conjunto es amplio, heterogéneo y evidencia una atomización total especialmente un muy exiguo número de integrantes, aún en los cuadros más disciplinados de los partidos políticos.

Existe un grupo de fenómenos aglutinados en una misma visión global del conjunto: por una parte el Movimiento de Liberación Nacional enmarcado en su opción de lucha armada; por otra parte el Partido Comunista que respondía a las orientaciones de Moscú y que aspiraba a capitalizar la dirección del Frente Popular y las organizaciones menores, que podrían o no coordinarse. Sobre el conjunto orgánico, debe enfocarse la visión de que la subversión, era un fenómeno general que dominaba la sociedad a través de todos los medios disponibles, la calificación de subversivo afectará a cualquier crítico del sistema ya se encuentre en el Parlamento, sindicatos, educación, iglesia, club social, editorial, grupo teatral, círculo literario, etc...

Todo el conjunto quedaba definido por la opción revolucionaria y la filosofía marxista leninista. La teoría de la conspiración permitiría la censura y persecución general de cualquier opositor contando aún con la posibilidad de retacear las propias libertades que se pretendían defender desde el gobierno.

La lucha “contra la subversión” cubriría varias etapas: desmantelar el aparato guerrillero, el aparato político y la infiltración.

“Todo había sido orquestado por la poderosísima infiltración marxista comunista, que aparece dominando y dirigiendo ese caos. Inteligentemente aprovechada y manipulada por los comunistas y con la culpable pasividad de dirigentes políticos miopes e incompetentes, ese cúmulo de factores va a determinar el surgimiento de una generalizada subversión... derrotada la guerrilla tupamara por el accionar de las FFAA... el marxismo se refugió en su último baluarte, el parlamento de entonces, que a través de su bizantinismo dialéctico se enfrascan en discusiones políticas intrascendentes en lugar de abocarse a la confección de las leyes que la situación del país estaba reclamando...”

El número de subversivos arrestados fue de unos tres mil, que nunca dispusieron de armas como para afectar la estabilidad de las instituciones. Las averiguaciones, sumaron un total de 300.000 personas interrogadas. Aunque el efectivo militar disponible siempre fue exiguo, lo que realmente pudo representar un peligro real en la capital, fue el “frente de masas”. El “frente de masas” pondría en la calle a los gremios estudiantiles y los sindicatos, mientras las columnas militares tomaban por sorpresa los puntos clave de la ciudad.











EL FRENTE AMPLIO

EL FIN DEL BIPARTIDISMO

Sus más remotos orígenes se deben buscar en la oposición a la dictadura de Gabriel Terra, en que se ensayó un primer acuerdo para crear por una parte un movimiento revolucionario y por otra un “frente popular” al estilo francés. Este frente antifascista, se integraría con todos los grupos afectados por la dictadura: batllistas, blancos independientes, comunistas, socialistas, cívicos y los que quisieran adherir. Entre los precursores se encontraba Carlos Quijano, líder de una fracción socialdemócrata.

La normalización de las instituciones después del ajuste constitucional de 1942, volvió a distanciar a los partidos “menores”. La revolución cubana de 1959, dio nuevos bríos a la izquierda y sobre todo la crisis económica la impulsó a una acción más directa y popular. Se conforman dos primeras alianzas, que no obtuvieron avances electorales significativos: el Frente Izquierda de Liberación aglutinado alrededor del partido Comunista y la Unión Popular, nucleada alrededor del partido Socialista.

La crisis general de la década del 60, permitió la reorganización del aparato sindical, conformando la Convención General de los Trabajadores y el Congreso del Pueblo, entre 1964 y 1965. En el campo político durante las elecciones de l966, el FIDEL, la UP y el partido Socialista, se presentaron por separado. Al tiempo, se formaban grupos menores que se escindían de los partidos tradicionales.

Para entonces la violencia se instalaba en las calles a través de los movimientos sindical y estudiantil y hacían su entrada en escena, los tupamaros. La izquierda necesitaba un último intento para lograr una salida legal y pacífica frente a la radicalización. Al conflicto entre MLN y gobierno, hay que agregar el conflicto entre las organizaciones juveniles de “derecha”, Juventud Uruguaya de Pie y Tradición Familia y Propiedad, con la Unión de Juventudes Comunistas.

Las negociaciones para constituir una tercera fuerza se aceleraron y el 5 de febrero de 1971, quedó conformado el Frente Amplio, una coalición pluralista para la acción popular. Recibió el apoyo inmediato de los intelectuales, de las organizaciones estudiantiles, de la CNT y de la red de comités de base de los partidos que lo constituyeron. Entre sus fundadores se encontraban: Zelmar Michelini, por el “Gobierno del Pueblo”; F.Rodríguez Camusso, por el “Movimiento Popular Blanco y Progresista”; Luis Pedro Bonavita, del FIDEL; Rodney Arismendi, del PCU; Juan Pablo Terra, del PDC; José Pedro Cardozo, del Partido Socialista; Eduardo Jaurena, del Movimiento Socialista; Héctor Rodríguez, del Grupo Acción Unificadora; Jorge Durán Mattos, del Movimiento Herrerista; Oscar Bruschera, Arturo Baliñas y adhirieron posteriormente: Líber Seregni, Víctor Licandro, Enrique Erro, de la Unión Popular; Ariel Collazo, del Movimiento Revolucionario Oriental, Alba Roballo, del Movimiento Batllista “Pregón” y el Partido revolucionario de los Trabajadores.

Tres declaraciones sucesivas habían sido publicadas con fecha 7 de octubre de 1970, de intención; 5 de febrero de l971, de constitución y del 17 de febrero, de bases programáticas.

Lo novedoso de la coalición era que participaban: marxistas, blancos, batllistas, cristianos y liberales, que exigían la elaboración de un discurso común para otorgar fuerza política sin quitar identidad a sus miembros.

En primer lugar, se reivindicó la tradición nacional de las figuras centrales de nuestra historia: Batlle, por sus políticas sociales; Herrera, por su antiimperialismo; Saravia, por la protesta armada y Artigas, como fundador de la nacionalidad. El llamamiento se hizo con amplitud para la participación de los sectores de la izquierda tradicional que se desgastaban en crear su “revolución propia” sin aportar nada a la transformación del país. Se convocó a los sectores cristianos, más comprometidos en la acción social y progresista después del Concilio Vaticano II.

En segundo lugar se admitió la plataforma reivindicativa de la CNT y del Congreso del Pueblo, para la justicia social.

En tercer lugar, debía darse una organización que les permitiera a todas las fuerzas actuar como bloque y al mismo tiempo con autonomía respecto de su propio crecimiento. Los comités de base de la organización se transformaron en puntos de referencia, adoctrinamiento y movilización de los sectores populares. Sobre estos comités, actuaban las coordinadoras, sectoriales y territoriales, departamentales y zonales, antes de llegar al nivel nacional cuya representación ejerce el plenario nacional y en su nombre la Mesa Ejecutiva.

En noviembre de l971, el Frente Amplio, captó el 19 % del electorado nacional, dando por terminado el bipartidismo y en Montevideo captó el 30 %, transformándose en la 2ª. fuerza, desplazando al partido Nacional. Un problema colateral, era la búsqueda de candidatos con carisma, sin prejuicios, comprometidos con un proyecto socialista, constitucionalista y que obtuvieran el acuerdo de todos los sectores. La opción recogió a los líderes “históricos”: Líber Seregni, general, de origen batllista, que había pasado a retiro en l968; José D’ Elía, presidente de la CNT, Hugo Villar y Juan José Crottogini, médico.

El programa dado a conocer contenía una serie de medidas inmediatas y deseables para resolver la crisis general, económica, social y política del país:

En lo político: levantar las medidas prontas de seguridad, amnistía, restitución de destituídos, retirar interventores de la enseñanza, levantar censuras.

En lo internacional: defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación, no-intervención, denuncia al imperialismo, derecho de asilo y ruptura con el Fondo Monetario Internacional.

En lo económico: planificación, nacionalización de la banca, participación de los trabajadores, reforma agraria, formación de cooperativas, industrialización, reforma tributaria, derogación de la COPRIN, nueva política salarial y reforma de la educación.

En lo institucional: pluralidad de partidos, autonomía municipal, vigorización de la democracia directa, reforma de la policía y reencauce de las Fuerzas Armadas.

El enfoque económico fue el que despertó más espectacularidad, proclamó que la planificación de la economía tendría objetivos sociales a través de las nacionalizaciones, de la reforma agraria, la desarticulación de los monopolios, de la banca internacional, de los frigoríficos y del comercio exterior, atendiendo a una política distributiva fundada en los impuestos, los salarios y el presupuesto nacional. “Para abatir la oligarquía hay que abatir también tres centros fundamentales en que se asienta su poder: el latifundio, la banca particular y el complejo succionador de la exportación”.

En su discurso, el general Líber Seregni estaba persuadido de que el Frente Amplio se transformaría en un movimiento de futuro captando las mayores adhesiones, porque resultaba de una necesidad de alternativas y de pacificación llevadas adelantes por una fuerza política con militancia y coherencia interna. En la elección de 1971, participó con el lema PDC, Partido Demócrata Cristiano y bajo este lema se agruparon como fuerzas electorales: el Frente del Pueblo, contituído por la alianza entre el PDC y la “99”; el Frente Izquierda de Liberación; el Frente Patria Grande, con la alianza del MRO y la UP; el Frente Socialista, el Frente Obrero y varios grupos independientes.


EL PARTIDO COMUNISTA

Las Fuerzas Armadas elaboraron una agenda de asociaciones subversivas e identificaron tres: el Movimiento de Liberación Nacional, el partido Comunista y el Frente Amplio. Esta estructura política era la que había infiltrado a la sociedad uruguaya a través de los sindicatos, de la enseñanza, de los estudiantes y del parlamento nacional.

El partido Comunista del Uruguay se había fundado en l921 y adherido a los principios de la Tercera Internacional; participó sin éxitos electorales en todas las acciones, estuvo presente en la estructura sindical y tempranamente en los gremios de estudiantes.

El esfuerzo nunca fue más allá de la crítica al gobierno, hasta que la sustitución del secretario general Eugenio Gómez por Rodney Arismendi, indicó que se iniciaría una nueva etapa de organización y movilización adecuada para los tiempos de la Guerra Fría.

La eventualidad de la lucha armada fue tomada en cuenta; la acción en el frente de masas, fue prioritaria y la solidaridad latinoamericana, fue un principio; especialmente después de la revolución cubana y los notorios errores de los EEUU, en Cuba, Santo Domingo y Vietnam.

Las directivas inmediatas fueron dadas hacia la acción sindical y el adoctrinamiento obrero, el reclutamiento y adoctrinamiento en las clases medias a través de asociaciones culturales e instituciones educativas, la conformación de alianzas políticas oportunas, la infiltración las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de la disciplina interna y la constitución de un aparato militar clandestino.

Los diarios “De Frente” y “El Popular”, CX 30 y la editorial “Pueblos Unidos” sirvieron a la propaganda y divulgación. En abril de l961, fue denunciada la primera escuela de adoctrinamiento, en la calle Haig 4227, dirigida por José Luis Massera.

Por su parte, la nueva constitución de la Cuba “revolucionaria” llevaba implícita una acción de alcance general a la que responía la Organización Latinoamericana de Solidaridad que se reunió entre el 3 y el 15 de enero de l966, en La Habana. El Uruguay había roto relaciones con Cuba, votado su expulsión de la OEA y expulsado a varios diplomáticos soviéticos.

OLAS y la Tricontinental, integradas por representantes de Asia, Africa y América, aprobaron su compromiso de lucha anticolonialista, antiimperialista y de coordinación de sus movimientos en los aspectos políticos, moral y material. La declaración final contenía una serie de puntos satisfactorios para el equilibrio de poderes que la URSS esperaba lograr frente a los EEUU: “hacer la revolución es un deber y un derecho”; toda revolución se orientaría sobre los principios marxista leninistas y la lucha armada era la opción y debe organizarse a través de las guerrillas con un mando político y militar unificado.

En el “frente de masas” las alianzas políticas no rindieron frutos electorales, recién en 1971, se conformará el Frente Amplio dentro del cual el PC tendrá decisiva influencia por sus recursos humanos, materiales de organización y disciplina.

En el campo sindical, la crisis permitió un rápido copamiento de los sindicatos lo que facilitó además su movilización tanto en el sector privado como en el público.

En el frente estudiantil, fueron éxitos fundamentales, desde 1966 el copamiento de la Federación de Estudiantes Universitarios y de la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria.

Desde la movilización de 1968, por el boleto “estudiantil” las acciones se multiplicaron, haciéndose permanentes y violentas: en l969, contra la ley de educación y la visita de Rockefeller; en l970, contra la intervención y en apoyo a los obreros en huelga; a lo que siguieron en l971, durante la campaña electoral; y en l972, contra la ley de educación y contra el CONAE.

El conjunto siguió el modelo del “mayo francés” en el que la fuerza del número sustituía a la razón y era fácil en medio del idealismo juvenil influir una masa desprejuiciada e influenciable.

La organización para la lucha armada no fue desatendida, pero en ningún momento el efectivo y los recursos disponibles eran un riesgo para las instituciones ó para el Ejército.

El plan comprendía: captar oficiales dentro de las FFAA que pudieran volcar con su prestigio las unidades a su mando para apoyar una “revolución” o para impedir un contragolpe. Según el caso, se trataría de defender las instituciones ó de tomar el poder. Existió coordinación con ausencia de implementación concreta con el MLN. El plan previsto para el 1 de mayo de 1972 nunca se realizó. Hipotéticamente, se tomarían los puentes del arroyo Miguelete; se construiría una trinchera en la textil Martínez Reina; se volaría el puente del Santa Lucía; se ocuparían la Central “Batlle” de UTE y la refinería de ANCAP en la Teja y algunas células se escalonarían sobre las avenidas para detener a los tanques mientras la huelga general paralizaba la ciudad.

El efectivo disponible llegó a unos 700 hombres con 291 armas cortas y largas. El plan solo podía satisfacer el requisito reglamentario de existencia de un aparato armado, ya que carecía totalmente de fuerza y el plan excepto la huelga general, era absolutamente imposible de sostener.

Recientemente, noticias provenientes de los abiertos archivos de la KGB soviética, demuestran que hubo ayuda a todos los partidos comunistas que respondían a la línea de Moscú para establecer sólidas bases ideológicas y sociales que les permitieran alcanzar el poder por una u otra vía.

El partido Comunista fue un agente obligado de las redes usadas por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, más allá de la política anticomunista practicada por el Departamento de Estado norteamericano y la Cía. En cuanto a la asistencia de EEUU a dictadores oportunistas ó legalistas y a regímenes oligárquicos nacionales ha sido oportunamente denunciada.











LAS FUERZAS ARMADAS

OTRA FORMA DE TERMINAR CON EL BIPARTIDISMO


EEUU esperaba erradicar cualquier elemento subversivo que pudiera repetir las experiencias de China, Corea, Cuba y Vietnam. El proyecto para América Latina había sido perfilado en función de las siempre inestables repúblicas centroamericanas donde la guerrilla es un fenómeno corriente y cotidiano. Los objetivos eran simples: erradicar la subversión obviamente apoyada por la URSS y Cuba; consolidar los objetivos económicos del nuevo orden mundial del capitalismo y lograr una fuerza de combate eficaz y de ninguna manera excesivamente poderosa, para mantener el orden en la región y la seguridad “continental” del territorio norteamericano.

Desde la Segunda Guerra Mundial funcionaban programas de entrenamiento y de instrucción militar conjuntos. El entrenamiento supone adquirir habilidades para tareas específicas, en este caso: operaciones en la selva, “guerra de guerrillas”, contrainteligencia... y la instrucción militar exige: adquirir conocimientos y habilidades para la propia carrera militar; en este caso, la doctrina había abandonado la “guerra convencional” por el tema de la “subversión y la seguridad nacional” más apropiados a las vicisitudes de los años 60 y al bajo perfil de la mayoría de los conflictos. Los medios convencionales - ataques masivos por mar, tierra y aire- habían demostrado su fracaso en los conflictos árabe-isrelíes; la guerrilla vietnamita se había mostrado como “un gran problema” para las fuerzas norteamericanas en la zona. Para Gabriel Ramírez, esta asistencia de los EEUU atendía al proyecto de “dominación” y de “represión” a la insurgencia popular en América Latina.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las Conferencias Militares habían tratado tres problemas concretos: la defensa común, la seguridad del hemisferio y la asistencia al estado que fuera víctima de un ataque armado. La defensa común hacía referencia a la posibilidad de que una potencia extra continental pusiera en riesgo al conjunto; era imposible que Alemania o Japón lo lograran; no era imposible para la URSS en la época de los misiles con base en Cuba (1963). La seguridad del hemisferio hacía referencia a que no se instalaría en la zona, ningún gobierno que pudiera servir de cabecera de puente a un ataque ajeno. Cuba era ese agente de riesgo para la seguridad de todo el subcontinente norteamericano, Centroamérica y el Caribe. Por último como se actuaría en caso de que hubiera un ataque directo a territorio norteamericano; por que un ataque aéreo soviético no necesitaba una invasión tradicional “estilo Normandía”, ni siquiera usar a Cuba; bastaba cruzar el Polo Norte y Alaska.

En las preocupaciones de la estrategia norteamericana, Argentina ocupaba un lugar privilegiado: por su posición al sur del continente, su política excesivamente independiente, los continuos golpes militares desde 1930 y su riqueza y capacidad industrial.


EEUU estaba interesado en dotar al Uruguay de una infraestructura básica: se habilitaron los préstamos para construir la base aeronaval de Laguna del Sauce y la base aérea de Santa Bernardina en Durazno. La primera, tiene absoluta importancia para el control directo que se puede ejercer sobre el tráfico en el Océano Atlántico y el Río de la Plata, buques y submarinos. Y la segunda, controla el espacio aéreo interno del país.

El Tratado de Asistencia Militar entre el Uruguay y los EEUU quedó firmado el 30 de junio de 1952 y ratificado el 6 de julio de 1953. El tratado no supuso una escalada militar, la ayuda fue precisa y cuotificada para la Fuerza Aérea, para la policía y para las misiones militares de asesoramiento ó de becas para EEUU .

La primera etapa del problema de represión de la subversión estuvo a cargo de la policía y del regimiento de la Guardia Metropolitana creado como fuerza de choque y asalto. Recién a partir del decreto de setiembre de 1971, se encargó a las Fuerzas Armadas la lucha directa. Las dudas evaluadas por el gobierno de los EEUU respecto de los ejércitos latinoamericanos, se cumplieron; por que las Fuerzas Armadas uruguayas se presentaron con perfil político propio desde 1972.

Las FFAA no permanecían extrañas a los sucesos latinoamericanos; especialmente frente a la acción directa que realizaban en la Argentina y desde 1964 en Brasil. La creación del Instituto Militar de Estudios Superiores – IMES- permitió que los oficiales superiores mejoraran la óptica social respecto de su rol nacional e internacional y se plantearan el problema de la seguridad como resultado económico. Se elaboró la doctrina que sustenta toda la acción de las FFAA como la “religión de la patria”, tradicionalista, nacionalista y anticomunista. Resulta exagerada la visión de Selva López Chirico de que la estrategia creaba “ejércitos coloniales, como brazo armado de la oligarquía, en los que había células nazis”.

Desde la guerra de 1904, las unidades militares permanecían en sus acantonamientos departamentales y en la guarnición Montevideo. No hubo una participación directa en los sucesos de 1933, 1942, 1958 ó 1966, habiéndose conformado una imagen de civilismo y constitucionalismo colorados, por una parte y de profesionalismo apolítico por otra. Sobre esto se estructura la crítica de que fue el gobierno, quién las sacó de los cuarteles para desempeñar tareas que no les eran específicas. Para Gabriel Ramírez, desde 1958 por responsabilidad de los gobiernos “blancos” se incrementó la politización de las FFAA para la designación de los mandos superiores. Hasta entonces, no se cuestionaban los dos sistemas de ascenso admitidos y legítimos, concurso y antigüedad meritoria. El discurso de politización empezó por asignar a las FFAA acciones de interés civil, alabando su eficacia y llamándolas en casos de mantener servicios esenciales durante las huelgas de UTE.





LAS FFAA URUGUAYA Y SU PARTICIPACION HISTÓRICA


Montevideo tuvo un origen militar y fueron militares casi todos los actores fundamentales del período colonial español y estuvieron preocupados por asuntos militares: los indios, la frontera, los portugueses, los contrabandistas y bandoleros, los ingleses... El período de la independencia fue militar y la historiografía acuñó la idea del ejército artiguista “en lucha contra todos y a cualquier precio”.

La actividad militar que mezclaba partido colorado y ejército irregular permaneció incambiada hasta los tiempos de Latorre. Este, aparece como organizador del ejército regular permanente, que en un momento crítico como fue el “año terrible de 1875”, consolidó “el orden y el progreso” en el país. La tarea de profesionalización continúo con Santos creándose la Escuela Militar.

La relación directa entre gobierno, Ejército y partido Colorado se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, frente a la desconfianza del partido Nacional. En ningún caso, la sociedad uruguaya fue militarista ó se impuso una política que permitiera el expansionismo por que el ejército cumplía frente a los vecinos una misión simbólica e interna como policía frente a los blancos. En tiempos de Batlle el efectivo fue limitado a 10.000 hombres reglados a “la francesa” especialmente el Ejército ya que la marina era un embrión. Para 1967, el número total de efectivos es de 19.188 distribuídos en cuatro renglones:
OFICIALES 2916
TROPA 13404
CADETES 504
CIVILES 2364

Desde 1904, ya no hubo una crisis que ameritara una movilización masiva ni grandes gastos militares. Toda la ejercitación quedó reducida a desfiles y maniobras y la posibilidad de una guerra se hizo cada vez más remota excepto para las “hipótesis”; la sociedad no veía en la carrera militar una profesión de prestigio y los cuadros cada vez se reclutaban más en sectores medios y bajos, por lo general del interior. La presencia de un importante número de civiles y de militares que se insertaban en la sociedad civil, consolidó la imagen de civismo apolítico y constitucionalismo.

En la conformación doctrinaria de nuestros militares resultan fundamentales las figuras de Artigas y los próceres de la independencia, Batlle y más tardíamente de Latorre. La influencia francesa, marcadamente positivista y liberal, también nacionalista, fue desplazada muy tardíamente por la “formación norteamericana”.



Esta influencia norteamericana fue la que introdujo en la doctrina las novedades: la “amenaza cubana”, la lucha antisubversiva, el fin de las “guerras convencionales”, la “satanización” de los civiles conspiradores, la seguridad nacional para el desarrollo, la “acción cívica” y una nueva ética en cuanto a la actuación dentro de la verticalidad de los mandos, sin personalismos como cuerpo colegiado y con una fuerte identidad. Gestido, había recurrido a militares retirados para integrarlos a la administración pública.


LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA SUBVERSIÓN


“El ejército es la institución cuyo fin es defender la soberanía de la República, su independencia e integridad territorial, sostener la Constitución y las leyes y garantizar el orden público, actuando bajo la autoridad del Presidente de la República tal como lo establece la constitución... el ejército es una escuela de moral estoica en la que la abnegación, el desinterés, el honor y la ecuanimidad constituyen las cualidades básicas de su fin solidario”.

Frente a la subversión, el Ejército actuó apegado a este reglamento general por lo que debía cumplir las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo legítimamente electo; éste, podía tomar medidas prontas de seguridad en el marco del numeral 17 del artículo 168 de la Constitución de la República. Las medidas fueron sostenidas frente al estado de conmoción interna cuya vanguardia llevaban los sindicatos y los estudiantes y frente a la conspiración para delinquir que llevaban adelante los tupamaros con el secuestro sistemático, los atentados y los asesinatos selectivos.

Las instituciones tienen el deber primario de mantener la seguridad, el orden público y garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y libertades, de asistir a su trabajo ó a su lugar de estudios, sin ser agredidos por sus ideas. El Poder Ejecutivo encargó a las FFAA el desmantelamiento del sistema cuyo propósito final era tomar el gobierno e instalar un sistema político social y económico revolucionario y socialista ajeno a las tradiciones nacionales. La defensa de la integridad de la nación quedaba en claro frente a lo que se consideraba una conspiración interna con múltiples actores y con ayuda externa.

El desajuste general del país se debía al nuevo sistema económico de reinserción en el mercado mundial de acuerdo con las directivas del Fondo Monetario Internacional y que había dado por terminado el sistema “neobatllista”. El neoliberalismo había dado por terminado el estado de asistencia social buscando la eficacia económica en los nuevos mercados produciendo recursos genuinos y no de privilegio por intervención del Estado.





La nueva doctrina de las FFAA atendió los siguientes puntos básicos: función y eficacia de la institución frente a los acontecimientos; asistencia militar de EEUU para la defensa de la civilización occidental, capitalista, liberal y cristiana; nuevas misiones operativas fuera de la guerra convencional; culto a la patria y la nación; del deber y preparación de planes, objetivos y medios para reorganizar las instituciones.

Las FFAA tenían la oportunidad de participar en el desarrollo nacional, mantener la seguridad interna y mantener la adhesión a la democracia y la república.

La revolución era parte del proyecto del sistema socialista mundial que debía establecer un nuevo orden mundial. Era por definición, antinacional.

Frente a la situación, las FFAA se consideraron como la “última reserva moral del país” y agentes activos del reordenamiento nacional económico y político.

En otras opiniones, se considera que las FFAA solo podían actuar como el brazo armado de la oligarquía capitalista para consolidar el proyecto antinacional y antipopular del neoliberalismo que proponían los EEUU y las agencias financieras internacionales aumentando los lazos de dependencia, y solo actuaron por una decisión conservadora de represión. Este es el error interpretativo más grave.

La doctrina de la seguridad nacional es la hipótesis fundamental por la cual el patrimonio nacional en todas sus formas y en proceso de desarrollo hacia objetivos precisos, debe ser puesto a cubierto de cualquier obstáculo interno ó externo. Satisfacía así los valores tradicionales, la nacionalidad y la soberanía frente al contexto de múltiples presiones durante la Guerra Fría. El conflicto social es uno de esos obstáculos que debe ser resuelto, la nación niega esencialmente la lucha de clases por que todos los ciudadanos son por naturaleza partes de un cuerpo indivisible .

Enfrentadas a la situación de la lucha antisubversiva desde setiembre de 1971, las FFAA debieron resolver los problemas prácticos resultantes de la novedosa situación que no tenía esquema de fundamento en las doctrinas tradicionales: como definir al “enemigo”, con que perfil; como operar sobre los connacionales civiles desarmados; como considerar a los prisioneros tomados en las operaciones; con que jurisdicción operar, si estos delitos eran comunes ó militares y como actuar en relación con los partidos políticos. Sobre estos problemas se elaboraron las primeras respuestas, muy simples: obediencia a los mandos naturales y al Poder Ejecutivo; mantener el orden democrático republicano por ser objetivo nacional y legal legítimo y evitar el triunfo “comunista” reivindicando los valores tradicionales “artiguistas”.




El país llegaba a las elecciones de 1971 con todas las fuerzas en presencia: MLN, Frente Amplio y FFAA planteando un nuevo ordenamiento y cuestionando el orden liberal imperante; del otro lado, los partidos tradicionales enfrentados a mantener su propia credibilidad y darle soluciones al país fuera dentro del reformismo propuesto por Wilson ó por la “continuidad” de Pacheco Areco, reforma constitucional mediante. La disputa del poder era inevitable entre fuerzas cada vez más radicalizadas.











































LA CRISIS DE LAS INSTITUCIONES 1972-1973

LAS ELECCIONES DE 1971


El parlamento perdió terreno durante el gobierno de Pacheco y la credibilidad pública fue puesta en el Poder Ejecutivo y el MLN era un crítico opositor del sistema parlamentario liberal. Pacheco Areco había tomado en sus manos, mediante decreto, las decisiones principales aún contra la opinión del parlamento que en ningún momento puso en riesgo ni cuestionó severamente las acciones del presidente, al contrario, contemporizó.

La política de Pacheco había obtenido algunos éxitos relativos debidos: al congelamiento de los salarios y precios, a la solidaridad de las empresas y a la coyuntura internacional de buenos precios para las exportaciones; no resolvió el problema de fondo de estancamiento productivo, falta de disciplina en la administración empresarial, quiebras fraudulentas, especulaciones y la hegemonía de los grupos financieros.

Políticamente, la contención del movimiento sindical asociado con la subversión era una necesidad para restablecer y consolidar el “orden”. El crecimiento del sector de Wilson Ferreira Aldunate dentro del partido Nacional y del Frente Amplio plantearon marcados cuestionamientos a la política oficial.

Las elecciones de 1971 plantearon una serie de novedades incorporadas en la reforma constitucional de 1966: la obligatoriedad del voto, el voto de los soldados de línea a los que se agregó el plebiscito reeleccionista a favor de la fórmula Jorge Pacheco Areco, Juan María Bordaberry. Los partidos se presentaron fragmentados en 147 sublemas y 590 listas.
El partido Colorado, con una imagen “de derechas” presentó las candidaturas en tres fórmulas mayoritarias: Jorge Pacheco Areco, Juan María Bordaberry, Jorge Sapelli, en la Unión Nacional Reelecionista, en la que la Unión Colorada y Batllista era mayoría; Jorge Batlle y Renán Rodríguez, por la lista 15; y Amílcar Vasconcellos y Manuel Flores Mora.

El partido Nacional llevó dos fórmulas simples mayoritarias: Wilson Ferreira Aldunate, Carlos Julio Pereyra y Mario Aguerrondo, Alberto Heber; entre ambas marcadas diferencias programáticas y prácticas. El Frente Amplio, llevó la única fórmula: Líber Seregni, Juan José Crottogini.

El total de votos válidos emitidos fue de 1.740.119, de los que se emitieron para cargos nacionales y departamentales, 1.664.119, resultando anulados, 39.816 y en blanco, 6.139. Se admitieron por última vez los votos observados interdepartamentales que sumaron 126.423.

De los sufragios emitidos correspondieron a la reelección: 491.680 y no lograron la mayoría para imponerla. La reforma del artículo 152, señalaba que “el presidente y el vicepresidente durarán cinco años en sus funciones y podrán ser inmediatamente reelectos por una sola vez”.

Rechazada la reelección, la victoria del partido Colorado otorgó la mayoría a la fórmula de alternativa: Juan María Bordaberry, Jorge Sapelli, que obtuvo 379.515 votos; Jorge Batlle, 242.804 y muy lejos en las preferencias, Vasconcellos, con 48.844; Ribas, 4.025 y Pintos, con 5.402. El lema computó 681.624.

El partido Nacional computó 668.822; de los que correspondieron a Ferreira Aldunate, 439.649 y a Aguerrondo 228.569. El Frente Amplio irrumpió como la tercera fuerza electoral nacional y la segunda en Montevideo con 304.125 sufragios.

Las elecciones se realizaron en un clima de violencia y como resultados señalaron, el continuismo político aunque el candidato más votado fue Wilson Ferreira Aldunate, quien el 2 de enero de 1972 denunció el “fraude” de votos falsos y solicitó la nulidad del escrutinio.

El nuevo gobierno accedía sin mayoría parlamentaria, era una minoría mayor.

Bordaberry era “un candidato oscuro y silencioso que permaneció a la sombra de su mentor”. Los votos que lo llevaron a la presidencia eran al fin y al cabo de Pacheco Areco. “Desde que llegó a la presidencia Pacheco, mantuvo una argumentación coherente y sistemática en sus principales elementos, hacia el fin de su mandato hubo una variación con la inclusión del tema del peligro totalitario”.

En el Senado, el partido Colorado obtuvo 13 bancas que pertenecían a cinco listas diferentes: Agustín Caputti, Justino Carrere Sapriza, Raumar Jude, Jaime Montaner, Walter Ravenna, Angel Rath y Juan Adolfo Singer, respondían a la Unión Nacional Reeleccionista. Por la 15 accedieron Héctor Grauert, Luis Hierro, Eduardo Paz, Nelson Constanzo y Guido Machado. Por su agrupación, Amílcar Vasconcellos.

El partido Nacional obtuvo 12 bancas que fueron ocupadas por Wilson Ferreira Aldunate, Dardo Ortiz, Walter Santoro, Alembert Vaz, Pedro Zabalza, Carlos Julio Pereyra, Carminillo Mederos y Washington Beltrán, electos bajo el sublema “defensores de las leyes” en tres listas senatoriales: “Por la Patria”, 5 bancas; “Movimiento Nacional de Rocha”, 2 bancas; correspondiendo 1 al grupo de Beltrán. Los “herreristas” lograron cuatro bancas, ocupadas por Martín Echegoyen, Julio Barbot Pou, Mario Hebert y Alejandro Zorrilla.

El Frente Amplio obtuvo cinco bancas, ocupadas por: Enrique Rodríguez y Francisco Rodríguez Camusso, del FIDEL; Enrique Erro, por “Patria Grande”; Zelmar Michelini y Juan Pablo Terra por el “Frente del Pueblo”.

En la Cámara de Representantes, 41 bancas correspondieron a los colorados: 28 al grupo de Pacheco, 12 al de Batlle y 1 a Vasconcellos. El partido Nacional tuvo 40 bancas, 30 de Wilson y 10 de Aguerrondo. El Frente obtuvo 18 bancas.

En cuanto a los gobiernos municipales, al partido Colorado correspondieron cinco municipios: Montevideo, Canelones, Maldonado, Artigas y Paysandú; al partido Nacional, 14: Rocha, 33, Cerro Largo, Rivera, Salto, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Flores, Florida, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó.

El problema inmediato para el nuevo gobierno era negociar un pacto de amplio respaldo parlamentario, disponía de 7 Senadores y 28 diputados; a los que se agregaron, de la 15, otros 5 Senadores y 12 diputados; no contó con el apoyo de las 2 bancas de Vasconcellos y aún así eran insuficientes. Respondió mejor el grupo de Aguerrondo que el de Wilson y aportó 4 Senadores y 10 diputados, lográndose un exiguo margen. En la oposición: Vasconcellos, Wilson y el Frente.

Los problemas inmediatos eran de trascendencia y gravedad enfrentando posiciones encontradas: en primer lugar, las medidas prontas de seguridad y la ley de seguridad del estado; en segundo lugar, la contención de la inflación y los proyectos de desarrollo: leyes de viviendas, integración hidroeléctrica, promoción de exportaciones, de educación y de presupuesto.

El sector de Wilson Ferreira Aldunate había insistido durante la campaña electoral, en la necesidad de reformas prudentes e inevitables para la recuperación económica: entre las más recordadas propuestas de “nuestro compromiso con usted” estaba la reforma agraria, que aparece así explicada en un semanario de Achar, departamento de Tacuarembó: “parece ser que una de las cosas que en el nuevo Uruguay se va a dar prioridad es la redistribución de la tierra y creemos que el hecho en si es muy auspicioso y de una gran trascendencia... no estamos contra la propiedad en si, pero si, somos de los que sostenemos que la tierra debe cumplir una función social bien definida. La mayor entrada de divisas proviene de la producción agropecuaria, pero esta producción está estancada cuando no en franco retroceso... latifundios como los de la firma Eduardo Guarino deberán ser expropiados de inmediato para tantos de ubicar allí un elevado número de familias, que tienen ansias de trabajo y desde luego necesidad...”

Para el Frente Amplio, la cuestión era lograr una vía al socialismo y el estado democrático que diera por terminada las medidas prontas de seguridad y la represión.


En artículo del 10 de setiembre de 1971, escribía Quijano: “saludemos en primer término a las publicaciones suspendidas y solidaricémonos con ellas, reaparecieron y con más vigor. Han sido cerradas por defender al país. Saludamos también a los que fueron antes clausurados... durante cuatro años ha hundido al país y ahora cuando llega el momento de irse, insiste todavía en quedarse... Hace cuatro años, desde junio de 1968, con una breve interrupción vivimos bajo medidas prontas de seguridad... la constitución ha quedado reducido a un artículo que sirve para todo, del cual se extrae todo, que todo lo permite, prender a la gente, mantenerla en la cárcel cuando los jueces la liberan...”. En su discurso agregaba otros temas: los delitos por desacato, la censura de prensa, la violación de correspondencia, las intervenciones en la enseñanza, las torturas, los destierros, el endeudamiento, la devaluación, las quiebras, el déficit y la liquidación del Frigonal.

Quijano agregaba la necesidad de la vía socialista como condición ineludible para resolver la crisis del país y la proclama como única opción mundial. El Frente Amplio fue alabado como la fuerza renovadora y de cambio hacia el socialismo.

Evaluando la situación y la relación de fuerzas, la crisis era cuestión de tiempo.


LOS PROBLEMAS DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE BORDABERRY


El programa económico fue simple: seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional, asegurar el desarrollo, atraer las inversiones y seguir un “modelo brasileño” compartiendo responsabilidades el estado y las empresas privadas que llevarían la iniciativa; abriendo el país a las inversiones extranjeras y desregulando el mercado interno, con los resultados de reducción salarial y dándole preferencia a las exportaciones eficaces

La situación general era por demás crítica: la oposición de Wilson y del Frente, la agitación social llevada adelante por la CNT y los estudiantes, se produjeron 13 huelgas generales. En el otro extremo, contra el continuismo, el MLN lanzó su ofensiva a partir del mes de abril.

Hubo dificultades para integrar el gabinete. En junio fracasaron las tentativas de acercamiento con Wilson y el gobierno pactó con Aguerrondo, consolidó el Consejo de Ministros otorgando 3 lugares a la 15 y 3 a los herreristas, sin contar la integración en los entes y servicios.

El nuevo gobierno había enviado al parlamento con carácter de urgencia la solicitud de la ley de seguridad del estado y del orden interno.

El 14 de abril los tupamaros ejecutaron a la salida de sus domicilios a los supuestos miembros de un “escuadrón de la muerte”, “matatupas”, Oscar Delega, Carlos Leites, Armando Acosta y Lara y Ernesto Motto.

De inmediato se declaró el “estado de guerra interno” por el que las FFAA asumían el mando de las operaciones considerando el país como zona de guerra sometido a la autoridad militar y manteniéndose las medidas prontas de seguridad. En el contragolpe de las FFAA fueron muertos 8 militantes comunistas durante uno de los allanamientos que siguieron al hecho. El 18 de mayo, un nuevo golpe de los tupamaros ejecutó a cuatro soldados de la escolta del comandante en jefe.

Se supone que en el intervalo de dichas operaciones hubo contactos directos entre los comandantes de las FFAA, el MLN y Wilson. Las versiones son contradictorias, estaría comprobado que los contactos empezaron en los cuarteles y fueron terminados por el restablecimiento de la disciplina vertical propia del Ejército; y posteriormente, habrían sido los comandantes, a los que Bordaberry exigió la rendición incondicional del MLN y terminar el asunto y no negociar con los “tupas”. Esteban Cristi, Gregorio Alvarez y Ramón Trabal habrían tenido esa responsabilidad, en tanto, Florencio Gravina y Eduardo Zubía, habrían apoyado la opinión presidencial.

El Frente Amplio se opuso a la escala militar y a dar más instrumentos represivos. Seregni señalaba que el asunto se resolvería por el acuerdo entre las partes ó por la eliminación de una de ellas; el Frente acuña su propuesta: diálogo, justicia social para resolver la crisis, renuncia del presidente y alerta general a toda la militancia.

El MLN había entrado durante 1972 en una fase de reorganización y de radicalización; donde los objetivos militares sustituyeron cualquier estrategia política de considerar las circunstancias. El objetivo asignado para las acciones fue crear las condiciones para la caída del gobierno y la formación de un gobierno provisorio con participación “revolucionaria”. Enmarcó las acciones en una confusión de terrorismo y de revolución, que solo podría desembocar en una “guerra civil”. El concepto parte de errores de apreciación respecto de los años de paz y elecciones; sin contar que muchos dirigentes estaban ya presos y en cualquier caso el movimiento carecía de recursos militares. “Lo insoportable de la situación, hacía soportable el estado de sitio”.

La acción estuvo dirigida directamente contra las FFAA, la oligarquía y los “escuadrones de la muerte”; no se evaluó la repulsa general que producían los hechos, aún en la izquierda que al fin y al cabo no se comprometió.

A partir del 15 de abril la reacción del gobierno se enfocó a la total represión del movimiento y de cualquier grupo considerado “revolucionario”; fueron allanados los locales del partido Comunista y del Movimiento 26 de marzo, el diario Eco y la imprenta Alborada y varios domicilios particulares.


El 18 y 19 de abril, la CNT llevó adelante un paro general por los 8 comunistas muertos en las acciones: Raúl García, Rubén López, Ricardo González, Luis Mendiola, Elmar Fernández, José Abreu, Justo Sena y Héctor Cervelli .

El error de evaluación de situación correspondió a los dirigentes tupamaros en la medida que especularon con el apoyo de la CNT, del Frente Amplio, de los estudiantes y con el apoyo del Ejército.

Para setiembre de 1972, el movimiento había fracasado; una última acción a fines de julio produjo el asesinato de Artigas Alvarez, hermano de Gregorio Alvarez y marca el fin de las acciones “estratégicas”.

En setiembre empezaron a plantearse las primeras discrepancias en la conducción de la represión; renuncian en octubre, el ministro de Defensa Nacional Arturo Legnani y del comandante Florencio Gravina. Amílcar Vasconcellos y Manuel Flores Mora denunciaron la “conspiración militar para tomar el gobierno” a las que se agregaban las denuncias de Wilson y del Frente.

Uno los detonantes de la crisis ministerial había sido el hecho de que la Justicia Militar desconoció las solicitudes de liberación de algunos médicos detenidos. El Servicio de Información de Defensa estaba interesado en la red subversiva que integraban el MLN y el partido Comunista, en los sindicatos, en los estudiantes y además en los ilícitos económicos y los principales políticos. El 19 de enero de 1973, se solicitó la intervención de la Junta Departamental de Montevideo frente a irregularidades denunciadas.

El Poder Ejecutivo a partir de octubre de 1972 había nombrado en el ministerio de Defensa a Armando Malet y ascendido a comandante en jefe a César Martínez. Con motivo de la crisis de enero, el ministro renunció y el Presidente llamó a Antonio Francese, que había desempeñado la cartera durante el gobierno de Pacheco.


FEBRERO DE 1973, GOLPE DE ESTADO TECNICO


Los comandantes Esteban Cristi, Julio César Vadora, Gregorio Alvarez, Hugo Chiappe Pose y Eduardo Zubía, desconocieron el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. El Comandante en Jefe de la Marina, Juan José Zorrilla, movilizó sus fuerzas y se atrincheró en la Ciudad Vieja.

Los comandantes del Ejército forzaron la renuncia de Francese y del comandante Martínez; con el apoyo de la Fuerza Aérea y de la policía impusieron al Presidente el Pacto de Boizo Lanza, ya que las negociaciones se hicieron en la sede del Comando de la Fuerza Aérea.

El hecho constituye en sí mismo un motín contra el gobierno constitucional que actuaba dentro de sus funciones. El Presidente carecía de apoyo como para presentar cualquier resistencia seria sin producir una guerra civil de imprevisibles consecuencias.

La CNT no apoyó al Presidente, la “pueblada” que convocó no tuvo respuesta de ningún sector y finalmente él mismo no sostuvo a la Marina, que había declarado a favor de sostener las instituciones. El 11 de febrero, renunció Zorrilla y se levantó el cerco de la Ciudad Vieja. En el Ejército, Hugo Chiappe Pose fue nombrado “comandante de operaciones”. EL 13 de febrero se firmó el acuerdo de Boizo Lanza por el cual se designaba a Walter Ravenna, como nuevo ministro de Defensa Nacional y al coronel Nestor Bolentini, como ministro del Interior.

Las FFAA dieron a conocer en medio de la crisis los comunicados 4 y 7 cuyo contenido ha abierto múltiples debates; en su momento cumplió el objetivo de llamar la atención y confundir a las fuerzas políticas que especulaban con un “militarismo a la peruana”. Las declaraciones de intenciones admitían las necesidades de decisiones trascendentes para recuperar la economía, las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida de la población. Durante toda la crisis el parlamento permaneció en receso, sin inmutarse.

El Pacto de Boizo Lanza permitió que se instituyera el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, el 23 de febrero. Quedó integrado por el Presidente, el secretario de la OPP, los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía, los comandantes en Jefe de las Tres Armas y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. (Decreto 163). En los hechos esta institución colegiada pasó a desempeñar el Poder Ejecutivo. “Al ceder, Bordaberry, no solo cuidó los intereses de su clase y su proyecto, sino que apuntaló a los sectores más reaccionarios de las FFAA, que van a encontrar en lo sucesivo oportunidades para inclinar a su favor la relación de fuerzas en el seno del colectivo armado”.

La indiferencia popular hacia los hechos fue total y recién el 29 de marzo, la CNT realizó un paro más simbólico que convincente. Tal vez, la opinión de Quijano sea la más locuaz: “todo se ha subvertido tanto, tanto se ha manoseado y prostituído, que ya no existen constitución, leyes, instituciones. Lo que debía ser fue: el colapso. Y, el señor Bordaberry nacido presidente en el vacío, al vacío debe ser reintegrado.

El siguiente paso será el asalto contra el parlamento. Se iniciaron los procesos que terminarían solicitando los desafueros de Enrique Erro, Zelmar Michelini, Wilson Ferreira Aldunate y otros. El juicio estaba en proceso cuando se votó el desafuero en junio rechazado por 49 a 48. El decreto de disolución de las cámaras no demoró demasiados días.




El nuevo sistema autoritario implantado en el Uruguay no era extraño a un país en el que durante el siglo XIX abundaron motines, asonadas, revoluciones, guerras civiles, caudillos que fueron presidentes y dictadores con apoyo militar y popular. En el siglo XX, el bipartidismo estableció alrededor de líderes indiscutibles una disciplina partidaria que transformó la tregua, en paz y coparticipación.

El nuevo régimen cívico militar creará sus nuevos órganos dándose una “constitución propia” y quedaron institucionalizados: el COSENA, la Junta de Oficiales Generales, el Consejo de Estado, el Consejo de la Nación, el Consejo Económico y Social, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) y la Secretaría de Planeamiento Coordinación y Difusión (SEPLACODI). No hubo una dictadura con el estilo de liderazgo de Pinochet, en Chile; latifundista, como la de Somoza; reeleccionista, como la de Stroessner; corporativista, como la de Mussolini; clerical, como la de Franco; o partidista como la de Fidel Castro. Los órganos creados, actuaban como cuerpo colegiado y en ningún caso se cuestionó el “espíritu de cuerpo”, como tampoco se les permitió a los comandantes, quedarse más tiempo del permitido por los reglamentos de retiro.

Los considerandos del decreto enumeraban la necesidad de un organismo asesor en materia de seguridad para la defensa del patrimonio nacional, la promoción del desarrollo, la coordinación técnica con participación de las FFAA. Se definió como seguridad nacional al estado según el cual el patrimonio nacional en todas sus formas y el proceso de desarrollo hacia los objetivos nacionales se encuentran a cubierto de interferencias y agresiones.

La clase política había cedido amplios espacios para el desarrollo de las operaciones antisubversivas concediendo a las FFAA cada vez más instrumentos y sin lograr consolidar liderazgos ni propuestas de acuerdo y unidad nacional. Una vez que las FFAA tomaron el espacio dentro del Poder Ejecutivo, no permitirían la continuidad de un parlamento desprestigiado en su propia inoperancia y que en defensa de las libertades solo era valorado como un “cómplice de la subversión”. En febrero, logran una coparticipación en el poder y desde junio, son el centro del poder.

En 1973, entraron al parlamento las leyes de seguridad, de enseñanza, de presupuesto, de contralor de las actividades ilícitas, orgánica militar, y se reorganizaron los entes autónomos con la designación de por lo menos 1 coronel en cada directorio, y se reorganizó todo el sistema de información e inteligencia. Los primeros designados fueron: mayor, Ruben Brando, en el Banco Central; coronel, Abdón Raimundez, en el Banco de la República; coronel, Tabaré Alvarez, en e Banco Hipotecario; coronel, Mario Machado, en el Banco de Previsión Social; y en la Administración Nacional de Puertos, coronel, Dewar Viña y capitán de navío Julio Tate. Después se agregaron ANCAP, OSE; CONAE; y UTE, considerados estratégicos. “El ingreso de los militares uruguayos en la escena política encontró su legitimación en la lucha antisubversiva, y en el apoyo que le prestaron en esta tarea todas las fracciones de los partidos tradicionales que acataron y tardíamente se opusieron”

1973, sería por demás un año difícil desde todo punto de vista ya que empezaban a hacerse sentir sobre el país, el problema petrolero, el proteccionismo de los mercados en EEUU y en la CEE, el endeudamiento aumentó, colapsó la industria nacional, aumentan las protestas de los gremios rurales, y se proyectaban grandes inversiones para los planes de desarrollo para el próximo quinquenio.


LOS ULTIMOS MESES DEL PARLAMENTO NACIONAL


El primer problema que enfrentó al gobierno con su oposición fue la ley 14.106 de presupuesto nacional que se aprobó a fines de 1972.

En su informe anual el vicepresidente Jorge Sapelli informaba que los objetivos generales para las dependencias estatales y para el poder legislativo exigían: contener los gastos, reorganizar la administración, realizar auditorías contables, regularizar los funcionarios contratados, reestructurar los escalafones y funciones, actualizar el estatuto del funcionario público, renovar los convenios jubilatorios para funcionarios y legisladores y suprimir las partidas especiales para “gastos de representación”.

El presupuesto debía resolver cuatro problemas básicos heredados del gobierno de Pacheco Areco: el crecimiento del presupuesto, el déficit, la inflación y el endeudamiento. Para solucionarlos de inmediato se recomendaban limitaciones en la acción estatal aún en los casos de interés nacional, renovar el sistema tributario y ajustar todos los rubros de sueldos, gastos e inversiones.

A las discusiones sobre reestructura de sueldos y escalafones se agregó el muy espinoso tema de las contrataciones de proveedores, denunciadas algunas como “fuera de la ley” de contabilidad y administración y que suponían autorizaciones a los precios especiales. Las contrataciones traían aparejado el tema de la regularización de funcionarios que por su calidad recibían suplementos suprasalariales de excepción.

Oscar Bruschera, diputado por el Frente Amplio, adelantando la posición de su partido protestaba en la oportunidad las graves desprolijidades de forma y contenido del proyecto de presupuesto; destacaba la inconstitucionalidad de las excensiones y aditivos; el elevado gasto para los ministerios de Defensa e Interior que llevaban el 26 %, en tanto que los ministerios de “producción” como Ganadería, Industria y Comercio y Transporte, Comunicaciones y Turismo, recibían apenas el 5 %; y los ministerios “sociales”, Trabajo, Obras Públicas, Salud, y los servicios de INVE y BPS, llevaban solo el 11,2 %; Economía, el 23 % y Educación el 18 %. La crítica del Frente denunciaba los retaceos y que no había ninguna política para procurar el desarrollo”.

El nuevo presupuesto era presentado bajo la nueva forma de programas y no bajo la forma tradicional de lista de gastos. En el volumen total se multiplicaba por cinco, de 270 mil millones de pesos de los que se admitían, 30.000 millones de déficit inicial; de los que las excepciones para contratados sumaban 5.700 millones y suponía para estos funcionarios un suplemento salarial del 24 %.

La protesta general llevó al debate de privilegiar el desarrollo nacional ó el aparato represivo del estado. Las críticas partieron del Frente y del partido Nacional. La izquierda sin dudarlo acusó a “las clases dominantes culpables de la permanente crisis de estructura que azota la economía del Uruguay desde hace 15 años... tenemos la oligarquía, base social de la ultraderecha, del fascismo que amenaza la libertad y las instituciones... hay una rosca oligárquica que saca dinero del país y lo manda al exterior”...

Eduardo Viera, diputado del Frente Amplio, insistió en la oportunidad en la consecución de las medidas prontas de seguridad, la militarización de funcionarios, las intervenciones, las destituciones, la prisión de ciudadanos, las torturas, la explotación económica, y la fuga de capitales. La economía del país estaba estancada y el presupuesto había crecido, el endeudamiento alcanzaba los 561 millones de dólares, a los que se agregaban los déficits, fiscal y comercial, la caída de exportaciones, las “minidevaluaciones” y el sistemático aumento del costo de vida y la insuficiencia de los medios para beneficios sociales. La denuncia contra la “rosca oligárquica” se ensañó sobre los frigoríficos, los bancos, las sociedades financieras, los latifundios y las rentas rurales.

La discusión para proveer los recursos hizo más tensas las relaciones y las posiciones se hicieron encontradas e irreconciliables alrededor del IVA y de los gravámenes a la concentración de tierras, a los arrendamientos rurales, a las tierras improductivas, al comercio exterior, a las intermediaciones agropecuarias y a los bancos y las actividades para-bancarias.

El partido Nacional insistió en la carencia de cambios sustanciales respecto de recursos e inversiones postergando especialmente a los municipios que perdían su autonomía frente a las decisiones del ministerio de Economía y Finanzas.La política económica se transformó en campo de diferencias cada vez más agrias entre gobierno y oposición. Eran inconciliables las recomendaciones del Fondo Monetario, con las posiciones “cepalinas” de Wilson y las “socialistas” del Frente.

Las directivas económicas que sostuvo el gabinete de Bordaberry para el quinquenio fueron: el crecimiento equilibrado, el control de la inflación, el aumento de la producción, la creación de empleos, y la recuperación de las reservas internacionales.

Para lograr dichos objetivos se atendería la estabilización, la apertura del mercado, la privatización y la liberalización. Como instrumentos se pondrían en funcionamiento cinco “políticas”: monetaria, de contralor de depósitos, emisión y créditos; cambiaria, de equilibrio en la balanza comercial y en los recursos fiscales, con protección de industrias y mayor rentabilidad en las exportaciones; fiscal, control estricto de financiamiento y los gastos; salarial y de promoción industrial.

La orientación económica iniciada a partir de 1972 se ubica en términos generales dentro de la corriente de pensamiento neo-liberal. Los principios que guían esta corriente son: el mercado libre, la utilización óptima de los recursos, el retiro de la intervención estatal, el aumento de la producción, la competencia entre iguales y un sistema de seguridad social proporcional a los recursos reales disponibles. El esfuerzo principal tendría por objetivo reactivar las empresas privadas a fin de eliminar tributación, reducir el sector público y crear empleos.

En el enfoque comercial se procuró mejorar las exportaciones agropecuarias y diversificar las “no tradicionales”, especialmente la pesca y el arroz. Simplificar trámites, mejorar controles de calidad, financiar exportaciones por adelantado, abastecer el mercado interno y controlar a los “acaparadores e intermediarios”, reactivando las funciones de la Dirección Nacional de Subsistencias. El asunto comercial, llevaba al otro tema, que dividía a los partidos y que dará lugar a la Ley 14.095, sobre “actividades económicas ilícitas”. El diputado nacionalista Ricardo Rocha Imaz había denunciado el agio y la especulación en los precios del azúcar, el arroz, la yerba, el jabón y el aceite.


LA SEDICIONY EL GOLPE

La represión a la sedición enfrentó posiciones, respecto al enfoque y solución del problema a corto plazo. Fue este tema el que progresivamente corroyó las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

Las solicitudes de informes a los ministerios del Interior y de Defensa Nacional sobre detenciones eran un hecho cada vez más rutinario. Los pedidos de informes eran acompañados de una serie de denuncias contra el procedimiento: detenciones en Jefatura, en las comisarías, en los cuarteles, algunas por cinco meses; demoras en pasar el caso a la justicia civil; torturas físicas y psicológicas al detenido y a la familia; denuncias por malos tratos, privación de alimentos, agua, higiene, visitas, golpes, retención de efectos personales, plantones a la intemperie, aplicación de picana eléctrica, decesos sospechosos, privación de asistencia médica, calabozos “preparados” para que los presos soportaran ruidos, suciedades y no pudieran dormir, paseos nocturnos, encapuchamientos para “perder el sentido de la orientación, tiempo y lugar”...

Las denuncias por atentado a la integridad de los detenidos políticos se remontaban a 1968 y se acumulaban en las carpetas de las comisiones. A tal efecto el testimonio del detenido, Honorio Grieco, arrestado en Maldonado el 18 de enero de 1970, señalaba: “luego, andanadas de preguntas y andanadas de descargas en los testículos, boca, ojos, abdomen, hombros, glúteos; preguntas, descargas, una y otra vez, no se grita, se emite un sonido que sale de las entrañas... como corolario me informaron que cualquier denuncia que hiciera frente a la justicia no solo no tendría receptividad, sino que podría tener consecuencias funestas en el futuro para mi familia y para mi seguridad...”

Los cargos que se formulaban contra los detenidos eran los de atentado contra la constitución, conspiración y asociación para delinquir. Eran detenidos los estudiantes, los sindicalistas, los militantes de partidos de izquierda y los tupamaros. Las detenciones normalmente se realizaban en la calle, durante patrullas, seguimientos y allanamientos sin orden judicial.

Los problemas empeoraron cuando entre los detenidos en averiguación y seguidos “a la vista” empezaron a aparecer los nombres de ediles, diputados, secretarios y suplentes. El Servicio de Inteligencia empezaba sus avances sobre la clase política ya fuera por “complicidad con la subversión” como por “corrupción”.

El 30 de abril se habían presentado como “cuestión de fueros” las denuncias de los diputados frenteamplistas: Luis Imaz, Juan Chenlo y Durán Mattos. Este último destacaba en su alegato: “entiendo que era necesario que dijéramos estas cosas para que quede constancia de ellas en la versión taquigráfica para que si algún día un historiador minucioso quisiera conocer como han ido decayendo las instituciones y en particular esta, pueda llegar a entender porque razón el parlamento ha ido cediendo y cediendo frente a estos atropellos constantes de que son objeto algunos de sus integrantes”...

Hugo Batalla y Ariel de la Sierra agregaban en sus alegatos la indiferencia con que los propios legisladores trataban los reiterados atropellos de las FFAA porque al fin y al cabo se estaban vulnerando las mismas instituciones. Bruschera acotaba la denuncia por las demoras de los informes, en las explicaciones y la falta de acción de las comisiones investigadoras. El 1° de Mayo hubo una detención masiva de pegatineros de la CNT y del Frente que fue denunciada por el diputado comunista Jaime Pérez, quien a su vez protestaba por la imagen de ineficacia que el Poder Ejecutivo asignaba al Parlamento. En esta situación estancada estaban las posiciones cuando empezaron a sucederse las solicitudes de desafuero contra varios legisladores .

De acuerdo con la constitución, artículo 113, “ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo en el caso de delito infraganti y entonces, se dará cuenta inmediata a la cámara respectiva con la información sumaria del hecho... no podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes”. El desafuero que estimuló el enfrentamiento definitivo fue el de Enrique Erro.

Enrique Erro había encabezado la lista más votada del partido Nacional, sector Herrerista en las elecciones de 1958; rompió con Nardone y renunció al ministerio de Industria, transformándose en opositor enconado al ruralismo. Formó en 1962 con el partido Socialista, la Unión Popular; sin progreso electoral participó en la fundación del Frente Amplio en 1971 y fue electo; sus denuncias lo hicieron sospechoso frente a la Justicia Militar de “complicidad para delinquir”. En el Senado hubo 16 votos por el desafuero y 15 en contra. En la Cámara de Diputados, la votación fue 49 a 48.

El gobierno intentó un acercamiento con el sector de Wilson Ferreira, quien exigió a cambio el fin del “estado de guerra interno”, devolver a la policía y a las FFAA a sus roles, la reforma agraria, la nacionalización de la banca, una ley de educación, recursos para los municipios y la renuncia del presidente. A esa altura de los acontecimientos nadie ignoraba el peligro del “golpe de estado” tanto de oficiales nacionalistas como de oficiales que consideraban que las fuerzas armadas debían “poner orden” como había hecho Latorre. La situación del gobierno estaba especialmente debilitada porque la lista 15 se había separado del gabinete después del arresto de Jorge Batlle.

El gobierno acentuó su desconfianza contra Wilson por que habría tenido contactos con el MLN, con la CNT, con el Frente Amplio, con la Marina y con el Ejército para presionar la renuncia del presidente y convocar elecciones generales a más tardar en setiembre de 1973. Se había conformado un equipo de militares que de hecho desempeñarían la tarea de “punta de lanza” en los acontecimientos que se aproximaban: Gregorio Alvarez, Nestor Bolentini y Hugo Chiappe Pose. Estaba previsto desde febrero ocupar el Parlamento, los accesos a Montevideo y las ciudades de Pando y Canelones, realizar detenciones sorpresivas y controlar la prensa. En ningún momento hubo un debate parlamentario serio y responsable para subordinar el poder militar al civil y para buscar un acuerdo general en una situación de tanto peligro. Hay responsabilidades en todos los actores. El Parlamento mostró sus indecisiones y fragmentaciones.

El decreto 464 declaró disueltas ambas cámaras. El rechazo del desafuero de Erro fue considerado un desafío inaceptable de mantener un estado de permisividad que solo favorecía a la subversión. El conjunto de medidas fundamentaba sus considerandos sobre el proceso de traición, denunciaba la parálisis de las instituciones, la conspiración contra la Patria, la infiltración totalitaria que frenaba la legítima defensa y desvirtuaba el Derecho y la complicidad para la usurpación. La disolución de las Cámaras y de las Juntas Departamentales, era acompañada de la creación de un Consejo de Estado que desempeñaría sus funciones, de la restricción de información y de las facultades para las FFAA de prestar los servicios públicos esenciales.

La decisión de disolver las cámaras fue tomada en la reunión del 22 de junio a la que asistieron el presidente, J.M.Bordaberry, los comandantes en jefe con sus jefes de estado mayor y los jefes de las cuatro divisiones del ejército. Para el 26 de junio se conocieron las renuncias de algunos ministros y el 27 el decreto fue puesto en ejecución.
De inmediato se conoció la renuncia del vicepresidente Jorge Sapelli y a la última sesión del Senado solo asistieron: Eduardo Paz Aguirre, Héctor Grauert, Nelson Constanzo, Luis Hierro y Amílcar Vasconcellos por el partido Colorado; Walter Santoro, Alembert Vaz, Wilson Ferreira, Pedro Zabalza, Dardo Ortíz, Carlos Julio Pereyra, Carminillo Mederos y Carlos Jaso por el partido Nacional; Enrique Rodríguez, Francisco Rodríguez Camusso y Américo Pla Rodríguez por el Frente Amplio.

Formaban el gabinete de Bordaberry: coronel Néstor Bolentini, en Interior; Walter Ravenna, en Defensa; Juan Carlos Blanco, en Relaciones Exteriores; Moisés Cohen, en Economía; Pablo Pruriel, en Salud; Benito Medero, en Ganadería; Jorge Presno, en Industria; Carlos Abdala, en Trabajo; Mario Ubillos, en Transportes; Angel Servetti, en Obras; Jorge Robaina, en Educación; Ricardo Zerbino, en la OPP y Alvaro Pacheco Seré, en la secretaría.

El error estratégico de Wilson Ferreira fue esperar todo de una solución política, que tendría como condición la renuncia de Bordaberry. El Frente Amplio esperaba que el Ejército se inclinara por la causa popular y contribuyó a precipitar los acontecimientos. A partir del 27 de junio, la disolución de las Cámaras, la creación del Consejo de Estado, la censura de prensa, la intervención de los entes y servicios, de la enseñanza, la disolución de la CNT, la ilegalidad de todos los partidos de izquierda y la proscripción de todos los candidatos, marcaron el fin de la democracia uruguaya.

El mismo 27 de junio se inició la huelga general que la CNT tenía organizada en previsión de una desestabilización del país. La CNT había estado a la expectativa desde febrero de 1973 y había sostenido encendidos debates alrededor de los comunicados 4 y 7 y de las entrevistas con el Estado Mayor Conjunto (ESMACO) y había adherido a la fórmula de exigir la renuncia de Bordaberry. El gobierno había denunciado por su parte la infiltración en los gremios, las presiones, la complicidad con la conspiración comunista internacional y con la subversión revolucionaria para derrocar las instituciones nacionales y los valores tradicionales. La huelga convocada duró 15 días y participaron: sindicatos de obreros y funcionarios, gremios independientes, el comercio, y los estudiantes. El 9 de julio una manifestación convocada en 18 de julio reunió menos de 10.000 personas y fue reprimida con un saldo de 30 heridos. Desde el 29 de junio se venían produciendo arrestos de dirigentes, despidos y desalojos. Toda resistencia al gobierno pasó a la clandestinidad.

El gobierno demostró cohesión interna y solidez para afrontar los acontecimientos sin escándalos internos, defecciones en el seno de las Fuerzas Armadas y tuvo a su favor la indiferencia del interior del país, que no se movió. Una de las discusiones que están planteadas alrededor de este proceso, es el del apoyo político y popular al mismo gobierno ó a la oposición. La duda, de si la gente quería el golpe para poner orden, no está asumida.

Juan María Bordaberry continuaría en el gobierno hasta el 12 de junio de 1976, en que renunció.


LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PRESIDENTE BORDABERRY


La intervención de las FFAA en las situaciones de excepción está prevista en todas las constituciones de los estados modernos. Por lo general se fundan en la ley marcial y son una salvaguardia del orden constitucional. La doctrina de la seguridad nacional dio a las FFAA la autonomía que necesitaban considerando los contextos interno y externo.

La participación de las FFAA fuera de los “estados de excepción” no implica el fin de la democracia y que su política sea conservadora. En América Latina sobran los ejemplos de acción directa de las FFAA inclinando la balanza del poder hacia uno u otro lado. Tal vez el caso más dramático sea el de la República Argentina. La intervención de las FFAA en el Uruguay estuvo demorada respecto de sus vecinos inmediatos por que el golpe tuvo más causales locales que influencias externas, que sirvieron de ejemplo para justificar la propia situación.

La crisis económica producida por la reinserción del Uruguay en el mercado mundial, precedió a la crisis social y ambas precedieron a la crisis política que no se produjo mientras los partidos rotaron normalmente en el poder; en 1971, la debilidad y la fragmentación de los partidos llevaron al colapso ya que no hubo solución que ensayar.

Las “derechas” nacionalista, liberal, católica y anticomunista, propietarista y tradicionalista, se alineó con Bordaberry que no llegó a ensayar ningún tipo de estado “dirigido”, aunque las FFAA tenían sus propias ideas acerca de la situación que además de la subversión incluían en su lista las denuncias contra la corrupción.

A partir del golpe de junio se aseguró un orden ficticio con consenso forzoso, sin consenso legítimo, que de ninguna manera supuso el éxito de un plan económico definido a excepción del agravamiento de los problemas comunes del país: estancamiento, agroexportaciones, endeudamiento progresivo, libre mercado “dirigido”. La acción militar dentro del estado se vio facilitada por el superávit de oficiales que pudieron especializarse en tareas que les eran totalmente ajenas.









LOS INCIDENTES SE SUCEDIERON EN 1972


Las denuncias de Amílcar Vasconcellos, el arresto de Jorge Batlle, las interpelaciones al ministro Armando Malet, la negativa a liberar 4 médicos detenidos e incomunicados, la supresión de garantías por el “estado de guerra interno”, la intención de intervenir directamente los entes y municipios, precedieron a la crisis de Febrero en que se produce el desacato contra el nuevo ministro Antonio Francese.

Las FFAA habían considerado como un atentado directo contra su honor los asesinatos del 14 de abril y del 18 de mayo: subcomisario Delega, ayudante Leites, sargento Goñi, capitán de corbeta, Ernesto Motto, profesor Armando Acosta y Lara; soldados, Saúl Correa, Osiris Nuñez, Gaudencio Nuñez y Ramón Ferreira.

Por subversión se definieron “todos aquellos actos o situaciones ajenos al derecho público, al estilo de vida autóctono y a la básica escala de valores morales que deterioran el ordenamiento social, institucional, moral y económico nacional” y por sedición: “a la subversión que pretende alterar el mencionado ordenamiento empleando medios violentos o bien por a lucha armada”.

La acción antisubversiva exigió el funcionamiento de las tres armas como cuerpo colectivo. Se crearon: la Junta de Comandantes en Jefe, el Estado Mayor Conjunto, las OCOA, Órganos Conjuntos Operaciones Antisubversivas y el CRIE, Comisión Represión Ilícitos Económicos. El Ejército fue la institución que tomó la iniciativa y recibió la mayor influencia en todas las decisiones, debido a su número y al numeroso cuerpo de oficiales que proveyeron los ministerios de Defensa e Interior, jefaturas de policía y directorios de los entes “estratégicos”.

La lucha contra la guerrilla fue un paso menor, previo a afirmar la propia identidad y al paso hacia el campo político, esperando desempeñar una tarea de reordenamiento ante la debilidad del régimen que las transformó en su apoyo y no hubo fuerza coherente que se les opusiera. Los comunicados 4 y 7 hicieron una declaración de intenciones que de hecho les permitía justificar la intervención, reaccionando frente a la crisis política, la economía, el desempleo, la deuda, los ilícitos económicos, la subversión, los monopolios, la inflación, el desabastecimiento... Los delitos económicos más denunciados fueron: el agio cambiario, el mercado negro de divisas, el fraude en el comercio exterior, la omisión de denuncias, la usura, la evasión y los ocultamientos a las inspecciones y contralores.






ETICA Y ESTADO MILITAR

En setiembre de 1971, las FFAA por decreto del Poder Ejecutivo, iniciaron la lucha contra la subversión. A través de sus órganos superiores: la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, que por primera vez funcionaban corporativamente para resolver un problema interno, formularon el primer plan de operaciones cuyos objetivos inmediatos fueron:

Crear las condiciones de seguridad para la realización normal de las elecciones nacionales, al 30 de noviembre de 1971.
Asegurar la transmisión del mando al nuevo gobierno electo, al 1 de marzo de 1972.
Lograr que la Justicia Militar tome bajo su jurisdicción los delitos.
Destruir el aparato militar sedicioso al 15 de noviembre de 1972.
Neutralizar los factores anexos que crean el ambiente propicio al desarrollo de la subversión como el desorden administrativo, los delitos económicos, la corrupción...
Neutralizar el aparato político de la subversión a más tardar en noviembre de 1973.
Propiciar un plan de seguridad para el desarrollo nacional económico y social, para 1973.

Los objetivos fueron cumplidos en medio de la crisis política del país y nadie podía dudar de los enormes riesgos que correría la democracia uruguaya durante 1972 y que producirían la catástrofe en 1973.

Las FFAA definieron a la subversión como “integrada por todos aquellos actos ó situaciones ajenos al derecho público, al estilo de vida autóctono y a la básica escala de valores morales, que deterioran el ordenamiento institucional, social, moral y económico nacional... la sedición está constituida exclusivamente por la parte de la subversión que pretende alterar el mencionado orden empleando medios violentos o bien por la lucha armada”.

La lucha contra la subversión y la sedición no tenía antecedentes prácticos en nuestro país, por lo que las fuentes para solucionar la situación provinieron necesariamente del exterior: Europa (campañas contra el IRA, la ETA, el ejército bretón y el corso, las brigadas rojas...) las guerras sostenidas por Francia en Vietnam y en Argelia, los sucesos durante el “mayo francés”, las operaciones israelíes contra la OLP; la experiencia norteamericana en operaciones contra guerrilleras y especialmente de inteligencia. Todo el conjunto debió adaptarse a nuestra legislación.

El enfrentamiento no se hizo esperar, entre las FFAA y el Poder Ejecutivo por una parte y un fraccionado Parlamento por otra. Las leyes de seguridad solucionaban una serie de vacíos legales e imprevistos respecto de las operaciones y de los procedimientos judiciales ya que los procedimientos normales favorecían las acciones terroristas y de subversión.


El subversivo, sedicioso ó terrorista es un individuo adoctrinado y disciplinado que manipula a su favor los recursos de “habeas corpus”, del apoyo profesional y las “complicidades judiciales”.

Las FFAA tienen por función natural hacer la guerra, durante los años de la postguerra no cambiaron la esencia del concepto, aunque cambiaron las características de sus operaciones dentro del esquema de la Guerra Fría. El nuevo esquema propició enfrentamientos donde primaron la inteligencia y las operaciones secretas, llevadas adelante por equipos de espionaje, comandos y fuerzas especiales altamente calificadas y de bajo perfil público.

Los enfrentamientos convencionales entre ejércitos se limitaban a operaciones en terrenos acotados, con gran potencia y muy corta duración. Fue más frecuente la lucha contra la guerrilla que en terreno favorable podía prolongarse indefinidamente. Las doctrinas de la seguridad del hemisferio, de la seguridad nacional, el anticomunismo y la asistencia militar de los EEUU produjeron una derechización de todo el continente haciendo propicio el ambiente a los “golpes”.

El problema era si podía el liberalismo producir los instrumentos de represión que quitarían la libertad de acción y los derechos a aquellos que pretendían suprimir ó modificar libertades y derechos, de acuerdo a sus propias concepciones de una “nueva sociedad. El estilo político latinoamericano hacían de los golpes y revoluciones un recurso frecuente.

Las FFAA tienen delegado el conocimiento especializado de la guerra y el uso de la violencia; lideran el aparato coactivo que en los regímenes personalistas y autoritarios es un instrumento usado a discreción del dictador de momento y en las democracias necesariamente debe subordinarse a la autoridad civil y al régimen constitucional, con o sin subversión, las políticas de defensa y militar son temas cruciales .

El punto clave de todo sistema militar después de la Segunda Guerra Mundial fue la Sección de Inteligencia, dependiente directamente de la presidencia y del ministerio que correspondiera (Defensa, Interior, Gobierno, Información) ó de los mandos militares. Su función original fue pensar en hipótesis de guerra convencional y evolucionó hacia los problemas internos que podían producir una conmoción interna o “quinta columna”. Sus tareas se fueron sofisticando, tecnificando y ampliando hacia todos los focos de riesgo: economía, religión, educación, prensa, asociaciones civiles, culturales, y partidos políticos. Aunque no actuaran sobre ellos, los seguimientos, las escuchas y allanamientos encubiertos como robos comunes eran normales. Todos los oficiales militares tienen acceso a las fuentes de información según sean consideradas o no de interés estratégico inmediato.



El “viejo” perfil militar suponía: considerar la seguridad externa, aceptaba la legitimidad del proceso político interno, se especializaba sin tecnificaciones ni sofisticaciones limitando sus aptitudes “al combate”, su acción estaba restringida al campo de batalla, no había inclinaciones políticas públicas y se mantenían bajo control civil.

El “nuevo” perfil supuso una preocupación prioritaria por la seguridad interna, cuestionó la legitimidad que origina las disensiones que ambientan las crisis, se relacionó con todos los aspectos de la vida nacional que puedan crear una situación de riesgo, su acción resulta irrestricta con una muy marcada politización pública y de roles en expansión.

El equipo de inteligencia más sofisticado en América Latina fue el Servicio Nacional de Informaciones del Brasil que dependía directamente de la presidencia y supervisaba servicios estatales y para estatales, tanto públicos como privados y asesoraba directamente al Consejo de Seguridad Nacional.

En nuestro país la ley 14106 de presupuesto incluyó entre sus programas una serie de consideraciones funcionales respecto de las FFAA.

Al Ejército se le asignaron los objetivos de “asesorar al Poder Ejecutivo y tener bajo su directa responsabilidad todos los aspectos referentes a las acciones terrestres en situación de amenaza externa o interna a la soberanía nacional, integridad y seguridad del estado... colaborar en la ejecución de programas de desarrollo nacional procurando la armonización de las acciones e intereses castrenses y civiles del país en procura de los objetivos nacionales... estar en condiciones de asumir la más importante cuota de responsabilidad frente a las emergencias nacionales que amenazan la tranquilidad pública y el bienestar de la población”.

En el apartado siguiente se enumeraban las tareas rutinarias “el Ejército forma parte de las FFAA y tiene como misión esencial defender la integridad territorial de la República, su honor, independencia, su constitución y sus leyes, la vigencia de sus instituciones democráticas y el régimen republicano de gobierno, compartiendo la responsabilidad por el mantenimiento del orden público y la prestación de los servicios esenciales cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo”.

Es interesante que a la Armada se le asignaron tareas específicas como la vigilancia, el relevamiento oceanográfico, búsqueda y rescate de náufragos y el control del tráfico marítimo. Solo se le concedió como novedad la creación de un cuerpo de infantería: el FUSNA, fusileros navales entrenado al estilo de los “marines” norteamericanos. En nuestro país la Armada resulta cara y no ha ocupado un lugar privilegiado en los presupuestos, la política y la estrategia. Igualmente ocurrió con la Fuerza Aérea que recibió tareas específicas. Toda la responsabilidad recayó en el Ejército que tenía el mayor superávit de oficiales para toda tarea.


En el apartado del ministerio del Interior se señaló en dicha oportunidad: “el orden público ha sido seriamente afectado por diversas organizaciones subversivas, que por la violencia pretenden desconocer el poder soberano de la Nación... la organización militar de estos grupos y su motivación ideológica, plantean para el orden y la seguridad interna un problema totalmente distinto de la delincuencia común... en la prevención y represión de este tipo especial de ilícitos penales contra la Patria, los efectivos policiales movilizados actúan como fuerza auxiliar de las FFAA de acuerdo con lo dispuesto en la ley 10757, artículo 115, Orgánica Militar”.

Se agregaba como tarea inmediata “investigar y someter a la justicia competente a los autores, cómplices o encubridores de los delitos contra la soberanía del estado, contra los estados extranjeros, sus jefes o representantes... prevenir y reprimir delitos contra el orden político interno del estado, contra la paz pública y comunes cuyo móvil sea de carácter político o que se cometan en ocasión de los delitos previamente citados”. A los delitos de subversión se le agregaban los ilícitos económicos que se detallan: contrabando, agio, especulación, abuso de poder, maniobras contables, maniobras con divisas, evasión fiscal, exportaciones disimuladas y simuladas... delincuencia juvenil y toxicomanías.


LA ETICA MILITAR

Todo el conjunto militar es un medio para un fin. La finalidad resulta de los intereses nacionales, la conservación de la idiosincrasia nacional y el estado de derecho por el que cada ciudadano es titular de derechos a gozar de las libertades y está sujeto a los deberes de convivencia y tolerancia con el prójimo que goza de iguales derechos. Los tiempos de los ejércitos ciudadanos pasaron y fueron sustituidos por conjuntos profesionales transformados en empleos y carreras profesionales; que poco tienen que ver más allá de la doctrina con el servicio ciudadano.

La paradoja de nuestra sociedad proviene de que no quiero en la carrera militar a ninguno de mis familiares, pero sería buena idea acuartelar a los vagos, pobres, penados, y otros. Se rechaza como cuestión de principio y de economía, el servicio obligatorio, sustituyéndolo por el voluntario que recluta sus efectivos en los sectores más carenciados de la sociedad. Quien no sirve directamente en filas, duerme tranquilo sabiendo que está allí. La esencia misma de la institución militar está en conflicto con los intereses circunstanciales de las clases sociales mismas.
Otra paradoja que hace a la existencia de las FFAA es que hacen la guerra para mantener la paz o mejor el monopolio del uso de la fuerza ayuda a mantener la cohesión social. Las FFAA comprometidas con la defensa de los valores democráticos se ven en la contradicción de mantener la disciplina, unidad, justicia, coraje, abnegación y no se pueden permitir durante el ejercicio del mando, ninguna deliberación, excepto la obediencia. Los valores militares están en conflicto con los movimientos de moda que canalizan la protesta social.

Los oficiales y la tropa aprenden a seguir órdenes; las órdenes legítimas solo provienen de las autoridades legítimas y se especifican verticalmente; tomando los medios de dirección y de ejecución, teniendo los mandos superiores la ineludible responsabilidad de saber como se cumplieron. El Presidente actuando con el ministro de Defensa Nacional, la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto fueron los primeros responsables por las órdenes impartidas que los jefes de unidad ejecutarían.

Los jefes deben actuar con inteligencia, imaginación, innovación y con la responsabilidad técnica. Las nuevas circunstancias operativas desdibujaron el ideal clásico ético del soldado. La eficiencia y tecnificación de la carrera, sustituyeron el ideal del servicio por el del ascenso.

Los ideales clásicos provienen de las notorias diferencias históricas en la evolución de las democracias y de sus liderazgos. En las etapas de fundación de las nacionalidades y de constitución de las repúblicas predominaron los líderes intuitivos, “artesanos de sociedades y de ideas”. En los tiempos inmediatos de convulsiones para ordenar los conjuntos sociales y consolidar los estados, aparecieron los “pioneros”, seguidos por los líderes “organizativos”, que en definitiva dieron objetivos prácticos a la sociedad, a sus instituciones y a su legislación. Establecidas las reglas apareció la última generación de líderes “jugadores” que aprovecharán todas las oportunidades posibles para realizar sus ideales ya sean personales ó sociales; hasta perversos proyectos de ingeniería social.

Si fuésemos a ejemplificar los casos: en el primer grupo tendríamos todos los líderes de la primera etapa de la revolución americana: Washington, Artigas, Bolívar... para el segundo grupo: los que marcaron la fundación de partidos y ejercieron directamente el poder, con sus defensores y sus críticos, Adams, Jefferson, Jackson, Rivera, Lavalleja, Oribe, Santander,... para el tercer grupo, la polémica se hace política y en discenso entre opositores y defensores se partidiza, Lincoln, Grant, Roosevelt, Latorre, Herrera y Obes, Batlle,... para el último tramo, el discenso se habrá profundizado haciendo más irreconciliables las partes: Kennedy, Trumann, Roosevelt, Johnson, Nixon y en nuestro país, Luis Batlle, Benito Nardone, Luis Alberto de Herrera, Jorge Pacheco Areco... Entre los líderes “jugadores” podemos incluir a Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Augusto Pinochet...

Las FFAA actúan como cuerpo y es un deber ético el hecho de tener convicciones morales, a la hora de decidir entre la vida y la muerte de un subordinado y es una prohibición ética, beneficiarse de los camaradas de armas ó de la institución. El liderazgo no está asociado con la jerarquía de quien lo ejerce y sus seguidores no están unidos a él por una relación de afecto ó de temor.




A la hora de iniciar las operaciones, las funciones inmediatas deben justificar la misión que exige la rendición ó destrucción de un enemigo, los argumentos más comunes y admitidos son: la defensa, el mantenimiento de la paz, la defensa de legítimos intereses y de la integridad territorial. La primera tarea es la disuasión del enemigo. Las tareas quedarían mejor justificadas si no son fuerzas propias las que inician la “guerra”, queda automáticamente sancionada la acción conjunta de contención del agresor. La contención debe hacerse con un uso limitado de fuerzas que permitan modificar la conducta del enemigo, evitar pérdidas innecesarias propias y ajenas y prolongar indefinidamente el conflicto ó transformarlo en un genocidio.

El cumplimiento de las órdenes debe ajustarse a objetivos y procedimientos que se consideren justos a quien está en operaciones y quede a salvo de ser valorado como un “remedio peor que la enfermedad”. Quien usa de la fuerza debe ser consciente de no abusar sobre quienes no disponen de ninguna. Durante las operaciones no se pueden realizar actos reñidos con la moral más elemental: saquear, incendiar, violar, secuestrar, extorsionar... Debe considerar que está frente a seres humanos, que pueden ser conciudadanos y nadie está obligado a cumplir con una orden inmoral ó a aplicar sufrimientos innecesarios a los prisioneros.

En el ejercicio posible de la violencia legalizada corre el riesgo de desconfianza crítica entre ambas sociedades, la civil y la militar. Los militares están sujetos a la tentación de ejercer sin límites el poder que les es cedido y crear una sobre protección hacia la sociedad que defienden, reconcentrándose en el secreto de su profesión y de su camaradería para autopreservarse.

Los militares que se consideran presionados a cumplir órdenes contrarias a los principios morales y legales de la nación solo pueden protestar legítimamente por las siguientes vías: renuncia, solicitud de relevo, apelación al mando, negación a ejecutar la orden. En la mayoría de los casos, la jerarquía del oficial, no hace pública la disputa si tiene tropa a su mando. En América Latina normalmente la situación genera el motín de la unidad ó de las unidades al mando ya que se confunde la obediencia absoluta con la obediencia responsable. Esto hace uno de los mayores problemas a la hora de interpretar los sucesos del Uruguay, en las acciones emprendidas contra la subversión, el desacato del 9 de febrero y la injerencia política que se ejerció hasta 1984.

En sus argumentos respecto de los sucesos acaecidos en el país, en la obra “Testimonio de una Nación agredida” quedan en claro los conceptos antedichos: “la ciudadanía no se sorprendió cuando el presidente constitucional, el 27 de junio de 1973, con el apoyo de las FFAA, último reducto de la orientalidad, cesa en sus funciones a todos sus miembros”... esto refiriéndose al Parlamento. Fue el presidente, quien tomó la decisión, las FFAA prestaron su apoyo; la ciudadanía no reaccionó porque no había ninguna fuerza que reaccionara; las FFAA son presentadas como el último recurso. Su misma política de desprestigio llevó al Parlamento a la ruina.

En otro párrafo se destaca que “no fue una guerra franca, leal, donde el enemigo está enfrente, mostrando su coraje, sus insignias, sus armas; es una guerra donde el enemigo está escondido, agazapado en las sombras, diseminado por todo el país, esperando atacar por sorpresa objetivos militares, económicos y morales”... Queda en claro, la contrariedad por falta de experiencia en operaciones contra insurgencia y se transformó a la sociedad civil en sospechosa de generar la subversión que debe destruirse en su propio seno. La sociedad civil aparece como víctima y victimario de las FFAA.

En otra obra más conocida, “La Subversión”, los autores destacaron que “abusando de sus libertades y de su tolerancia, un reducido número de fanáticos, aventureros y delincuentes, pretendió destruir la estabilidad política y las posibilidades económicas de la Nación, empujándolo al borde del abismo... la revolución cristalizó, pero meramente como una aspiración programática, vacía de todo contenido sustancial y de apoyo popular, en el circunscripto ámbito de refinados círculos intelectuales y universitarios, imbuidos de un enfermizo aristocratismo, producto de la frustración, el resentimiento y la carencia de toda vocación para la libertad”. Los juicios son claros respecto de quienes son los revolucionarios, de la sociedad civil que los contiene y de la percepción del enemigo.

En su propia percepción afirma que “el soldado uruguayo no es un mercenario, como lo sostuvieron equivocadamente los sediciosos, tiene ideales patrióticos, y la relación entre oficiales y tropa es paternal, afectuosa, familiar, sin mengua de la disciplina. Es un soldado profesional, y no un conscripto, que rápidamente sé consustancia con la nueva tarea a cumplir y en forma excepcional adquirió una inigualada capacidad para el combate antisubversivo urbano... su actuación además, siempre estuvo enmarcada por la más estricta legalidad, cuyo formalismo y vericuetos, la sedición explotará abundantemente valiéndose incluso del apoyo parlamentario brindado por los sectores marxistas”.



LA LEY 14.068 DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y DEL ORDEN INTERNO


Esta ley introducida en el Parlamento en marzo de 1972, con carácter de urgente, fue aprobada el 10 de julio del mismo año y cubriría los vacíos legales de forma y de procedimiento que permitirían a las FFAA la lucha contra la subversión y su definitiva erradicación.

Su contenido despertó duras polémicas acerca de su formalidad y materia muy poco apropiadas a la tradición de justicia civil y al “estado de derecho”.


Las posiciones del gobierno fueron defendidas en la comisión de Constitución y Legislación por Angel Rath, Martín Echegoyen y el propio ministro de Defensa Nacional, Enrique Magnani y del Interior, Alejandro Rovira. Los conceptos fundamentales se centraron alrededor de los instrumentos para la defensa de la democracia y la labor que deberían cumplir las FFAA dentro de un marco legalista, civilista y de “estado de guerra interno”.

El Poder Ejecutivo tomó sus decisiones con el ministro de Defensa previo asesoramiento de los Comandantes en Jefe. Respecto al “estado de guerra” declarado el l5 de abril de 1972 no fue más que una orden operativa tomada dentro de las atribuciones que corresponden al presidente.

Las FFAA fueron encargadas de las operaciones debido al desborde funcional de la policía, en setiembre de 1971. La oposición fue llevada adelante por Zelmar Michelini, quien protestó si el proyecto constituía una idea del Poder Ejecutivo y de los ministerios ó eran los Comandantes en Jefe quienes lo habían preparado. Distorsionaba el sistema constitucional por que las FFAA no podían opinar en asuntos políticos. Denunció la inconstitucionalidad del proyecto de ley, innecesario dentro de un marco normativo normal; que además carecía de cualquier antecedente, afirmando que la subversión tenía raíces más profundas y no la exterminaría la represión.

La presidencia de la República por su parte ya había tomado drásticas decisiones: el envío del proyecto de ley, el decreto del “estado de guerra interno”, especificar por todas las vías legales las nuevas funciones de “seguridad y servicio ciudadano” de las FFAA; distanciándose cada vez más del Frente Amplio, de la CNT, de los gremios estudiantiles y enconando sus posiciones contra cualquier negociación con el MLN. Bordaberry decretó que se mantendría el arresto de los detenidos, autorizó el arresto bajo presunción de delitos de subversión ó de ilícitos económicos, limitó cualquier divulgación acerca de las operaciones y dio el cometido a ambos ministerios.

Solicitó que continuaran las medidas prontas de seguridad frente a la infiltración subversiva, a las influencias foráneas y a evitar la puesta en libertad de “personas consideradas por sus conductas, peligrosos para la seguridad del Estado y el orden público”.

Reclamaba el amparo para evitar que los procedimientos constitucionales afectaran la lucha antisubversiva especialmente debido al adoctrinamiento de sus miembros que los hace inmunes a los procedimientos de interrogación normales.





PROYECTO DE LEY PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO


Al ministerio de Defensa Nacional se le había asignado como objetivo: “establecer y mantener al día la doctrina de defensa nacional así como las normas a seguir para el logro de los objetivos que de aquella surgen... desarrollar los organismos que cubren la necesidad de información estratégica en el ámbito interno y externo, en el campo específico de las necesidades de defensa nacional...” Entre otras tareas se incluyeron: la coordinación entre las FFAA, la centralización de los medios, la cooperación entre los organismos del Estado, la reestructura orgánica de las fuerzas, su profesionalización, el desarrollo de sus recursos técnicos, la reducción de gastos y las tareas de servicio social al personal de tropa, a la comunidad y a la nación.

Este plan era insuficiente si no se disponía de una ley que permitiera las operaciones “especiales” que se estaban llevando a cabo y que enfrentaban las posiciones de los partidos políticos respecto de su pertinencia.

El Código Penal había conservado la doctrina esbozada por Joaquín Requena en 1888, que ordenaba los delitos de acuerdo con sus objetivos contra: la seguridad del estado, la libertad, la administración y la autoridad pública, la justicia, la fe pública, la seguridad, la economía, las buenas constumbres y el orden familiar, las personas, el honor y la tranquilidad privada, y la propiedad.

Las circunstancias del delito determinado pueden considerarse agravantes ó atenuantes. Para el primer caso hay que establecer si hay alevosía, obrándose a traición o sobre seguro, como se ha ejecutado el hecho, si hubo premeditación, si se ha cometido con el auxilio de gente armada, con conmoción pública, si ha sido de noche y si ha habido desprecio y o ofensa para la autoridad. La distancia entre los problemas del país y las concepciones teóricas y de recursos procedimentales de fines del siglo XIX, no podían ser mayores, respecto de la situación del país en 1972 aunque en esencia las generalidades conceptuales hubieran sufrido pocos cambios.

Se considera delito toda acción y omisión voluntaria castigada por disposición expresa de la ley penal. Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias excepto si consta lo contrario. El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena de la ley aunque el mal recaiga sobre personas distintas de aquellas a quien se proponía ofender.

Por el artículo 13 y siguientes son punibles, no solo el delito consumado, sino el frustrado y la tentativa... la conspiración y la proposición para cometerlo. “La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito... la proposición se verifica cuando el que resuelto a cometer el delito, propone su ejecución a otro u otras personas”.
Resultaba que la responsabilidad alcanzaba a los autores, a los cómplices y a los encubridores. Estos podrían ser castigados con penas de penitenciaría, destierro, inhabilitación, suspensión, prisión ó multa. La pena de muerte quedó descartada desde la reforma de 1907.

El mismo código prevé el “delito contra la Patria” describiéndolo como los actos directos a someter ó tratar de someter a la República ó parte de ella al dominio de una nación extranjera. La duda surge si por analogía, este concepto ambientado para el siglo XIX, podía aplicarse al concepto de “sistema socialista mundial revolucionario”. La “traición”, define que es delito favorecer el progreso del enemigo, revelándole secretos políticos y militares, suministrándole planos de ciudades, fortalezas, puertos y arsenales, documentos y noticias que conduzcan eficazmente a hostilizar a la república. Aquí queda claro que la infiltración es punible

Está previsto el delito de “atentado contra la constitución”, cuando se la pretende infringir por la fuerza o la violencia. Por último es objeto de castigo tanto la conspiración como la proposición, para el delito común y para “los que se alzaren a mano armada contra los poderes públicos o con el objeto de promover la guerra civil”. Los preparativos para causar estragos están incluidos a título expreso.

La sedición aparece definida como delito de los que sin desconocer el gobierno constituido, se alzan pública y tumultuosamente para conseguir por la fuerza o la violencia cualquier objetivo. Se consideran agravantes el que haya combate y que las reuniones sean con armas.

En cuanto a las asociaciones formadas con el objeto de atentar contra el orden social, contra la moralidad, contra las personas, contra las propiedades, contituyen un delito por el solo hecho de su organización. Es culpable “el que con violencia o amenazas, impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, será castigado con destierro de uno o dos años”. En esta somera descripción queda claro que se disponían de suficientes medios legales como para proceder contra todo el aparato subversivo del MLN ó cualquier otro, tal como se había hecho bajo el gobierno de Pacheco Areco. La ley 14.068 aumentó todas las penas y no cambió la esencia conceptual.


LA POSICION DEL PRESIDENTE BORDABERRY

Desde el gobierno de Jorge Pacheco Areco, las medidas prontas de seguridad se hicieron rutinarias y funcionaron por uso del artículo 168 de la constitución. De acuerdo con dicho artículo corresponde al presidente actuando con el ministro ó con el Consejo de Ministros la conservación del orden y tranquilidad en lo interior, la seguridad en lo exterior y el mando superior de las FFAA.





En el numeral 17 quedan especificados los detalles de dicha potestad “tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta, dentro de las 24 horas a la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, o en su caso, a la Comisión Permanente de lo ejecutado y sus motivos, estándose a los que estos últimos resuelvan”.

En cuanto a las personas, las MPS, solo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto al otro del territorio, siempre que no opten por salir de él. También esta medida, como las otras deberá someterse, dentro de las 24 horas de adoptada a la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, ó en su caso a la Comisión Permanente, estándose a la resolución. El arresto no podrá efectuarse en locales destinados a la reclusión de delincuentes.

Se apelaba al artículo 85, inciso 3, en cuanto a la potestad del Poder Legislativo para expedir las leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, protección de todos los derechos, individuales, entre otros conceptos. La ley de seguridad y otras normas estaban sujetas a derecho. Se acotaban otras potestades: “declarar la guerra” aunque en este caso excepcional no había una potencia enemiga implicada directamente, sino un movimiento revolucionario con apoyo exterior; y la de reglar las milicias e interpretar la constitución para ajustar a derecho público las medidas adoptadas.

En 1972, el Parlamento tenía todos los medios para actuar contra el MLN ó cualquiera otra fuerza que se extralimitara en la política, sindical, estudiantil, revolucionaria y contra el gobierno mismo y las FFAA. Hubo debilidades insuperables de voluntad política que dejaron las decisiones en manos de mayorías circunstanciales negociadas por un presidente desesperado.

El artículo 68 prevé a título expreso que la ley autorizará la intervención estatal a los efectos de guardar la higiene, moralidad, seguridad y orden público. El artículo 72 no excluye los otros derechos inherentes a la personalidad humana o que se deriven de la forma republicana de gobierno.

La doctrina admitió que el estado liberal podía defenderse, por la fuerza, de una conspiración sediciosa, por que es su función mantener las formas sociales de acuerdo con la constitución consensuada que legítimamente el pueblo delega en el gobierno, otorgándole las facultades necesarias para integrar el Derecho y tomar las decisiones jurisdiccionales que correspondieran.

La misma constitución en el artículo 80, inciso 6, considera causal de suspensión de la ciudadanía el hecho de formar parte de organizaciones sociales ó políticas que por medio de la violencia o de propaganda que incitare a la violencia y tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad.
Se consideran a los efectos de esta disposición las contenidas en las secciones I y II de la presente Constitución. La reforma constitucional de 1967 daba solución a eventuales conmociones que no eran de ninguna manera extrañas a nuestro derecho ya que aparecían consideradas en el código penal. Las apologías de la revolución se habían transformado en una apasionada apología de la violencia social incitando a la “lucha de clases” confundida con una guerra civil.

Otro punto básico en la acción política de la presidencia estaba en el artículo 330 de la constitución que no tenía una interpretación doctrinaria y menos legislativa definidas y definitivas: “el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación”. Se debía crear el delito, su descripción y la pena que le correspondiera.

Entre los principios fundamentales se destacaba el artículo 7, por el que todos los habitantes de la república tienen derechos a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Este primer literal, contradecía en la interpretación presidencial todos los proyectos revolucionarios que habían hecho del crimen selectivo un estilo de operaciones, así como la infiltración y copamiento de las asambleas sindicales y estudiantiles que difícilmente permitían discrepancias o ejercicios libres de la voluntad de los miembros que no participaran de las “ideas” a imponerse en la conciencia social. El gobierno no podía permanecer ajeno a todas las presiones a que eran sometidos estudiantes y ciudadanos comunes.

La seguridad individual podía ser suspendida en los casos extraordinarios de traición y conspiración contra la patria, solo para la aprehensión de los delincuentes. En un estado de revolución no puede considerarse, ni por su conducta, ni por sus móviles, a un revolucionario, militante ó guerrillero, como un delincuente común. Su objetivo, es opuesto al sistema que lo condena y que él quiere destruir, convencido de que aún su propia muerte es una contribución a la causa que defiende, considerándose un héroe ó un mártir.

Los psicólogos han afirmado la diferencia entre el delincuente común que no está dispuesto a morir y en la mayoría de los casos acepta negociar ó escapar y los fanáticos religiosos y políticos que tienen una conciencia moral diferente y consideran seriamente a su “enemigo”.

La constitución autoriza al Poder Ejecutivo a controlar las asociaciones que dentro del derecho pueden ejercer cualquiera personas y que a título expreso se advierte que pueden ser declaradas ilícitas; y este mismo derecho de reunión está garantizado siempre que no arriesgue el orden público e inicite a la violencia y la tenencia de armas.



Las objeciones presentadas por la oposición a los alegatos del Poder Ejecutivo para la lucha contra la subversión se fundaban en los siguientes derechos que se consideraba eran lesionados gravemente y creaba una inestabilidad mayor llevando la inseguridad a todos los ciudadanos: se consideraban violados en forma reiterada los derechos individuales y sus garantías en cuanto a la inviolabilidad del domicilio sometido a por los reiterados allanamientos; las penas y confinamientos en unidades militares, sin proceso ni sentencia, por que la ley de seguridad extendió la jurisdicción militar; la cuestión del infraganti delito ó la semiplena prueba del mismo y especialmente se objetaban los procedimientos de los reiterados apremios físicos y psicológicos a los detenidos. Por último el procedimiento del “habeas corpus” interpuesto a favor del detenido, que por lo general estaba varios días incomunicado. Otros puntos eran la “mortificación” de los detenidos, que estaban amparados por el artículo 26 y la violación de las comunicaciones privadas de los presos y de sus familiares ó de cualquier particular sospechoso.

Otro punto de enconada disputa fue la extensión de la jurisdicción militar a los delitos de subversión ó de sedición y la asignación de las operaciones a las FFAA y al Servicio de Información de Defensa. Se consideraba violatoria de la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia a la que de acuerdo con el artículo 239 le corresponde “juzgar a todos los infractores de la constitución sin excepción alguna”, sin contar que tiene por doctrina y por derecho la “jurisdicción originaria” para todo delito. Técnicamente se señalaba que la jurisdicción militar no podía proceder por que resultaba anticonstitucional. El “estado de guerra interno” declarado y la ley de seguridad resultaban ser disposiciones normativas ajustadas a derecho por que extendían la jurisdicción a jueces “competentes” los militares y ampliaban penas ya previstas. El artículo 253, limitaba concretamente la jurisdicción militar a los delitos militares y al “caso de estado de guerra”.


LA OPINION DEL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA, PACHECO SERÉ


La subversión era un hecho excepcional que debía combatirse con medios excepcionales sin salir de las normas constitucionales. Los problemas doctrinarios inmediatos eran si las “acciones bélicas” pertenecían a la jurisdicción de la justicia ordinaria; cual sería la jurisdicción en las “zonas de guerra” y si el “estado de guerra” era un instituto de derecho que extendería los poderes especiales al Poder Ejecutivo y a la Justicia Militar.

Citando antecedentes señalaba que el Poder Judicial había reconocido en el código penal que existía el delito de atentado contra la constitución y que se habían reconocido desde los decretos de 1970, los de “traición contra la Patria y de conspiración”, en tanto las MPS reiteradas quedaban admitidas tácitamente por el Poder Legislativo.




Los objetivos inmediatos de la ley eran: reprimir la conspiración, los atentados delictivos, su extensión e incremento, proveer los institutos de guerra necesarios, preservar al Estado y las garantías para sus habitantes, preservar las funciones de los poderes y regular las funciones que los mandos militares ejercían desde el decreto del 9 de setiembre de 1971, de lucha contra la subversión.

El hecho subversivo y su represión atañían en primer lugar a la política que debía ofrecer las soluciones; las decisiones se fundaban en imprevistos doctrinarios que el constituyente no especificó, pero que otorgó las potestades para hacerlo por vías legítimas y legales.

Los nuevos tiempos presentaron un concepto de guerra interno, alejado del estilo clásico convencional de invasión al territorio vecino. La nueva doctrina de la guerra subversiva marcaba tres fases de peligro para determinar el “estado de guerra interno” ó de “conmoción”: fase uno, motín y huelga revolucionaria; fase dos, comando militar y político, que controla un territorio y fase tres, el comando se constituye en gobierno y beligerante reconocido, iniciando la fase de “guerra civil” ó de “independencia”.

Recurriendo a la doctrina francesa señalaba: “la característica de este derecho constitucional de salvaguardia consiste esencialmente en una extensión de los poderes de mando. El ejecutivo es beneficiado, en tiempo de crisis, con la supremacía constitucional, mientras que los poderes legislativo y judicial deben renunciar a ejercer sus poderes, de modo de no trabar la necesaria acción gubernativa”. Por lo tanto eran necesarios tomar las medidas del caso para conservar el estado de derecho y reprimir los atentados contra su constitución por asociaciones ilegítimas y delictivas.

Recurriendo a la doctrina agregaba que “el derecho es un medio al servicio de la existencia de la sociedad y no un fin en si mismo” por lo que todos los medios legales eran válidos para actuar contra la subversión. Sobre el particular destacaba que la insurrección no puede considerarse derecho cuando se dirige contra las instituciones democráticas, en particular si es violenta y armada, ya que no cae dentro del “derecho de resistencia a la opresión”, que justifica la insurrección contra un gobierno que contraría la soberanía popular. “La defensa de las instituciones, es hoy, más que un derecho, un deber”.

La jurisdicción militar debía por consecuencia extenderse a los delitos de “atentado contra la constitución” y disminuir las garantías en cuanto a las ventajas que el preso ejercería frente a la “justicia ordinaria” y que cesaría con el conflicto, siendo la justicia militar parte del sistema jurídico nacional.








LA OPINION DE JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA

El estado de derecho está pensado para tiempos de paz y no legisla para los casos imprevistos a título expreso; sino que son las autoridades legítimas en su función las que deben integrar el derecho para las excepciones. La integración del derecho, en nuestro sistema se hace por la ley ordinaria, que puede otorgar dentro de la constitución los medios defensivos del sistema sin que suponga una absorción de poderes por el ejecutivo ni que la ley altere la constitución.

La ley de seguridad podía señalar las penas contra los “actos materiales de atentado directo o indirecto contra la constitución”, pero no podía afectar a los individuos por el delito de opinión y el arresto preventivo sino había delito previo. Reconocía que la lucha antisubversiva sé vía afectada por tres factores propios del procedimiento judicial ordinario: los detenidos estaban entrenados para resistir el interrogatorio, impedía explotar a tiempo la información obtenida e impedía el secreto del procedimiento poniendo al “enemigo” en alerta.

La ley podía proveer los conceptos precisos para el mantenimiento del orden público sin afectar los derechos constitucionales, tales como informar al Parlamento de quienes son los detenidos y las causales, advirtiendo que las MPS son recursos necesarios, pero no de fuerza para actuar indiscriminadamente fuera de las leyes. Era de tener en cuenta que el subversivo en libertad volvería al combate, aún cuando fuera desterrado y no era necesario prolongar su detención arbitrariamente, sino que cumpliera las penas previstas. El “habeas corpus” no puede suspenderse y el correo subversivo no puede ampararse a la constitución y tampoco las pesquisas secretas; pero la ley podía dotarse con los procedimientos, penas, y garantías para los detenidos.

El otro punto fundamental sobre el que opinó Jiménez de Aréchaga fue sobre los delitos de imprenta, considerados dentro de la ley de seguridad y destacó al respecto que no podían establecerse la censura previa por su inconstitucionaldad pero la ley podía señalar las responsabilidades si eran individualizables y temporales; el Poder Ejecutivo podía limitar la difusión de sus propias noticias.


LA OPINION DE ANIBAL LUIS BARBAGELATA

El primer punto en la disputa fue el del delito militar, que quedaba reservado para las omisiones, acciones y conductas contra la constitución llevadas por sujetos militares activos. Resultando inconstitucional cualquier expansión del concepto por vía de legislación ya que la Constitución es precisa en cuanto a la Justicia Militar y sus alcances. Aunque reconoce como cierto que la Constitución a título expreso señala que el atentado contra la misma hace al culpable “reo de lesa nación” y permite procesarlo y penarlo, considerando además que dicho concepto no es nuevo ya que aparece en los estatutos de las Provincias Unidas de 1819.

Señala asimismo la inconstitucionalidad de la extensión de la jurisdicción militar, que es una jurisdicción especial, como el Contencioso Administrativo y la Corte Electoral y no hay ningún impedimento para la actuación de la Justicia ordinaria. El procedimiento, es erróneo en cuanto a que la Constitución habilita para una ley de seguridad, pero ésta no puede cambiar, extender o restringir los conceptos ya precisados en la Constitución.

Resultan inconstitucionales la extensión de la autoridad militar sobre las autoridades civiles y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para tomar decisiones de carácter operativo sin aclarar las responsabilidades de los militares sobre las personas jurídicas, físicas y los bienes, de las que no conviene exonerarlos en un régimen democrático. Y presentado el caso, el arresto bajo las medidas prontas de seguridad, no supone la existencia de un delito, ya que la culpa solo puede determinarse en caso “infraganti ó habiendo semiplena prueba”.

La ley no puede además consagrar como normativa ordinaria, las MPS, ya que son un recurso para circunstancias extremas que el Poder Ejecutivo solo puede tomar con el acuerdo de la Asamblea General.

El detenido conserva en todos los casos los derechos que corresponden a su humanidad y no puede ser mortificado, agredido en su honor, admitírsele confesión sobre hecho propio, y retiene el “habeas corpus”: pase a juez competente, conocer la causa de su detención, el lugar, sus condiciones físicas, psíquicas y morales y el derecho de acogerse al destierro o exilio. En los allanamientos es inconstitucional cualquier procedimiento dentro del hogar del dueño de casa, sin orden del juez competente y permiso del dueño.

Así mismo destacaba Barbagelata que resultaba inconstitucional el secreto de prensa y su censura. Y entre otras cosas, la ley violentaba notoriamente la separación de poderes, el mismo ordenamiento jurídico cuando señala el eventual recurso del plebiscito para resolver las diferencias tanto como el código civil por que incluía la pretensión de rebajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16.


LA OPINION DE HORACIO CASSINELLI


El fondo de la descripción de las figuras delictivas presenta una confusión entre el concepto de “atentado contra la Patria” y “atentado contra la Constitución”. Patria es un bien jurídico más permanente que la Constitución, a la cual es posible cambiar sin alterar la Patria. La Nación es quien ha establecido en su Constitución el sistema republicano democrático, por lo que el delito consiste en querer cambiar esta, por la fuerza sin respetar las normas constitucionales que aseguran todas las garantías. Este es el delito de “lesa nación” que no tenía reglamentación en el derecho positivo.




Para los casos emergentes de conmoción interna y atentado contra la Patria se prevén los mecanismos jurisdiccionales necesarios que no pueden suponer una autoridad ilimitada contraria a los más elementales derechos que dice defender. Está previsto en el caso que se amenace a la Patria en su independencia y aún así en forma transitoria no de forma permanente ó discrecional. Es inconstitucional cualquier procedimiento de suspensión de las garantías individuales que en esencia no hace diferencia con los “revolucionarios”, porque se la está violentando y por consecuencia nada está siendo defendido.

Las garantías individuales solo pueden suspenderse en tres casos precisos: ataque exterior grave e imprevisto, conmoción interna, traición y conspiración contra la Patria y estado de guerra.

Las detenciones que se procesen deberían cumplir las siguientes exigencias: en cárceles comunes, ordenadas solo por autoridades competentes, que no se transformen en pena por su plazo de cumplimiento y que no ponga en riesgo la salud y vida de los arrestados. En ningún caso, el detenido puede ser privado del proceso y la sentencia.

La jurisdicción solo puede ser ejercida por el Poder Judicial y bajo ninguna interpretación puede violentarse la Constitución, por lo que no procede la extensión de la jurisdicción militar y los civiles solo pueden ser juzgados como civiles por delitos comunes. En cuanto al concepto de “estado de guerra”, no justifica las interpretaciones por tratarse de una figura no precisada en la Constitución y que corresponde al Derecho Internacional Público que exige el reconocimiento de dos parte beligerantes y no grupúsculos revolucionarios. Es inconstitucional considerar cualquier operación bajo el concepto de “operaciones en zonas militares”, detentando una autoridad que daña la autonomía de los órganos que poseen sus propias potestades administrativas. Iniciadas las operaciones, estas no pueden violentar el derecho de propiedad ni aplicar torturas y secuestro a las personas físicas.

La ley de seguridad del Estado y del orden interno fue aprobada definitivamente en julio de 1972 y de inmediato promulgada. El apoyo del sector nacionalista de Wilson Ferreira Aldunate fue fundamental para su aprobación, aunque el texto promulgado difería del proyecto original.

Enumeraba la serie de delitos asociables con el estado de subversión: atentado contra la integridad, independencia y unidad de la nación, revelación de secretos, prestar servicios a un estado extranjero, sabotaje, inteligencia con extranjeros... asociaciones subversivas, asistencia, encubrimiento, agravantes, rebelión, sedición, atentado... y señala a título expreso, los delitos de imprenta: divulgación de falsedades, el desprecio a la Nación y al Estado, vilipendio a los símbolos nacionales, apologías del delito y difamación... agregando la especial jurisdicción militar en las operaciones.





En su origen esta ley proveería a las FFAA del marco jurídico para actuar eficazmente contra la subversión. En la realidad, señaló una violencia del orden jurídico tradicional ya que amparó numerosos abusos, pero, lo más grave es que su misma concepción y justificación enfrentó aún más radicalmente a las partes en pugna.


LOS SUCESOS DEL PERÍODO 1972 –1973 EN OPINIONES DE SUS TESTIGOS

LA VERSIÓN DEL PARTIDO COLORADO

Julio María Sanguinetti señaló al periodista Alfonso Lessa, para su obra “Estado de Guerra”, que los sucesos no pueden explicarse por una sola causa y que deben encuadrarse en una compleja serie de circunstancias, algunas de larga duración como la crisis económica que golpeaba al país desde 1955, a la que siguieron la inestabilidad política, la confrontación, la agitación sindical, la apología de la revolución y la violencia del MLN.

El resto de la crisis de 1973, la produjeron las desconfianzas entre Bordaberry, el Ejército y Wilson, resultando fundamental la acción del general Gregorio Álvarez.

El golpe de l973, solo pudo ser la consecuencia de un largo proceso de deterioro por el impacto que en una sociedad de “bienestar” producía la violencia política y la violencia armada. En tiempos de Pacheco, “la gente en la calle pedía el golpe de estado”, todos sabían que se estaba al borde. Se aglutinaron entonces, tres violencias, la resistencia sindical, la guerrilla y la reacción del gobierno.

El 9 de febrero se produjo el “golpe técnico” y el 27 el presidente completó la tarea, tomando la iniciativa, “quiere decir que fue un golpe dado en una larga secuencia histórica con un largo trasfondo de debilitamiento y de deterioro con un parlamento muy desprestigiado por los debates, por los enconos, por el estilo, por las interpelaciones reiteradas.

Recordando los eventos, Sanguinetti acota: “el 24 de junio le dije a Wilson –yo creo que a esta altura el golpe es un hecho, ya... creo que el golpe es imparable... me parece que la poca chance que tenemos puede jugar en esta dirección, restándole pretextos, restándoles las eventuales banderas que pudieran levantar para justificarlo”. Al fin y al cabo, las FFAA presionaron directamente al presidente y el parlamento cayó en medio de la indiferencia de la gente.

Coincidentemente Jorge Batlle, señalaba que el golpe “estaba flotando en el ambiente” y que al producirse en 1973, era una cosa tan evidente que “yo fui el primer preso”. Los militares tuvieron ideas propias tales como: luchar contra la corrupción, reprimir la subversión y desempeñar una tarea de “salvación nacional”.

El partido Colorado y la lista 15 denunciaron la conspiración, Wilson no les creyó según parece ó especulaba con volcar los acontecimientos a su favor, como lo intentó posteriormente el Frente Amplio con la esperanza de un “peruanismo”. “El golpe de estado no nos tomó de sorpresa en cuanto lo vimos venir pero no reaccionamos globalmente porque en ese terreno no estábamos preparados para hacer absolutamente nada”... “si a fines de 1973, los militares hubieran hecho un plebiscito, lo ganaban”.

Como causa fundamental Batlle, señala la profunda inestabilidad e intranquilidad que vivían las familias y las propias condiciones políticas que determinaron la soledad de Bordaberry en la presidencia.

Pablo Millor, por su parte insiste en destacar las diferencias entre el proceso que vivió el Uruguay y los procesos vividos en otros países de América Latina, resistiéndose a cualquier generalidad de militarismo y dictadura. La diferencia está en lo local del fenómeno y en sus causas, resueltas por vías legales y finalmente por la imposición de las prohibiciones, pero de ninguna forma debe reconocerse como agente activo: una dictadura absoluta de carácter “popular”, ó del “proletariado”, ni mucho menos por la acción de algún émulo de Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet ó Anastacio Somoza.


LA VERSION DEL PARTIDO NACIONAL


Mientras que en el partido Colorado, personajes como Vasconcellos fueron verdaderos profetas de los sucesos que al fin y al cabo se produjeron, el partido Nacional adoptó una política errática de fragmentación interna primero, de apoyo crítico al gobierno y después de franca oposición por la mayoría, en tanto la minoría apoyaba el golpe.

Wilson Ferreira Aldunate, el candidato más votado en la elección de 1971 y que no pudo alcanzar la presidencia, cargó todas las culpas sobre Bordaberry, a su soledad, sus rencores, su mediocridad, su anticomunismo y “en fin un individuo que no representaba a nadie ni a nada, ni siquiera la propia civilidad”. Bordaberry en tales circunstancias se apoyó en Gregorio Alvarez y en Esteban Cristi.

Carlos Julio Pereira, su compañero de fórmula y líder del Movimiento Nacional de Rocha, señalaba que el golpe solo pudo producir estupor en toda la población y que fue precedido por una campaña terrorista que encontró a los partidos desarmados, política, material y moralmente. En una palabra reconoce, la total ausencia de fuerzas democráticas como para frenar el asalto contra las instituciones, especialmente el fraccionamiento que vivían todos los partidos y el estado de inseguridad que vivía el país. La crisis es mucho más grave que las culpas personales de Bordaberry, quien al fin y al cabo fue abandonado a su suerte.

Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados, por el partido Nacional, exiliado en Buenos Aires, donde fue asesinado en 1976; señala en una actitud más global, tres causas esenciales en los sucesos: las circunstancias exteriores, especialmente la influencia del Brasil; las acciones denigrantes de los tupamaros, ejemplo de la falta de fe en la soberanía del pueblo y ejemplo de su despolitización y las decisiones radicales de Bordaberry, especialmente obstinado en su anticomunismo.

El partido Nacional fragmentado entre los que respondían al general Mario Aguerrondo y que realizaron una profesión de fe nacionalista, liberal y anticomunista, se inclinaron hacia el lado del gobierno; los sectores que respondían a Wilson Ferreira Aldunate se alejaron cada vez más.

La escalada dirigida por la mayoría del partido Nacional contra el gobierno había empezado en febrero, exceptuando breves períodos de acuerdo para leyes puntuales. Wilson había denunciado al gobierno como resultado del fraude electoral y de la influencia directriz de Pacheco Areco, agregando su política para constitucional apartada de las normas, así como su política económica de mala administración.

Desde noviembre de 1972, el Directorio del Partido había sido convocado en “estado de asamblea y de alerta”. Habiendo votado la ley de seguridad, la denunciaba como atentado a la constitución y a la justicia, acusando al presidente que solo servia a los intereses creados en su entorno. El rechazo de las exigencias nacionalistas para el acuerdo con el gobierno, distanció más a ambas partes. El Directorio reclamó la renuncia de Bordaberry a la vez que era consciente de la avasallante influencia de los militares.

“En el panorama político del país ha aparecido una fuerza que apartándose de sus funciones específicas ha contribuido a alterar el orden constitucional... para ello han tenido un aliado poderoso en el presidente de la República... al partido Nacional no lo intimidan la exhibición de fuerzas, ni las amenazas de los que pretenden constituirse en factor político arrasando con la decisión popular”.

En mayo de 1973, se denunciaba la actitud de los sectores del nacionalismo que apoyaron al gobierno, al tiempo que se destacaba la gravedad de la crisis manifiesta en la inflación, la carestía y la desocupación.

Las propias fuentes nacionalistas comprueban que nadie podía ignorar lo que estaba por ocurrir, y no explican porque nadie quiso ó pudo hacer algo para impedirlo. Existen dudas acerca de las conversaciones sostenidas entre Wilson y los militares para producir un vuelco dramático en la situación del país, ó de los contactos con el MLN, la CNT y el Frente Amplio.





LA VERSIÓN DEL FRENTE AMPLIO


Líber Seregni, recordaba al periodista Omar Prego, para su suplemento “Reportaje a un Golpe de Estado”, que el gobierno elegido en 1971 solo representaba los intereses de una clase privilegiada y solo actuó en beneficio de esos intereses, con rumbo opuesto a los intereses nacionales y populares. El menoscabo a la soberanía nacional no podía ser más claro, cuando se seguían las políticas recomendadas por el Fondo Monetario y la Casa Blanca, siguiendo un modelo imperialista perimido en América Latina.

El Frente, que el 9 de febrero realizaba un acto en pleno corazón de la Unión, en Montevideo, insistió en la renuncia de Bordaberry para facilitar un entendimiento. En todo caso tenían bien en claro que el golpe podría producirse de un momento a otro y que serían sin lugar a dudas las FFAA, las que permitirían o no su ejecución.

Enrique Erro, un protagonista fundamental de los hechos, su desafuero provocó el colapso de las instituciones, señalaba que solo el Frente Amplio se opuso tenazmente al avance autoritario durante 1972 y 1973 y él personalmente realizó las denuncias más agresivas contra todo tipo de violaciones de derechos de los detenidos.

A la hora de señalar las causas del deterioro nacional que llevaron a la crisis, consideró al igual que otros, que es el resultado de un largo proceso iniciado en 1955, con el colapso económico y la acentuación de los intereses internacionales sobre el Uruguay. La crisis se profundizó con los gobiernos blancos que fracasaron en sus propuestas de cambio, abriendo la opción al partido Colorado y a la represión que llegó con Pacheco Areco. En cuanto al gobierno nacido en 1971, solo representaba al latifundio por un lado y a la oligarquía por otra, y no tenía más proyecto que los programas del Fondo Monetario. Acentuó la desocupación y la dependencia y solo le quedó imponerse por la violencia.

Para el líder democristiano, Juan Pablo Terra, la principal culpa le cabe a Bordaberry, en cuanto a su extremismo, su obsesión por la represión, el encono contra lo popular, la solidaridad con sus propios intereses de clase y la falta de proyectos morales, ya que admitió la tortura y de proyectos sociales, ya que se declaró dictador. Destaca así mismo que solo el Frente Amplio y la CNT estuvieron a la altura de las circunstancias de resistir, con eventuales promesas de apoyo del partido Nacional.








“El año y medio previo al golpe de Estado mostró el recrudecimiento de la problemática anterior, reaparecieron los mismos desequilibrios con mayor intensidad, en medio de tensiones sociales, de una escalada de violencia y de una creciente participación militar. En junio de 1973, se produjo la quiebra institucional que iniciaba un período de casi 12 años de dictadura cívico militar”, en tales términos sintetizó el proceso, que acababa con la democracia uruguaya.

Zelmar Michelini, en reportaje concedido en 1973, antes de exiliarse en Buenos Aires, donde fue asesinado en 1976, sintetizaba el problema político en el autoritarismo que desde el 14 de abril quería llevar adelante una represión general sin atenerse a las normas constitucionales. A partir de abril de 1972, se multiplicaron las denuncias y las interpelaciones contra los ministerios de Defensa e Interior, que estaban al tanto de los procedimientos operativos.

Las denuncias siguieron ante la OEA, la Cruz Roja y otros organismos internacionales. La ley de seguridad ponía a la justicia al servicio de la represión y la solicitud del desafuero de Erro eran dos intentos clarísimos contra los Poderes Judicial y Legislativo.

La dependencia económica y las influencias de EEUU y del Brasil, completaban un cuadro geopolítico para aislar, a la Argentina y que hacía prever la caída a corto plazo de Chile.

A la hora, de destacar responsabilidades, no dudó en afectar a las FFAA, en cuanto a que Bordaberry, solo fue un instrumento. La Junta de Comandantes en Jefe y el decreto de 1971, de la presidencia de Pacheco Areco, fueron los primeros avances. E golpe no se produjo dado el apoyo popular que éste se había ganado, especialmente en el interior y en los sectores conservadores del partido Colorado. Pacheco, no habría permitido ninguna pulseada entre los militares y los civiles. En 1972, Bordaberry, solo fue una víctima.

Fernández Huidobro, líder histórico el MLN, recuerda, que la crisis y la represión se ahondaron juntas y que el impacto de la revolución cubana fue muy fuerte, a la hora de proponerse un cambio y los métodos para lograrlo. La misma represión hizo crecer a la izquierda y al MLN, en dos alternativas paralelas, que se enfrentaron a su vez a un marcado fascismo, que tenía sus perfiles muy bien definidos en cuanto a su agresividad y discurso. En definitiva reconoce que el proceso represivo no se detendría aunque la subversión fuera vencida por las armas.

A la hora de la resistencia, solo la CNT, se encontraba en capacidad de movilizarse y en alerta, iniciando una huelga general, con ocupación de 500 locales, sin que los parlamentarios se decidieran a formar bajo protección obrera un “gobierno de circunstancias”, lo que de haberse realizado podría haber tenido consecuencias imprevisibles dado el encono del momento.

El repudio al golpe, más declarativo que real, partió como no podía ser de otra forma de la CNT, del Frente Amplio y de los Estudiantes. Con una adhesión formal del partido Nacional.

Para entonces ya nada era posible hacer, sino resistir en la clandestinidad, hasta que el proceso se completara con toda su secuela de fracasos sociales, institucionales y legales, y que permitiera llegado el momento el reencauce de la soberanía nacional a través de la restauración del orden constitucional.


LA VERSIÓN DE LOS HISTORIADORES


Para Horacio Martorelli, la dictadura fue el resultado de una “revolución desde arriba”, muy propia de la época de los 70. Esta revolución pretendía también su parte de transformaciones, las que no podría realizar con opositores, los que debían ser eliminados.

Todas las instituciones creadas tuvieron por fin crear un orden jurídico propio: el COSENA, la Junta de Oficiales, el Consejo de Estado, el Consejo de la Nación, el Consejo Económico y Social, la DINARP, el ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el ESMACO, la Junta de Comandantes en Jefe, los cónclaves para programar el desarrollo nacional. Las FFAA consideraron de uso estratégico a UTE, TAMU, ILPE, ANTEL, ANCAP y AFE, empresas a las que se les asignaron inmensos recursos para impulsar desde un nuevo estatismo los planes de desarrollo.

La sociedad fue redisciplinada, mediante la intervención directa en la educación pública, la proscripción de instituciones sospechosas de desnacionalización y la destitución de maestros y profesores de notoria actuación política, gremial e intelectual, consideradas antinacionales por la autoridad. La policía procedió de oficio en cuanto a la información disponible sobre los vecindarios y en cuanto a las “razzia”s de ser oportunas.

Las proscripciones de partidos y personas, las prohibiciones de reuniones, las censuras, las clasificaciones de los ciudadanos en A-B-C, las movilizaciones “patrióticas”, las clausuras, estuvieron a la orden del día para crear una despolitización, del sistema y para consolidar la politización nacional. En ningún momento se logró producir una ideología concreta para encauzar eventuales adherentes en un proyecto de largo plazo.

Como explicaciones del proceso, se esgrimen algunas hipótesis, que contienen trazos de veracidad y una explicación monocausal, entre estas figuran: “que la dictadura ha sido el brazo autoritario ejecutor de los designios de la clase dominante”; “que el autoritarismo fue inducido y mantenido para mantener el capitalismo vernáculo”; “que la dictadura fue producto de la autonomía de las FFAA”; “que la dictadura fue una exigencia del desarrollo del capitalismo mundial”; “que la dictadura fue un subproducto de la estrategia de los EEUU”; “que fue el impacto de la violencia de la sedición”.

Cualquiera de las hipótesis contiene una proporción de verdad y de mito.

Es cierto que se aplicaron sistemas de liberalización del mercado y unamarcada represión sindical, caída de salarios y cumplimiento las directivas del FMI, que funcionaron sin éxito, sino en específicas coyunturas. El gobierno no avanzó en reformas profundas de las estructuras ni siquiera del propio Estado. El economicismo puede ser un comodín para explicar cualquier cosa, basta considerar la penosa trayectoria de la economía uruguaya con posterioridad a la Segunda Guerra y la naturaleza dependiente y endeble de toda la industria nacional.

El golpe se enmarca teóricamente en las doctrinas de la seguridad nacional, que no hacían más que actualizar a las condiciones mundiales de “guerra fría”, los conceptos descartados de una guerra convencional. Aún considerando el “maquiavelismo” de las FFAA, el golpe se demoró hasta 1973 y el presidente no renunció hasta 1976 y ocurrió en circunstancias muy especiales de carencias de acuerdos bipartidarios y de fuerzas para consolidarse.

La influencia de los EEUU es otra cómoda explicación de cuanta malevolencia se realiza en el mundo. Para el capitalismo norteamericano, el Uruguay no le presenta ningún interés rentable, mientras que a su estrategia continental, no tiene sentido el hecho que el golpe se produjo en 1973, cuando Brasil y Argentina ya tenían casi una década de militarismo. Y, en este caso, queda claro que nuestro militarismo tuvo un origen más vernáculo que foráneo.

Es cierto que el violentismo práctico y teórico estuvo disponible en todas las aulas, calles, gremios, partidos y células guerrilleras, por lo que era inminente una reacción, en estos casos, los conflictos siempre terminan con la derrota de una de las partes. Sin embargo, nadie puede suponer que la guerrilla en nuestro país, pudo poner en riesgo la seguridad nacional, lo que si puso en riesgo la coherencia social, fue la crisis social y económica.

En el proceso cívico militar, el gobierno apenas pudo reclutar el personal técnico necesario para las funciones básicas, quedando abierto a la adhesión oportunista de quienes no dudaron en aprovechar la situación para una rápida carrera. El gobierno, en 1973, no fue militarista, ni belicista y careció de un liderazgo significativo

Por su parte Silvia Dutrenit, señala que los partidos perdieron todo a partir del nueve de febrero y el 27 de junio, solo se concretó su desmantelamiento. El proceso se justifico “desde febrero de 1973, cuando el pretexto de la lucha antisubversiva para la participación militar en las actividades de seguridad interna ya había desaparecido, las FFAA insisten en su papel rector destinado a preservar los mejores valores democráticos y en su condición de institución de terminar con los males impuestos por los políticos... el Uruguay vivía entonces un proceso de deterioro de las instituciones y de erosión de la confianza históricamente mantenida en los partidos como mediadores idóneos de la sociedad civil”.





Para Caetano y Rilla, los sucesos de 1973, solo son la culminación de un proceso de crisis del “Uruguay clásico” que puso en jaque las bases mismas de la más íntima seguridad de la sociedad uruguaya, tanto en la economía, en la política y en los medios. Fue una profunda crisis de confianza y de angustia social, de falta de creatividad, de colapso de la prosperidad, de radicalizaciones y de violencia sin precedentes.


CONCLUSIONES

- La crisis de las instituciones que se produjo en 1973 es el resultado de un proceso general de deterioro económico, social y político, en el marco de la polarización local y global impuesta por la Guerra Fría. El hecho ocasional, plantea las responsabilidades individuales y partidarias.
– El proceso se había iniciado hacia la década del 50, cuandolos cambios mundiales requeridos por el nuevo orden económico dieron por terminados los experimentos de desarrollo nacional fundados en precios beneficiosos para el comercio exportador, el proteccionismo, la intervención del estado y su función distributiva y asistencial. La recuperación e integración del bloque europeo y el proteccionismo de los EEUU, produjeron otra distorsión de los mercados internacionales.
- El Uruguay debió replantearse con un elevado costo social su modelo económico, las exportaciones perdieron mercados, volúmenes y precios; la industria nacional entró en un proceso lento de liquidación y fueron desregulados el comercio internacional, los precios y los salarios. La inflación apareció como un problema permanente, igual que el endeudamiento mientras falta de planes a largo plazo,golpeaba con más fuerza que la crisis.
– La crisis afectó el empleo, los salarios, el nivel de vida, las opciones de futuro y sobre todo la confianza en el modelo solidario, en la percepción de algunos la panacea de la evolución de cualquier sociedad que ha alcanzado el total grado de satisfacción, se inicia así un proceso contestatario y de duelo por “el país de las vacas gordas”. El cuestionamiento del modelo, puso en acción una masiva agitación sindical que había pasado en forma anodina y heterogénea y que no estaba organizada sistemáticamente, unificada y menos centralizada. A partir de 1964, la CNT fue la versión urbana, de un cuestionamiento económico que la Liga Federal de Acción Ruralista había personificado en Nardone, llevando a la ciudad el resentimiento del campo. Existe una hiperpolitización, a la vez que se manifiesta la despartidización. Al movimiento popular se agregó una fuerza informe, indisciplinada y muy volátil, de los estudiantes, con una larga tradición en el nivel universitario y una fuerte motivación primitiva en el nivel secundario.
– El cuestionamiento estaba ganando a las familias, en su mismo interior, con un doble papel, de sindicalización por una parte, de rebelión juvenil por otra, de aferramiento a los valores tradicionales en otro y de lealtad a los partidos tradicionales, devolviéndole al partido Ccolorado y a su sector más férreo, el poder político en 1966, poco antes de llevar a los puntos más críticos entre 1968 y 1970.



_ Los partidos políticos habían aparecido como autoregulando por sus alianzas los cambios necesarios. La crisis los sorprendió entre fragmentaciones internas que los debilitaban cada vez más, impidiéndoles a cualquiera de ellos presentarse como una fuerza de ajuste. La dirigencia, que conservaba el modelo del liderazgo tradicional, carecía de métodos de decisión, para integrar programas y equipos técnicos. La indecisión estaba en la oportuna conservación del electorado, mediante una acción de gestión, fundada en la estatización, sin resolver los problemas de fondo y aplicando a falta de otra cosa, las recomendaciones del Fondo Monetario. El cuestionamiento, frente a la falta de decisiones y a la percepción del deterioro y de la dependencia, llevó a tomar ejemplo de la revolución cubana y a ensayar una posible revolución.
– El movimiento revolucionario enmarcado en un momento de alta sensibilidad, ganó la calle, sin efectos numéricos en el reclutamiento de miembros. Las acciones fueron provocando, con todo el resto del desorden nacional, una necesidad de orden al precio que fuera y en este aspecto el mundo ofrecía una amplia gama de dictadores y revolucionarios.
- El otro elemento fundamental, que se produce hacia 1971, es el fin del bipartidismo con la irrupción de una nueva fuerza electoral que marcó sus distancias respecto del discurso y los métodos tradicionales, que Seregni, resumió de discusión, negociación y movilización. La opción no tuvo los resultados esperados de vuelco de la situación, dio fin al bipartidismo y complicó las negociaciones a la vez que enconó más los ánimos.
– Las elecciones de 1971, plantearon un punto crítico, en las ofertas electorales de los partidos y de los hombres que debían llevarlas adelante, el cuestionamiento de su pureza, enrareció el ambiente y lo radicalizó. Partidos fragmentados, agrupados en alianzas inestables, problemas agudizados y sin resolver, posiciones encontradas, líderes advenedizos como Bordaberry enfrentados a líderes oportunistas como Ferreira y nuevos como Seregni.
– La irrupción de las FFAA, se debe entender en un contexto latinoamericano, que tanto EEUU como Brasil, estimularon y múltiples crisis pretendidamente se salvaban con la intervención militar, un claro índice de politización despartidizada. La falta de acuerdo y unidad de los partidos para actuar, en medio de una sociedad que quería recuperar su seguridad, hizo de los grupúsculos subversivos la piedra clave para el enfrentamiento y el colapso definitivo. En febrero de 1973, no había fuerza capaz de oponerse a los militares.
– El parlamento nacional cayó en 1973, en medio de su propio desprestigio y del de toda la dirigencia partidista.
– El proceso tiene indudables responsabilidades institucionales y personales, muy propias de un país en el que los sectores dirigentes están fuertemente personalizados, asociados y emparentados. Gremios, FFAA, Poder Ejecutivo, MLN, directorios partidarios, sindicatos, Parlamento, son igualmente responsables de no haber utilizado mecanismos constitucionales para satisfacer al menos políticamente las necesidades de la población.
– El contexto latinoamericano, convulsionado desde por lo menos dos décadas, en el marco de problemas propios y de estrategias globales. De principio y de necesidad, la democracia uruguaya, rechazó el comunismo y cualquier proyecto de reformismo, apostando todo a una alineación económica con los EEUU. El Occidente, el capitalismo, el neoliberalismo, la democracia, la soberanía nacionaly el liderazgo de los EEUU, el anticomunismo y el anticastrismo, la desconfianza hacia los políticos y hacia la Universidad, entran en un solo paquete informe dentro de la percepción tradicional.
– Los partidos de izquierda que hicieron del socialismo una panacea y de Cuba y la URSS un paraíso; fueron al fin y al cabo, peones en un ajedrez de poderes y en definitiva su propio origen intelectual, urbano y la carencia de líderes populares de peso, que debieron reclutarse entre los que abandonaron los lemas tradicionales, los había alejado del pensamiento y sentir del país. Entre las opciones ofrecidas, la ley seguridad y la represión fueron vistas como un mal necesario, y la participación de las FFAA, fue vista como una posibilidad admisible de lograr un desarrollo nacional, fundándolo en el orden y la firmeza.
– El esfuerzo de los militares, marca un modelo en América Latina, no en sus métodos, sino que nunca definió un programa y no omitió los partidos tradicionales, preocupándose por reclutar personal civil, a fin de mantener las formas que al fin y al cabo permitieron una reinstitucionalización menos traumática que otras. No hubo genocidios vergonzosos, aunque tenemos la obvia cuota de desaparecidos y de violaciones a los Derechos Humanos, no hubo liderazgos como los de Somoza, Stroeesner o Pinochet; del mismo modo que las FFAA, carecían de un discurso para justificar su irrupción ya que no tenían tradición “motinera” como las FFAA, argentinas, lo más aproximado era un “latorrismo actualizado”.
– El proceso de deterioro de nuestras instituciones y el Proceso Cívico Militar fueron nuestra versión local de la Guerra Fría.

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